Fachada del Consistorio de Pinto.
El alcalde de Pinto ordena el cierre del centro de menas que abrió el Gobierno de Sánchez sin avisar: "No cumple la ley"
El Ayuntamiento, gobernado por el PP, asegura que la vivienda donde se instaló el recurso no contaba con las autorizaciones exigidas.
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La tensión entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid por la acogida de menores migrantes suma un nuevo episodio en Pinto.
El Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha ordenado la suspensión inmediata de la actividad de un centro de menores extranjeros no acompañados instalado en una vivienda particular del municipio al considerar que no cumple con la normativa municipal.
Según ha avanzado ABC, el consistorio tuvo conocimiento de la apertura del recurso a través de los vecinos y que la instalación se realizó "sin previo aviso" por parte del Ejecutivo central.
El centro, gestionado por una entidad privada y financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, comenzó a funcionar el pasado mes de marzo en un inmueble de uso residencial unifamiliar.
El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, ha defendido que la decisión no responde a "una cuestión de racismo o de menos", sino a la obligación de "cumplir la legislación vigente". Según el regidor, el Ayuntamiento requirió a la entidad responsable la documentación necesaria para comprobar que la actividad se ajustaba a la normativa municipal.
Tras analizar la documentación aportada, el Consistorio concluyó que el centro no contaba con las autorizaciones exigidas para desarrollar este tipo de actividad en el inmueble. Por ello, ha desestimado las pretensiones de la entidad y ha decretado la paralización inmediata del funcionamiento del recurso.
Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Pinto, la vivienda donde se ubica el centro tiene como uso principal el residencial unifamiliar, aunque permite determinados usos compatibles, como pequeñas residencias con un máximo de diez habitaciones. También contempla la posibilidad de centros de acogida o residenciales de atención social, pero siempre con una autorización expresa previa.
El Ayuntamiento sostiene que la documentación presentada no acreditaba el cumplimiento de estos requisitos, motivo por el que ha ordenado el cierre.
El caso se produce en plena disputa entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto y traslado de menores migrantes llegados a territorios como Canarias, Ceuta y Melilla.
![La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, María Mercedes Zarzalejo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11249763.jpg?p=w:320\/h:240&h=N8SNLN-E"])
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció recientemente su rechazo a asumir nuevos traslados bajo el sistema estatal al considerar que se han producido irregularidades en algunos expedientes.
Desde el Ejecutivo central, en cambio, defienden que el mecanismo de derivación cuenta con respaldo legal y que busca aliviar la presión de los territorios de llegada. El ministro Ángel Víctor Torres ha insistido en que las reubicaciones deben ejecutarse conforme a la normativa vigente.
El centro de Pinto se enmarca en esta vía estatal de acogida y no forma parte de la red autonómica madrileña, aunque el Ayuntamiento había expresado su malestar por no haber participado en la instalación del recurso ni en la valoración de sus posibles efectos sobre los servicios municipales.
