El alcalde de Algete, Fernando Romo.

El alcalde de Algete, Fernando Romo. Ayuntamiento de Algete

Sociedad

Investigan a Fernando Romo, alcalde de Algete, por contratar "irregularmente" a un ingeniero industrial en el Ayuntamiento

La juez instructora de Torrejón de Ardoz investiga también a la concejala de RRHH y la técnica de RRHH al "detectar irregularidades en la contratación".

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Las claves

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El alcalde de Algete, Fernando Romo (PP), está siendo investigado por presunta prevaricación administrativa al contratar de forma irregular a un ingeniero industrial.

También están siendo investigadas una técnica y la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento por iniciar el proceso al margen de las bases generales.

El proceso de contratación se realizó a través del SEPE, sin convocatoria pública ni tribunal, pese a la advertencia de nulidad por parte del interventor municipal.

El exalcalde de Algete, Juan Jesús Valle (PSOE), fue investigado por hechos similares, pero su causa fue archivada por el juez.

La Plaza nº2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz investiga al alcalde de Algete, Fernando Romo (PP), por un presunto delito de prevaricación administrativa al colocar a un ingeniero en el Ayuntamiento.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL en exclusiva, el juzgado madrileño también investiga a una técnica de Recursos Humanos (RRHH) del Ayuntamiento, Carolina Sofía B. M., y a la concejala de RRHH, Cristina E. D. F.

A tenor de la documentación del caso, se presentó una denuncia en la Fiscalía de Área de Alcalá de Henares por el mencionado hecho, que tuvo lugar en octubre de 2024.

Ingeniero colocado

En el escrito fiscal se recogen "irregularidades en la contratación por parte del Consistorio en el año 2024 de un funcionario interno como ingeniero industrial".

A principios del citado mes, "amparándose en una necesidad de servicio que no se ha justificado", la cartera de RRHH del Ayuntamiento de Algete propuso el nombramiento de un funcionario "iniciándose el proceso de selección al margen del proceso establecido en las bases generales".

Siguiendo en esta línea, la técnica de RRHH y la concejala de RRHH decidieron iniciar el proceso de contratación a través del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), que no garantiza convocatoria pública, publicación de bases de contratación, pago de tasas ni nombramiento de tribunal.

El interventor del Ayuntamiento propuso la nulidad del proceso selectivo por no ajustarse a la legalidad aplicable y, sin embargo, a sabiendas de ello, "el alcalde decidió continuar con el expediente y proceder al nombramiento del funcionario".

EL ESPAÑOL ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Algete para conocer su versión de los hechos, pero no ha sido posible.

El delito de prevaricación administrativa se recoge en el artículo 404 del Código Penal.

Atendiendo a lo dispuesto en dicho precepto, la pena de inhabilitación especial para el empleo se castiga con penas de entre nueve y quince años.

Romo, del Partido Popular, gobierna el municipio madrileño desde que venció en las pasadas elecciones municipales de 2023 al conseguir el 44% de los votos y siete concejales en su corporación.

Por su parte, el PSOE obtuvo seis ediles; Vox, tres; Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), dos; (Unión Santo Domingo) USD, dos; Vecinos por Algete (VxA), uno, y Podemos y Ciudadanos, ninguno.

Anterior alcalde

La sombra de la prevaricación administrativa ya se cernió sobre el municipio madrileño.

El exalcalde de Algete Juan Jesús Valle (PSOE) fue investigado por, de nuevo, un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación.

Sin embargo, la causa fue archivada.

El Juzgado de Instrucción nº3 de Torrejón de Ardoz acordó el sobreseimiento libre y el archivo del caso.

Se acusaba al exregidor del incumplimiento de la obligación de restablecer a un administrativo en su puesto de trabajo, según recoge Crónica Norte.

Asimismo, de la regularización de la situación de otro trabajador y de la prórroga del servicio de ambulancia pese a supuestos informes desfavorables del interventor del Ayuntamiento.

El juez instructor determinó que "ninguno de los investigados" actuó "en contra del ordenamiento jurídico".

Ahora, de nuevo, otro juzgado deberá determinar el futuro del dueño del bastón de mando de Algete.