Durante años nos vendieron que la geopolítica tecnológica era un tablero sencillo: Estados Unidos ponía las reglas, Europa regulaba con gesto severo y China copiaba barato. Obviamente, ese cuento ya no sirve.
Hoy el socio estadounidense es imprevisible y cada vez más dispuesto a usar su poder extraterritorial como palanca también sobre empresas y datos europeos, mientras China se ha convertido en una superpotencia industrial capaz de inundar el mundo de baterías, paneles solares, vehículos eléctricos y electrónica a costes que Europa no puede igualar sin una política industrial seria.
Y en medio, España, que suele llegar tarde a los debates estratégicos, tiene una oportunidad rara: dejar de ser espectadora y plantear una posición propia, pragmática y sin “adhesiones religiosas”, dentro del marco europeo.
Llamémoslo “neutralidad activa” (sin ingenuidades). No es equidistancia moral ni postureo diplomático: es diseñar una estrategia que negocie con ambos bloques, minimice dependencias críticas y maximice capacidad interna. Y sí, eso implica asumir una verdad incómoda.
Si Europa habla de “soberanía digital” u “open strategic autonomy”, no es un capricho francés ni una boutade burocrática: es el reconocimiento de que la dependencia tecnológica es vulnerabilidad política, económica y, cada vez más, de seguridad. Pero la soberanía no se decreta: se construye.
El problema es que Europa ha confundido demasiadas veces soberanía con regulación
El problema es que Europa ha confundido demasiadas veces soberanía con regulación. Tenemos normas importantísimas como la AI Act, la DSA, la DMA, NIS2, el Data Act, etc. que ponen límites, imponen transparencia, obligan a diligencia, refuerzan ciberseguridad y reequilibran poder. Bien.
Pero regular sin músculo industrial es como exigir dietas saludables sin supermercados: no basta con decir “estos son mis valores” si tus servidores, tus chips, tu nube, tus modelos y tu cadena de suministro están en manos ajenas.
China, por su parte, no solo compite: planifica. “Made in China 2025” fue una declaración de intenciones industrial que Occidente ridiculizó… hasta que empezó a doler. El resultado, una década después, es una realidad que ya no se discute: dominio en fabricación y economías de escala, especialmente en sectores clave para la transición energética y la electrificación.
Basta mirar el mercado de baterías: la producción y la caída de precios se concentran de forma abrumadora en China, y ese diferencial acaba filtrándose a toda la cadena industrial. Europa puede indignarse, pero el mercado, mientras tanto, se reorganiza.
¿Y Estados Unidos? La relación transatlántica no se rompe solo con aranceles o desplantes: también con la idea, cada vez más normalizada, de que las empresas estadounidenses pueden ser obligadas a entregar datos aunque estén fuera de su territorio.
España no necesita “una nube española” por bandera, pero sí necesita capacidad real para alojar datos críticos (sanidad, justicia, educación, censo, fiscalidad, defensa)
El debate sobre soberanía, sobre dónde se alojan datos, bajo qué jurisdicción y con qué garantías no es una paranoia: es que el marco legal importa. Por eso Europa insiste en infraestructuras “seguras, resilientes y sostenibles”. No por romanticismo, sino porque la dependencia jurídica también es dependencia tecnológica.
En ese contexto, ¿qué puede hacer España? Lo primero: abandonar el complejo de país “usuario” y asumir una agenda de Estado. Ya existe un esqueleto: España Digital 2026, la Estrategia Nacional de IA, y el PERTE Chip.
El problema no es por falta de PDFs: es por falta de ejecución estratégica y prioridades claras. Si de verdad queremos soberanía, hay tres palancas que deberían convertirse en obsesión política y presupuestaria.
La primera es la infraestructura: nube, conectividad y capacidad de cómputo. España no necesita “una nube española” por bandera, pero sí necesita capacidad real para alojar datos críticos (sanidad, justicia, educación, censo, fiscalidad, defensa) bajo gobernanza europea, con estándares auditables y con redundancia.
Eso no excluye proveedores estadounidenses si aceptan nuestras reglas: significa que no puede haber dependencia única, y que la contratación pública debe diseñarse para evitar bloqueos por licencias, formatos propietarios y “ecosistemas” cerrados. La soberanía empieza por comprar bien.
La segunda es la cadena industrial de tecnologías estratégicas: semiconductores, baterías, redes, ciberseguridad, y tecnologías net-zero. Aquí España tiene una carta interesante: no compite como Alemania en automoción premium ni como Francia en grandes campeones estatales, pero sí puede posicionarse como nodo de diseño, fotónica, packaging avanzado, pruebas, y como plataforma industrial para tecnologías de transición energética.
PERTE Chip solo será soberanía si genera capacidades sostenibles, talento y empresas con mercado, no si se queda en subvenciones dispersas. Y lo mismo vale para cualquier apuesta en baterías o renovables: sin una estrategia de cadena de valor (materias primas, refino, fabricación, reciclaje), solo seremos el lugar donde se instalan placas y se importan componentes.
La tercera es la diplomacia económica sin ingenuidad. “Neutralidad activa” significa negociar con Washington desde Europa, pero con agenda propia: exigir reciprocidad, garantías jurídicas y estabilidad.
Y con China, aplicar el mismo principio: cooperación sí, dependencia no. Inversión sí, control de riesgo y seguridad también. No se trata de demonizar ni de blanquear: se trata de no entregar llaves.
Y, sobre todo, de entender que la soberanía real no es elegir bando, sino reducir el coste de cambiar de proveedor, de arquitectura o de socio cuando el mundo cambie… porque va a cambiar.
España no puede ni debe jugar a ser un país no alineado clásico: está en la UE, en el mercado único, en alianzas de seguridad, y su marco regulatorio es europeo. Pero precisamente por eso puede ser útil: un país sin obsesión imperial y con necesidad de prosperidad, capaz de empujar dentro de Europa una versión madura de la soberanía: abierta, comercial, exigente, y basada en capacidades.
Si seguimos esperando a que “Bruselas lo arregle” o a que “el mercado se autorregule”, acabaremos en la peor combinación: regulados, dependientes y enfadados. La alternativa es más incómoda: invertir, elegir, priorizar, ejecutar… pero también más adulta.
Porque la pregunta ya no es si España prefiere Silicon Valley o Shenzhen. La pregunta es si España quiere tener margen de maniobra cuando Silicon Valley y Shenzhen decidan, sin consultarnos, qué se puede hacer, qué se puede comprar, y a qué precio.
***Enrique Dans es profesor de Innovación en IE University.
