La Fiscalía de Málaga ha acusado a un guardia civil por supuestamente ocultar documentación relacionada con un expediente urbanístico y no tramitarlo judicialmente ante los indicios de que podría ser delito contra la ordenación del territorio.

Así, se le acusa de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos en concurso con el de encubrimiento y con otro de omisión del deber de perseguir delitos, solicitando que se le imponga una pena de dos años y nueve meses de cárcel y la inhabilitación como guardia civil o agente durante siete años.

Según las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, supuestamente el procesado, por motivos que se desconocen, ordenó a otro agente en julio de 2014 inspeccionar una finca en Coín (Málaga). Este pidió al Ayuntamiento que informase de la legalidad de las construcciones existentes, confirmando que tres de las viviendas carecían de licencia, estando dos finalizadas.

El agente entregó esos documentos al procesado, señala la acusación pública, el cual le ordenó que "cesara en sus actuaciones", bajo la mendaz alegación de continuar él las pesquisas". Por esta orden no llegó a confeccionarse atestado ni informe alguno e, igualmente, quedó "paralizada" la investigación "al no darle el acusado impulso y ello a sabiendas de la ilegalidad de su conducta".

Una año después, cuando se le advirtió de la paralización del expediente, lo solicitó pero, "ya en su poder la documentación, sustrajo de nuevo la tramitación del expediente a su cauce legal al no darle el curso oportuno, ocultándolo en su despacho", además de que no lo remitió al juzgado ni a la Fiscalía "pese a los indicios de la comisión de un delito contra la ordenación del territorio", señala el ministerio público.

De esta forma, incide el fiscal en su escrito de calificación provisional, supuestamente impidió "cualquier posibilidad de investigación de los hechos, favoreciendo" al titular de dicha finca, que no consta que tuviera conocimiento de lo ocurrido.

Para el fiscal, estos hechos suponen los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, todos en concurso. Además, pide el sobreseimiento de la causa para otros acusados.

La acusación pública solicita que se le imponga al agente, además de la pena de prisión y de inhabilitación, el pago de una multa de 9.300 euros. La Sección Tercera de la Audiencia malagueña tiene previsto juzgarlo este miércoles y jueves.