El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Ya ha entrado en vigor: el Gobierno obliga a los bancos a no expedir tarjetas de crédito y ampliar sin límite sin petición
El Gobierno fortalece la norma del crédito al consumo, fijando topes en las tarjetas de crédito a partir de peticiones que no se hayan solicitado.
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El Gobierno ha aprobado una regulación que afectará a los bancos. A partir de ahora se les prohibirá expedir tarjetas de crédito no solicitadas. Tampoco podrán ampliar las líneas de financiación de sus clientes sin que lo pidan previamente.
Esta normativa queda autorizada gracias a la publicación del anteproyecto de Ley sobre Crédito al Consumo. Este permiso pretende atajar con esta problemática y, además, evitar el sobreendeudamiento.
No obstante, la normativa es muy clara con respecto a esta situación, incluyendo en el texto que se prohibirá toda concesión de crédito a los consumidores que no lo hayan solicitado previamente ni sin su consentimiento.
Esta regulación nace ante la necesidad de una mayor protección a los clientes. Anteriormente, los bancos podían ampliar los límites de las tarjetas de crédito y activar nuevas líneas sin la autorización del cliente, ofreciendo, en dichos casos, nuevas tarjetas a modo de contraprestaciones por la contratación de paquetes promorcionales o comerciales.
A raíz de esta situación, se publicó la Ley de Servicios de Pagos que obligaba a las entidades a abstenerse de enviar instrumentos de pago no solicitados. Dada esta premisa, el Gobierno quiso dar un paso más, buscando impedir la aplicación unilateral del crédito disponible.
Pese a ello, en esta prohibición no se incluirán las ofertas comerciales como, por ejemplo, los préstamos preautorizados. De hecho, el Ministerio de Economía ha alegado que la prohibición de conceder créditos que no se hayan solicitado no debe impedir los anuncios de prestamistas hacia los consumidores.
Esta situación, por tanto, ha generado que las entidades puedan ofrecer financiación. La prohibición llega cuando se busca activar esta claúsula sin que el cliente de su propia autorización.
Además, la publicación de este anteproyecto esta en la línea de dos regulaciones europeas, pretendiendo regular distintas financiaciones al consumo como préstamos personales, pagos fraccionados, microcréditos y distantas variantes.
Por otra parte, se pretenderá fijar los límites al coste del dinero para frenar la usura. Este punto esta referido en su totalidad hacia las tarjetas revolving, uno de los productos más caros del mercado. Estas tarjetas permiten aplazar pagos mediante cuotas mensuales fijas o porcentajes que generan interes elevados que se suman al capital.
Otra de las regulaciones del anteproyecto se refiere a la publicación de topes al coste de descubierto. Esta es la comisión que cobran los bancos cuando la cuenta corriente queda a cero. Por tanto, se buscará dar una mayor seguridad a los consumidores.
Sin embargo, además de estos topes, se publicarán también nuevas obligaciones de transpariencia y la supervisión del Banco de España para todas las empresas que concedan créditos al consumo, incluídas las plataformas digitales.