Durante décadas hemos aceptado una frontera aparentemente clara entre lo público y lo privado: lo público era lo que el Estado financiaba, garantizaba o protegía. Lo privado, el espacio de la empresa, del riesgo, de la inversión y del beneficio.
Pero esa frontera empieza a resultar insuficiente cuando hablamos de tecnologías de propósito general: aquellas que no son simplemente un producto o una industria, sino capas sobre las que se reorganiza toda la economía. El fuego, la rueda, la electricidad, internet o la inteligencia artificial no son negocios normales: son infraestructuras civilizatorias.
Nadie posee el fuego. Nadie posee la rueda. Nadie posee internet como tal. Puede haber empresas que construyan servicios sobre esas tecnologías, que las empaqueten o que las comercialicen.
Pero cuando una tecnología alcanza esa dimensión fundacional, la sociedad tiende a entenderla como parte de lo común. Lo extraño no es preguntarse si la inteligencia artificial debería generar algún tipo de retorno público. Lo extraño es que hayamos aceptado que pueda quedar encerrada en unas pocas compañías privadas, gobernadas por consejos de administración y fondos de capital riesgo.
La propuesta de Bernie Sanders para crear un fondo soberano de inteligencia artificial, financiado mediante participaciones accionariales de las grandes compañías del sector, puede parecer excesiva a muchos, pero plantea la pregunta correcta: si una tecnología se ha construido sobre investigación pública, universidades, internet, software abierto, infraestructuras financiadas por contribuyentes y, sobre todo, textos, imágenes, conversaciones, código y conocimiento generados durante años por millones de ciudadanos, ¿por qué el excedente económico resultante debe pertenecer exclusivamente a unas pocas sociedades mercantiles?
El petróleo estaba bajo tierra antes de la empresa, antes de la concesión y antes del accionista
La respuesta habitual es que esas empresas han invertido y asumido riesgos. Es verdad. Han comprado chips, construido centros de datos, contratado talento y desarrollado productos. Pero esa respuesta es incompleta.
El capitalismo funciona cuando remunera el riesgo, la eficiencia y la innovación. Funciona peor cuando permite privatizar rentas extraordinarias nacidas de recursos colectivos sin ningún mecanismo de devolución. Una cosa es ganar dinero construyendo sobre una tecnología. Otra es apropiarse de la base común que la hace posible.
El paralelismo con el petróleo ayuda a entenderlo. Durante mucho tiempo aceptamos que una compañía pudiera enriquecerse extrayendo un recurso que no había creado. El petróleo estaba bajo tierra antes de la empresa, antes de la concesión y antes del accionista.
Algunos países, como Noruega, decidieron muy acertadamente tratar esa riqueza como un recurso nacional y convertirla en un fondo soberano para generaciones futuras.
Alaska hizo algo parecido, con un fondo permanente que reparte una parte de esa riqueza universal e incondicionalmente entre sus ciudadanos. La lógica es sencilla: si un recurso común genera rentas extraordinarias, la sociedad debe participar en ellas.
La innovación necesita incentivos, pero no apropiación ilimitada
La inteligencia artificial lleva esa lógica más lejos. Su materia prima no está bajo tierra: está en nosotros.
Está en artículos, libros, repositorios de código, Wikipedia, fotografías, foros, traducciones, bases de datos, cultura compartida y millones de contribuciones que nunca fueron pensadas como insumo gratuito para crear activos privados valorados en cientos de miles de millones. Si el petróleo era un recurso natural, la inteligencia artificial es un recurso social.
Esto no implica nacionalizar la inteligencia artificial ni convertir cada empresa tecnológica en un ministerio. Esa caricatura absurda y maximalista sólo evita la discusión.
La cuestión es cómo diseñar mecanismos que permitan la innovación privada, pero capturen una parte razonable de las rentas generadas por un sustrato colectivo: fondos soberanos, impuestos sobre beneficios extraordinarios, participaciones públicas, royalties por el uso comercial de datos comunes o contribuciones a infraestructuras públicas de conocimiento. El instrumento concreto es discutible, pero el principio no debería serlo.
Además, el problema no será marginal. Si la inteligencia artificial desplaza trabajo humano, complementa sobre todo a trabajadores cualificados y aumenta la participación del capital en la renta nacional, nuestros sistemas fiscales, basados en salarios, cotizaciones e impuestos al trabajo, quedarán cada vez más desajustados.
No basta con invocar la productividad. La productividad puede aumentar el tamaño del pastel y concentrar casi todas sus porciones en quienes poseen los sistemas.
Por eso la discusión sobre propiedad ya no es ideológica, sino contable. ¿Quién captura el valor? ¿Quién financió las condiciones que hicieron posible esa tecnología? ¿Cómo podemos aceptar sin discusión que todo el contenido creado por nosotros, por los ciudadanos, haya sido capturado por compañías privadas que no nos dan nada a cambio si no pagamos una cuota mensual? ¿Quién paga cuando sus efectos sociales son negativos?
La industria intentará presentar cualquier mecanismo de retorno público como un supuesto “ataque a la innovación”, pero yo, que llevo treinta y cinco años como profesor de innovación, lo tengo muy claro: no lo es. La innovación necesita incentivos, pero no apropiación ilimitada. Necesita retornos, pero no privilegios absolutos.
Durante demasiado tiempo hemos confundido lo privado con lo eficiente y lo público con lo burocrático. Hay Estados torpes y empresas brillantes. Pero también hay empresas privadas que capturan valor generado colectivamente.
El reto no es repetir el debate del siglo XX entre Estado y mercado, sino construir instituciones para tecnologías que nacen de lo común, escalan con capital privado y transforman la vida de todos.
La pregunta no es si la inteligencia artificial debe ser pública o privada. Es mucho más incómoda: qué parte de lo que hoy llamamos privado fue, en realidad, público desde el principio.
Permitir el beneficio empresarial tiene sentido. Permitir que una infraestructura cognitiva construida con el conocimiento de todos sea apropiada por unos pocos sin que haya un retorno proporcional a la sociedad, no.
***Enrique Dans es Profesor de Innovación en IE University.
