Las proyecciones macroeconómicas recientemente publicadas por el Banco de España (BdE) reflejan las vulnerabilidades estructurales de la economía española.
La estimación de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2026, fijada en el 2,3%, es interpretada desde los canales oficiales como un indicador de dinamismo y éxito de la política económica vigente.
No obstante, un examen riguroso y desapasionado de la composición de este crecimiento, revela que se está ante una expansión impulsada por factores coyunturales, demográficos y exógenos.
Y esta fachada estadística coexiste con un estancamiento de la productividad, una persistente inercia inflacionaria y una falta de consolidación fiscal explícita que amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
El primer baño de realidad ofrecido por las proyecciones del BdE es el severo repunte inflacionario. Se ha tenido que revisar al alza, nada menos que en seis décimas, la estimación de inflación general para 2026, situándola en el 3,6%.
Asimismo, la subyacente —aquella que elimina los elementos más volátiles como la energía y los alimentos no elaborados, y que por tanto refleja las presiones estructurales de los precios— también sufre una corrección al alza, proyectándose en un 3,2% para 2027.
Esto demuestra que el virus inflacionario ya ha contaminado los precios relativos de la economía, sigue propagándose por el tejido productivo, resistiéndose tenazmente a las sucesivas subidas de tipos de interés y cronificando la pérdida de competitividad exterior.
El BdE señala que el motor del crecimiento no es la inversión productiva ni las ganancias de eficiencia; es el puro aumento vegetativo de la población a través de los flujos migratorios y un empleo que crece a base de engrosar las filas del sector público y de actividades de bajo valor añadido muy dependientes de la estacionalidad.
Es lo que ya se define abiertamente como un modelo low cost: se crece porque hay más bocas para consumir y más manos trabajando por salarios estancados. La renta por habitante ajustada por poder adquisitivo real sigue situándose un 8% por debajo de la media europea. Por tanto, no se converge con los países avanzados.
El virus inflacionario ya ha contaminado los precios relativos de la economía, sigue propagándose por el tejido productivo, resistiéndose tenazmente a las sucesivas subidas de tipos de interés y cronificando la pérdida de competitividad exterior
Engañarse con el PIB agregado sin deflactarlo por el incremento poblacional es un error analítico de manual. El propio informe trimestral lo admite implícitamente al alertar de una evidente desaceleración de la demanda interna en el tramo central de 2026.
Tanto el consumo privado de las familias —asfixiadas por la pérdida acumulada de poder de compra, el encarecimiento del crédito y una presión fiscal asfixiante— como la inversión empresarial muestran signos de parón.
¿Cómo responde el sector público ante la atonía de los agentes privados, que son los únicos capaces de generar riqueza real? Redoblando la apuesta por el gasto corriente y el intervencionismo.
El análisis de las finanzas públicas que dibuja la institución es demoledor y propina un golpe directo a la línea de flotación de la política económica gubernamental.
![Edificio del Banco de España](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10371148.jpg?p=w:1706\/h:960&h=fOBUDxKa"])
El BdE critica de manera explícita el Informe de Progreso Anual remitido por el Ejecutivo a las autoridades comunitarias y denuncia que no contiene ninguna medida concreta que sustente el cumplimiento de las reglas fiscales de la Unión Europea.
Esa falta de concreción, señala el organismo, resta toda credibilidad a los planes presupuestarios y dispara la incertidumbre para los inversores internacionales, elevando potencialmente la prima de riesgo a medio plazo.
Por eso señala: “Mantener el gasto público en máximos históricos en un momento de debilidad cíclica y endurecimiento monetario es una temeridad irresponsable que hipoteca el margen de maniobra ante futuras crisis.”
Aunque la deuda pública pueda mostrar una levísima reducción estadística hasta el 98,9% del PIB en 2026, esto no se debe a un ejercicio genuino de consolidación fiscal. Se trata, simple y llanamente, del mero efecto del deflactor del PIB.
Aunque la deuda pública pueda mostrar una levísima reducción estadística hasta el 98,9% del PIB en 2026, esto no se debe a un ejercicio genuino de consolidación fiscal. Se trata, simple y llanamente, del mero efecto del deflactor del PIB.
Es decir, la inflación infla artificialmente el PIB nominal (el denominador de la ecuación), diluyendo contablemente el peso de una deuda que, en términos absolutos, sigue creciendo y constituyendo una losa insostenible para las generaciones futuras de contribuyentes.
El BdE señala dos grandes problemas que actúan como verdaderos cuellos de botella para el desarrollo del país: la vivienda y la productividad. El déficit acumulado de 750.000 viviendas no es un fallo fortuito del mercado, sino el resultado directo de políticas intervencionistas y de leyes de vivienda que destruyen la seguridad jurídica del propietario, contraen drásticamente la oferta de alquiler y encarecen los precios de forma artificial, expulsando a los jóvenes del mercado.
Por su parte, la productividad del factor trabajo sigue en caída libre. Este estancamiento es la consecuencia directa de un marco laboral rígido que desincentiva la flexibilidad y de una fiscalidad confiscatoria que penaliza el crecimiento del tamaño empresarial, ahuyenta el capital extranjero y desincentiva la inversión en bienes de equipo, digitalización e innovación tecnológica.
En suma, las proyecciones macroeconómicas del Banco de España critican y anticipan el agotamiento de un modelo exhausto.
![El comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, durante la presentación este miércoles de los informes de situación económica de los países de la UE](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10978825.jpg?p=w:1706\/h:960&h=4kMZDPvd"])
El crecimiento del 2,3% es un mero espejismo demográfico y fiscal que maquilla burdamente una realidad incontestable: una inflación repuntando al 3,6% con una subyacente enquistada en el núcleo del consumo, un sector privado gripado por la voracidad fiscal, unas finanzas públicas desprovistas de credibilidad internacional y una alarmante ausencia de reformas estructurales ambiciosas.
Continuar por la senda del gasto desenfrenado, el empleo público improductivo y la pasividad reformista es condenar a España a un escenario de estancamiento crónico y decadencia relativa.
