Australia ha querido convertirse en laboratorio mundial de una idea tan seductora para un político, como torpe para cualquiera que entienda mínimamente cómo funciona internet: prohibir el acceso de los menores de dieciséis años a las redes sociales y confiar en que una combinación de leyes grandilocuentes, verificación de edad y miedo regulatorio hará el resto.

El problema es que internet no funciona así. Y los adolescentes, mucho menos.

El resultado era perfectamente previsible: la prohibición no está funcionando, pero sí está sirviendo para normalizar un ecosistema de identificación permanente que amenaza una de las pocas libertades esenciales que todavía nos quedaban en la red: la posibilidad de ser anónimos.

Los datos que han empezado a llegar desde Australia son demoledores. Cuatro meses después de la entrada en vigor de la prohibición, más de tres quintas partes de los jóvenes de entre doce y quince años que ya tenían cuentas antes del veto seguían accediendo al menos a una de ellas. En términos agregados, eso supone que más de la mitad de los menores de esa franja de edad sigue utilizando plataformas supuestamente vedadas.

Y no, no hablamos de una sofisticada insurgencia tecnológica. Hablamos de lo de siempre: usar la identificación facial de sus padres, recurrir a VPNs, migrar a servicios excluidos de la norma o encontrar cualquier grieta razonable en un sistema mal diseñado. Exactamente lo que cualquiera habría anticipado antes de convertir una pulsión paternalista en ley.

Australia ha intentado tranquilizar a la opinión pública afirmando que nadie estará obligado a usar una identificación gubernamental, pero esa promesa apenas maquilla la realidad

Más revelador aún es que esa prohibición ni siquiera parece mejorar de forma clara la seguridad de los menores. Una parte significativa de los encuestados afirma que la medida no ha cambiado nada, y un porcentaje nada despreciable asegura incluso sentirse menos seguro.

Eso es lo verdaderamente importante: una ley presentada como solución inmediata al problema genera una sensación de control político, titulares complacientes y la ilusión de que alguien está haciendo algo, pero no altera la raíz del fenómeno. Es la política del decorado: se mueve el atrezzo, se encienden los focos, se pronuncian discursos solemnes y el problema sigue exactamente donde estaba.

Lo más inquietante, sin embargo, no es el fracaso previsible de la prohibición, sino el precio que se pretende cobrar por intentar hacerla cumplir. Porque para impedir que un menor acceda a una plataforma hay que saber quién es, cuántos años tiene y, en muchos casos, vincular esa comprobación a un dispositivo, una credencial o una identidad persistente.

Australia ha intentado tranquilizar a la opinión pública afirmando que nadie estará obligado a usar una identificación gubernamental, pero esa promesa apenas maquilla la realidad: la verificación de edad, con o sin documento estatal, exige recopilar más datos, procesarlos, custodiarlos y convertir el acceso a la conversación pública en un ejercicio de autenticación.

No hace falta imponer un carnet digital obligatorio para erosionar el anonimato; basta con crear un entorno en el que la presunción por defecto deje de ser “puedo entrar” y pase a ser “demuestra quién eres”.

El anonimato en internet, aunque a algunos les resulte molesto, no es un capricho adolescente ni una anomalía libertaria

Ese cambio es profundísimo. El anonimato en internet, aunque a algunos les resulte molesto, no es un capricho adolescente ni una anomalía libertaria.

Es una condición de posibilidad para la disidencia, para la exploración de la identidad, para la denuncia, para la participación política, para la búsqueda de ayuda en contextos de violencia, para la sexualidad, para la salud mental y, en general, para cualquier conversación que una persona no quiera vincular a su nombre civil, a su expediente comercial o a su historial de vigilancia.

Destruirlo con la excusa de proteger a los menores o porque molesta al político de turno es exactamente el tipo de intercambio tóxico que las democracias deberían aprender a rechazar: entregar un derecho fundamental a cambio de una promesa tecnológica que, además, ni siquiera funciona.

Y no funciona por una razón muy sencilla: el problema nunca fue que los adolescentes pudiesen abrir una cuenta. El problema es qué hacen las plataformas con ellos una vez entran. Su arquitectura está diseñada para maximizar tiempo, atención, dependencia y capacidad de segmentación publicitaria.

Eso implica sistemas de recomendación opacos, incentivos a la compulsión, cultivo sistemático de comparación social, amplificación de contenidos extremos y una extracción masiva de datos personales convertida en dinero. Si uno mira el asunto con honestidad, la pregunta correcta no es por qué hay menores en las redes, sino por qué aceptamos redes construidas sobre un modelo que premia el daño, monetiza la vulnerabilidad y considera cada rasgo de nuestra conducta como materia prima para una subasta publicitaria en tiempo real.

Necesitamos dejar de discutir si un adolescente puede entrar y empezar a discutir por qué toleramos que cualquier ciudadano, tenga quince o cincuenta años, sea tratado como producto

De hecho, centrar el debate en los menores tiene algo de trampa narrativa. Las redes sociales no son nocivas únicamente para los adolescentes: lo son también para el conjunto de la sociedad, porque degradan la conversación pública, polarizan, facilitan la manipulación, recompensan la indignación y convierten la visibilidad en una mercancía optimizada por criterios comerciales.

Si mañana consiguiésemos, por arte de magia, expulsar a todos los menores de dieciséis años de esas plataformas, seguiríamos teniendo exactamente el mismo problema estructural: ecosistemas diseñados para vigilar a sus usuarios y vender predicciones sobre su comportamiento a anunciantes, campañas y toda clase de intermediarios.

Por eso resulta tan absurdo legislar como si el drama fuese únicamente una cuestión de edad de acceso. Es como intentar resolver los efectos del tabaco prohibiendo que los adolescentes compren mecheros, mientras se deja intacta la industria que fabrica, distribuye y promociona la nicotina.

La solución no pasa por construir un internet donde todo el mundo tenga que identificarse para poder hablar, mirar o participar. Pasa por atacar el núcleo económico del problema: el modelo de publicidad conductual y vigilancia masiva que hace rentables estas plataformas tal y como hoy existen.

Necesitamos redes sociales radicalmente distintas. Menos adictivas por diseño, interoperables, auditables, sujetas a obligaciones reales de transparencia, con límites estrictos a la personalización algorítmica, sin captura sistemática de datos y sin incentivos para convertir cada emoción humana en inventario publicitario.

Necesitamos dejar de discutir si un adolescente puede entrar y empezar a discutir por qué toleramos que cualquier ciudadano, tenga quince o cincuenta años, sea tratado como producto. Porque mientras sigamos aceptando ese negocio, prohibir el acceso de los menores no será más que una coartada: una forma muy cómoda de aparentar protección mientras se consolida una infraestructura de vigilancia que terminará afectándonos a todos.

Si de verdad queremos proteger a los jóvenes, y de paso salvar el espacio público digital, la prioridad no es perseguir adolescentes con sistemas de verificación cada vez más invasivos. La prioridad es limpiar el modelo de negocio que convierte su atención, su ansiedad, sus relaciones y sus datos en beneficios. Todo lo demás no es solución. Es teatro legislativo.

***Enrique Dans es profesor de Innovación en IE University.