El equipo rectoral, encabezado por Joaquín Goyache, atribuye el desequilibrio a factores estructurales y a una financiación pública que no ha crecido al mismo ritmo que el gasto.
Entre 2019 y 2024, los ingresos de la universidad aumentaron un 15%, mientras que el gasto total lo hizo un 27%, impulsado por el encarecimiento de la energía, los incrementos salariales, nuevas obligaciones legales y mayores costes sociales.
De ahí que ahora tenga que la universidad con más alumnos de toda España tenga que ajustarse el cinturón reduciendo becas, profesores (jubilará a 319 docentes que no serán repuestos) o asignaturas.
El rector de la UCM, Joaquín Goyache, el día que celebraba su reelección.
Tribuna Complutense
Un recorte a tres años
El PEF, exigido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para las entidades en déficit, estará vigente entre 2025 y 2028, un periodo más largo de lo habitual. La universidad lo justifica por el volumen del ajuste y su origen estructural.
La estrategia combina medidas de eficiencia del gasto, optimización del patrimonio universitario e incremento de ingresos propios para restablecer el equilibrio.
La Complutense ya recibió en octubre de 2024 un préstamo de 34,47 millones de euros aprobado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para afrontar el déficit y mantener su solvencia.
Sin embargo, las transferencias nominativas de la Comunidad de Madrid siguen por debajo de niveles de hace más de una década: en 2009 la UCM percibió 418 millones por el capítulo IV, frente a los 403 millones de 2024, 15 millones menos sin tener en cuenta el aumento del coste de la vida.
Tensión con los sindicatos
Los sindicatos sitúan el foco en la infrafinanciación y critican con dureza la gestión del rectorado.
El Comité de Empresa del personal docente e investigador sostiene que el propio PEF reconoce que el origen principal del déficit es la falta de financiación estructural de la Comunidad de Madrid, derivada de no cubrir los incrementos salariales y el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social.
El descontento se agrava porque, según denuncian, los recortes se aplican de facto desde hace más de un año, con instrucciones de reducir en un 35% el gasto de facultades y departamentos, medida que se mantendrá, al menos en 2026 y 2027.