Complejo Deportivo Espartales. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Los empresarios en el foco de la Policía por la Ciudad Deportiva: un contratista asiduo de Alcalá y dos 'socios' inmobiliarios
El complejo deportivo está en el centro de una investigación sobre presuntos delitos de malversación y prevaricación a través de contratos irregulares.
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Una denuncia de un concejal de Vox de Alcalá de Henares ha puesto a cinco empresas en el radar de la Policía Nacional. Los agentes han pedido todas las facturas, justificantes de pago y contratos de estas sociedades con la Ciudad Deportiva de Alcalá. La institución municipal está en el centro de un caso donde se investigan presuntos delitos de malversación y prevaricación por supuestas contrataciones irregulares durante la etapa en la que el socialista Javier Rodríguez Palacios gobernaba en la localidad.
La noticia saltó este lunes, cuando trascendió que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía había registrado la sede de la Ciudad Deportiva, que gestiona los espacios deportivos de El Val, El Juncal y los Espartales. Los funcionarios pidieron todo tipo de documentación sobre contratos menores y nombramientos hechos desde 2018.
El origen de las pesquisas está en una denuncia que hizo a título personal el actual presidente del Consejo de Administración de la Ciudad Deportiva y, a su vez, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Víctor Acosta. Tal y como explicó a este periódico, en verano se cercioró de que había desaparecido parte de una documentación "sensible" sobre la Ciudad Deportiva.
Los documentos se encontraban en una carpeta que contenían decretos firmados por el organismo sobre, por ejemplo, cuestiones de personal o compra de equipos.
Acosta denunció el asunto en la Policía, que comenzó a investigar los hechos el pasado diciembre. Todo ello con el respaldo del Juzgado de Instrucción Nº6 de Alcalá, que abrió diligencias por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre la información solicitada están las facturas, los justificantes de pago y los contratos firmados con las cinco empresas.
Los contratos de Martín Riva
Tres de las cinco firmas están controladas por el empresario Javier Martín Riva Copado. En este caso, lo que se intenta aclarar es un contrato de suministro deportivo para ampliar la zona fitness de Espartales. Las tres sociedades son Instalaciones y Mantenimientos Magar SL, Pirulera SL y Reformas y Mantenimiento Rimor SL. Todas ellas se fundaron en los años 90. Y sólo una, Magar, ha mantenido una clara relación comercial con el municipio de manera más o menos continuada en los últimos años.
Así se refleja en el portal de Transparencia del Ayuntamiento de Alcalá y en el Portal de Contratación del Sector Público. Desde 2018 hasta finales de 2023, el Consistorio alcarreño adjudicó cerca de una decena de contratos menores a Magar, que está especializada en el suministro de materiales y equipos de "todo tipo de instalaciones y necesidades", según su página web, donde también presume de haber contratado con instituciones sanitarias, con el Ejército, ministerios y ayuntamientos.
Ciudad Deportiva El Val.
Entre 2020 y 2023, la sociedad no recibió ningún encargo de mayor cantidad por parte del Ayuntamiento. Sí que se llevó dos grandes contratos de varios miles de euros de la Ciudad Deportiva. La entidad municipal le adjudicó a finales de 2023 y por 261.610 euros el suministro del material para reparar y mantener las instalaciones e infraestructuras de la institución pública.
Unos años atrás, en 2019, la compañía intermediaria ganó varios lotes de un contrato para material de mantenimiento. Entre todos los lotes adjudicados, la suma de dinero superaba los 200.000 euros.
Las otras firmas del empresario
En el portal del Ayuntamiento sólo hay información sobre los contratos menores firmados por la Ciudad Deportiva en un único año, 2019. Y ni Magar ni Pirulera ni Rimor aparecen ese año como contratistas de acuerdos de menor coste.
Los actuales gestores de la Ciudad Deportiva, sin embargo, aseguran que con Rimor SL, se firmó un contrato de suministro de "mancuernas y pesas" que no han aparecido en las instalaciones. La compañía, en concreto, se dedica a la reforma y el mantenimiento de edificios, de equipos y de instalaciones en general y de servicios de limpieza, entre otros.
Pirulera, en cambio, pertenece al sector inmobiliario: compraventa de bienes e inmuebles, fincas rústicas y urbanas, viviendas, locales, etcétera. Aunque también está especializada en la "fabricación, comercialización y compraventa de fundas en telas".
De hecho, en el auto también se pide información sobre Fundas Jumar, que era la antigua denominación de Pirulera.
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Las otras dos compañías citadas en el auto son Mercaser SL y Secciol SL. Ambas cuentan con los mismos administradores solidarios, Rafael Olmedilla y Mariano García Esteban. Y las dos figuran también como empresas del mundo inmobiliario.
