La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva, todos sus mandatos, reivindicando el carácter del madrileño como un pueblo integrador de culturas, pero que, a su vez, tiene raíces propias. Las teatralizaciones del 2 de mayo o su presencia en festividades como la Paloma o San Isidro, respaldan su apoyo al folclore popular que, esta legislatura, irá un paso más allá. 

Y es que, este curso, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid va a implantar el programa de danza entre cuyos objetivos está "fomentar el conocimiento y la difusión del folclore y la cultura popular, mejorar la motricidad, coordinación y ritmo de los alumnos, combatir la obesidad y descubrir nuevos talentos y vocaciones en esta disciplina". 

Según ha adelantado la Comunidad de Madrid, estas clases de danza se van a impartir a lo largo del primer trimestre de este nuevo curso 2023/24 a más de 13.000 alumnos de Educación Primaria de centros educativos sostenidos con fondos públicos de la región. 

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Medio centenar de colegios públicos y concertados de todas las zonas de la región, incluyendo colegios de Educación Especial, participarán en esta experiencia piloto. En ellas, titulados en las Enseñanzas Profesionales de danza, actuarán como auxiliares de los maestros.

La Comunidad todavía no ha elegido a estos auxiliares de danza, pero, próximamente, se va a lanzar una convocatoria a la que podrán optar bailarines titulados en cualquiera de las Enseñanzas Profesionales de esta disciplina.

Una vez seleccionados, los auxiliares de danza deberán completar un curso de formación previo al inicio de su labor docente, en el que recibirán las pautas a seguir para desempeñar su actividad con los alumnos.

Darán clases entre 6 y 16 horas semanales, en función del número de líneas del colegio participante, y se les pagará entre los 342 y los 913 euros atendiendo al número de horas efectivas. Un modelo similar al que están inscritos los auxiliares de conversación extranjeros en el programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid.

Educación Especial

Con el nuevo curso, el gobierno regional también oficializa su apoyo a la educación especial tras la batalla ideológica (y legal) que ha tenido con la ley Celaá respecto a estos centros. 

Por ello, han adelantado que en el curso que comienza el próximo septiembre van a implantar un plan dirigido a colegios públicos con un alto porcentaje de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo o compensación.

La medida comenzará a aplicarse en 10 centros educativos. Todos ellos son colegios públicos con un porcentaje más elevado de este tipo de estudiantes y en los que el Gobierno regional va a invertir en torno a 2 millones de euros para mejorar la calidad educativa de 3.200 niños de Infantil y Primaria.

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Se prevé que la experiencia se siga ampliando y, por ello, la Consejería de Educación y Universidades ha establecido unos criterios e índices para incorporar centros de forma gradual a este programa, que a lo largo de la legislatura llegará a 12.400 escolares de 40 colegios públicos.

En cada centro diseñará un plan específico de transformación y mejora para potenciar sus oportunidades y fortalezas. También se establecerá un programa formativo para el equipo directivo y profesorado de estos centros y se facilitará la estabilidad en la plantilla.

Además, se va a incrementar el personal docente en 160 profesionales, con perfil de maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y compensación educativa, así como profesores de las especialidades de orientación educativa y servicios a la comunidad.

Por otro lado, se facilitarán las medidas ordinarias de atención a la diversidad de carácter organizativo y metodológico. Igualmente, tendrán mayor dotación para los gastos de funcionamiento y un seguimiento cercano por parte de la inspección educativa. Finalmente, se quiere conformar una red que integre a los centros participantes para compartir experiencias y realizar actividades conjuntas.