Imagen de un embarcadero en el embalse de La Viñuela.

Imagen de un embarcadero en el embalse de La Viñuela.

Málaga

La Junta de Andalucía mantiene viva la construcción de una desaladora privada en la Axarquía

Abre a información pública los dos proyectos privados que siguen en el proceso: Acciona y Magtel. Ha sido descartado el presentado por Trops, Grupo Cobra y la UMA.

29 noviembre, 2023 05:00

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Aunque todos los ojos parecen puestos en el compromiso asumido por el Gobierno central y la Junta de Andalucía para allanar el camino a la construcción de una desaladora pública en la comarca de la Axarquía, capaz de paliar parte del enorme déficit de agua que tiene la zona oriental de la provincia, la alternativa de que sea una empresa privada la que vaya adelante con la construcción de una planta de este tipo sigue sobre la mesa.

Al menos en lo que al procedimiento administrativo se trata. Lejos de enterrar esta opción, que ha llegado a concitar el interés de tres grupos empresariales en los últimos meses, la Consejería de Agricultura sigue avanzando en este camino. Muestra de ello es que acaba de abrir a información pública las dos propuestas empresariales que siguen adelante en la tramitación, después de que una tercera haya sido descartada "por inadmisión".

Diseño de la planta desaladora de Acciona.

Diseño de la planta desaladora de Acciona.

Conforme a la publicación oficial recogida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este martes, los proyectos validados inicialmente y que se someten a consulta pública sobre los promovidos por Acciona Aguas y por la entidad Mediterráneo Desalación, S. L., vinculada a Magtel. De acuerdo con esta información, se queda en el camino la iniciativa planteada por la alianza de Trops, Grupo Cobra y la Universidad de Málaga.

Según los datos desvelados desde que a mediados de 2022 se puso en marcha la concurrencia competitiva para optar a la concesión de aguas desaladas, el proyecto de Acciona contempla la generación de un volumen máximo anual de 25 hectómetros cúbicos, que sería destinada a riego y abastecimiento. 

La planta se localizaría dentro del término municipal de Vélez-Málaga. En concreto, en unos terrenos situados en la margen izquierda del tramo final del río Vélez, al sur de la N-340 y junto a la avenida Gerald Brenan. 

De ese volumen de partida, dos tercios (17 Hm3) se destinarían para el riego y uno (8 Hm3) para el abastecimiento urbano. La inversión estimada es de 100 millones de euros. El plazo de ejecución se estima en unos dos años y medio. 

En el caso de la propuesta de Magtel, el volumen máximo anual crece hasta los 40 hectómetros cúbicos, de los que 10 serían para abastecimiento urbano y los otros 30 a regadío. El coste de la actuación alcanza también los 120 millones de euros de inversión.

Diseño de la desaladora de Magtel.

Diseño de la desaladora de Magtel.

De acuerdo con el proyecto, el volumen de agua reservado para el consumo doméstico sería transportado hasta un depósito de agua potable ya existente, en la ETAP del Trapiche, mientras que el riego iría tendría salida de depósito de la EDAR Vélez-Málaga. La planta iría junto a la depuradora de Vélez, al sur de la autovía y al oeste del centro comercial El Ingenio.

El delegado de Agricultura en la provincia, Fernando Fernández, admite que con este paso se sigue avanzando en la tramitación de una concesión de agua de 25 hectómetros cúbicos de desalada. No obstante, cabe la posibilidad a que esta cifra sea superior, siempre y cuando las empresas justifiquen adecuadamente la viabilidad de la operación y la existencia de demanda real.

Preguntado por la posibilidad de que convivan una desaladora pública y otra privada, Fernández confirma esta opción. Sea como fuere, todo hace indicar que ninguna de las dos infraestructuras, tanto tiempo reclamadas, será una realidad antes de cuatro años. Y ello en buena medida porque al margen de la tramitación propia de estos expedientes, hay que sumar unas obras y un periodo de pruebas de no menos de dos años.

En el caso del expediente de desaladora privada, una vez activado el periodo de consulta pública (por un mes), en el que se pueden presentar alegaciones, se pone en marcha también la petición de los informes sectoriales necesarios.