Ha sido uno de los principales problemas a los que los agentes de seguridad han tenido que enfrentarse en este arranque de 2024. Decenas de jóvenes, organizados a través de las redes sociales, se reúnen por las calles para realizar carreras ilegales. Algunos de estos eventos se han saldado con daños en vehículos y, lo que es peor, heridos, como el de un menor de 13 años en el Polígono Guadalhorce. Sin embargo, la Policía Local de Málaga ha dado un nuevo paso para acabar con esta situación. 

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP) han logrado identificar a uno de los principales responsables de convocatorias ilegales de vehículos en la provincia de Málaga, tratándose de un joven de 19 años de edad que ha sido denunciado en acta por infracción muy grave a la ley de seguridad ciudadana

Policías locales expertos en ciberpatrullas, tanto del GIP como del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local de Málaga, llevan años recopilando vídeos subidos a redes sociales, cuyo visionado y estudio ha dado lugar a investigaciones a raíz de las cuales se han instruido diligencias por la comisión de delitos contra la seguridad vial que han motivado condenas firmes en muchos de los casos.

Igualmente, numerosos conductores han sido denunciados por cometer infracciones administrativas relacionadas con conducciones temerarias, entablar competición de vehículos, circular con escape libre y otras.

Gracias a dicha labor, agentes del GIP han logrado identificar plenamente al gestor de un grupo de una conocida aplicación de mensajería con casi mil integrantes a través de la cual organizaba de manera explícita las quedadas ilegales de vehículos.

El modus operandi consistía en indicar las ubicaciones en el grupo instantes antes, intentando eludir en todo momento la acción policial con el cambio de ubicaciones en el caso de que se personasen los agentes. Además, el individuo realizaba encuestas a los miembros del grupo para la localización y elección de ubicaciones, siendo el único administrador y llegando a bloquear en algunos casos los comentarios de otros integrantes.

La investigación ha dejado patente que dichas quedadas no solo se realizaban en diferentes puntos del municipio de Málaga, sino también en otras localidades de la provincia como Alhaurín de la Torre, Cártama o Benalmádena.

Por todo lo descrito, los policías locales han considerado que este individuo estaría convocando reuniones de cientos de personas sin autorización en la vía pública, infringiendo la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que en su artículo 35.1 recoge como infracción muy grave: 

“Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas. En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o promotores.”

En este caso, las situaciones de riesgo provocadas por las carreras ilegales y conducciones temerarias entre vehículos han dado lugar no solo a la comisión de delitos contra la seguridad vial, sino también a accidentes graves, todo ello agravado por el peligro acarreado al público que, de forma voluntaria, se congrega alrededor de estas concentraciones de vehículos convocadas sin ningún tipo de autorización ni vallas de protección u otros elementos de seguridad.

Por todo ello, los policías locales han localizado y citado al responsable, levantando acta de denuncia por los hechos relatados, la cual ha sido remitida para su tramitación a la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

La multa

Hacer constar que, en el caso de que el procedimiento sancionador siga su curso, las infracciones muy graves a la citada Ley se sancionan con multa de 30.001 a 600.000 euros, comprendiendo el grado mínimo la multa de 30.001 a 220.000 euros; el grado medio, de 220.001 a 410.000 euros, y el grado máximo, de 410.001 a 600.000 euros. La reincidencia, además, podría motivar la comisión de un delito de desobediencia a la autoridad.