"El sistema nos quema más que las historias duras": la lucha laboral de las trabajadoras con víctimas de violencia machista

Las reivindicaciones del 8M no suponen una reclamación de la violencia que sufren las mujeres. Las últimas en dar la voz de alarma en el tema de la violencia de género han sido precisamente trabajadoras como Nerea y Juana (nombres ficticios utilizados por seguridad), que denuncian la precariedad de su labor dentro de la Red de Atención Integral para las Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid.

Este servicio municipal se encarga de la protección de mujeres y niños que han sufrido violencia machista. A través de 55 centros por toda la ciudad, ofrecen apoyo psicológico, acompañamiento social y espacios seguros para la recuperación de las víctimas.

En uno de estos centros, Juana, de 28 años, es psicóloga infantil, y Nerea, de 24 años, es monitora de ludoteca. Mientras Nerea trabaja en la rehabilitación emocional de las madres, Juana se encarga de cuidar, distraer y acompañar a los hijos de estas mujeres.

pancarta con el lema "La red no SoStiene" en la manifestación del 25N 2024 Europapress

Como parte del protocolo y por seguridad, estas trabajadoras de la red no pueden mostrar sus rostros ni revelar el lugar exacto donde ejercen su labor. Esto es crucial para evitar que los agresores de las mujeres atendidas descubran la ubicación y pongan en peligro tanto a las víctimas como a las propias empleadas.

Juana describe un día normal como una "montaña rusa" porque, por un lado, le emociona ver el avance de sus pacientes más pequeños y, por otro, hay historias muy difíciles "que te tocan el corazón, sobre todo al principio, aunque con el tiempo te vas curtiendo", comenta la psicóloga.

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Para Nerea, su día a día es mucho más ligero; ella explica que solo juega y acompaña a los niños, pero que sí hay momentos donde "pasan o te cuentan cosas que te sorprenden". Algo que ambas comparten es que es "inevitable llevarte a casa casos e historias complicadas".

Por eso saben que llevar "seis sesiones al día" supone enfrentarte a una carga muy dura. Sin embargo, lo que más les afecta son las condiciones laborales en las que tienen que trabajar. Es una lucha constante porque "los contratos son inestables, los salarios bajos y no hay suficientes recursos ni personal", explica Juana.

Normalmente, firman acuerdos que incluyen pocas horas, que son rotativos y con sueldos mínimos, lo que hace que la gente se marche en cuanto pueda porque, como expresa Ángela, "no compensa el sacrificio que hacemos".

Según el convenio de intervención social, grupo 1, el sueldo ronda los 1.500 euros brutos mensuales para jornadas completas, pero muchas de ellas, como el caso de Juana y Nerea, tienen contrataciones parciales o temporales, lo que dificulta su estabilidad económica.

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La plataforma de trabajadoras de la red de atención para la violencia de género de Madrid, bajo el lema "LaRedNoSOStiene",  lleva años denunciando ante los responsables políticos y la prensa la situación de las trabajadoras.

Sin embargo, los cambios son lentos. "Los pliegos los cambia el Ayuntamiento por la presión que hacemos, pero no es suficiente", expresa Nerea.

Así que reclaman más "presión social" como la "clave para lograr mejoras" y animan a las víctimas a presentar quejas al Ayuntamiento y salir a las calles a manifestarse en fechas como el 8M. "Hacer ruido es la única opción".

A pesar de las dificultades, recalcan que, además de la satisfacción de ayudar a los niños y a las madres, la sororidad entre sus compañeras es lo que les hace aguantar. "Nos sostenemos entre nosotras, somos nuestras psicólogas y lo hacemos por y para nosotras", comentan ambas.

Según datos del Ministerio de Igualdad, el 30 de noviembre de 2024 había 101.093 casos activos de víctimas de violencia de género en el sistema VioGén, de los cuales se proporcionaba protección policial a 58.847 mujeres en riesgo.

La Comunidad de Madrid representa el 8.5% de estos casos, es decir, alrededor de 8.600 mujeres. Estas cantidades son tan elevadas que resultan inabarcables. Los recursos destinados a estos servicios siguen siendo insuficientes, lo que afecta directamente la atención a las víctimas, con esperas de meses e incluso casos donde se niega la ayuda para evitar saturar más el sistema.

*Ailin Vanesa Zapata Olivella es alumna del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL.