El Gobierno traslada la manifestación convocada por la agresión sexual en el centro de inmigrantes de Alcalá

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha ordenado el traslado de la concentración que estaba convocada este viernes 4 de julio a las 20.00 horas junto al Centro de Atención a Emergencias (CAED) de Alcalá de Henares.

La manifestación, comunicada por un particular, iba a celebrarse en la Plaza de José Cadalso, un espacio colindante con el recinto de acogida. Finalmente se desarrollará en la Plaza de la Paloma, tras una resolución que modifica la ubicación original por motivos de seguridad.

Fuentes de la Delegación explican que la decisión responde a los informes policiales que alertan del riesgo de “violencia” asociado a la convocatoria. En la resolución se alude específicamente a los altercados ocurridos el pasado miércoles durante una concentración no comunicada con el mismo objetivo, así como a la aparición de mensajes de odio difundidos por personas y colectivos que han anunciado su intención de acudir a la protesta. La modificación ya ha sido notificada al convocante.

Con este cambio, la Delegación no permite actos de protesta en el entorno inmediato del CAED, un centro ubicado en el antiguo cuartel de la Brigada Paracaidista Primo de Rivera y gestionado por el Ministerio de Migraciones.

La convocatoria de esta manifestación se produce apenas una semana después de la agresión sexual sufrida por una joven de 21 años en las inmediaciones del centro.

La Policía Nacional detuvo el pasado martes a un ciudadano de Malí como presunto autor de los hechos, que ocurrieron el 28 de junio en un camino próximo al recinto. Las cámaras de videovigilancia captaron el ataque y la huida del agresor, que fue identificado y detenido por delitos de agresión sexual y lesiones. El Juzgado del Juzgado de Instrucción nº 5 de Alcalá de Henares ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para él.

Este nuevo caso ha reactivado el debate político sobre el futuro del centro. La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha reiterado su exigencia de cierre y ha recordado que en el año y medio de funcionamiento se han producido reyertas, un motín, un fallecimiento y otros episodios violentos.

La regidora asegura además que no recibe información por parte del Gobierno central sobre la gestión del recinto, en el que, según datos del Ayuntamiento, residen actualmente unas 1.700 personas, muchas de ellas durmiendo en carpas por el sobrecupo.

Desde su apertura en noviembre de 2023, el CAED ha sido objeto de críticas tanto por parte del consistorio como de la Comunidad de Madrid.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, denunció en su momento la existencia de brotes de sarna, peleas dentro y fuera del centro y supuestos vínculos con agresiones a mujeres. Vox, por su parte, ha pedido medidas urgentes ante lo que califica de “creciente inseguridad provocada por la inmigración ilegal”.

Mientras tanto, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha acusado a la alcaldesa de difundir bulos y ha exigido su rectificación, en plena polémica por una supuesta filtración de un atestado policial que se investiga judicialmente.