Redes eléctricas de alta tensión.
A menos de cinco años de la meta fijada por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la transición energética española entra en un momento decisivo. El avance logrado en la sustitución de combustibles fósiles por renovables corre el riesgo de convertirse en un espejismo si no logramos, en paralelo, un incremento sostenido de la demanda eléctrica.
Y ese crecimiento sólo será posible si contamos con unas redes de transporte y distribución eléctrica robustas, modernas y preparadas para sostener el cambio.
Las redes eléctricas son esos cables -a veces visibles, a veces enterrados- que hacen que todo funcione. No tienen el glamour de un parque eólico o un vehículo eléctrico, y sólo nos acordamos de ellas cuando tenemos un fallo del suministro o cuando intentamos conectar un nuevo proyecto y descubrimos que no hay capacidad disponible.
Sin embargo, la invisibilidad de las redes eléctricas no las hace menos cruciales. Al contrario, aunque discretas, son la espina dorsal del sistema.
En un modelo energético en transformación, la fortaleza y disponibilidad de la electricidad dependen de nuestra voluntad de invertir en la modernización de esta infraestructura. Cómo regulamos y cuánto retribuimos las redes eléctricas es una pieza clave, porque de ese diseño depende que se conviertan en palanca de la transición o en su principal cuello de botella.
Aunque a priori parece extraño, la fórmula con la que vamos a retribuir y pagar las redes eléctricas en los próximos seis años no es un mero trámite técnico ni un debate reservado a especialistas: es una decisión de país. Lo que se decida marcará el ritmo de la transición energética, la competitividad de nuestra economía y, finalmente, el bienestar social.
Desafortunadamente, tanto las propias empresas distribuidoras de electricidad como las organizaciones empresariales, las comunidades autónomas e incluso el propio Ministerio, han advertido de que el modelo retributivo propuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es insuficiente y no permitirá llevar a cabo las inversiones necesarias para avanzar en la electrificación y en la descarbonización de nuestra economía. Es el momento de la escucha activa.
El dilema gira en torno a dos enfoques. El primero, conservador, anclado en la idea de que la demanda eléctrica crecerá poco y que, con pequeñas mejoras en la gestión de las redes, haciéndolas más inteligentes y fomentando su uso óptimo, será suficiente para absorber los cambios.
Se presenta como una defensa del consumidor bajo la premisa de contención de costes, en un escenario en el que no se producen grandes cambios a corto plazo en el sistema energético y existen riesgos de sobreinversión.
Pero esa visión olvida que la demanda y que las nuevas oportunidades de crecimiento económico no despegarán por sí solas si la infraestructura no está preparada, por lo que corre el riesgo de convertirse en una profecía autocumplida.
Esta necesidad no es teórica: en 2024 se registraron más de 60 GW en solicitudes de conexión, pero sólo se han podido aceptar en torno al 10%, consecuencia de la saturación de la red.
El segundo enfoque es audaz y entiende que la red es la condición habilitante para la electrificación y el avance de la transición energética.
No se trata de pagar más, sino de invertir en el futuro: en resiliencia, digitalización y capacidad de integración de renovables y nuevos usos eléctricos. Esta aproximación reconoce que el verdadero riesgo no es sobreinvertir, sino quedarse cortos.
El éxito de la fibra es un ejemplo de cómo una regulación bien orientada puede habilitar el futuro
Y ello porque los efectos sobre el bienestar de los consumidores no son simétricos: las consecuencias de un error a la baja se amplifican respecto a las de un error al alza.
Es una forma de fallo regulatorio con efectos adversos significativos si provoca una disminución de la fiabilidad y resistencia de la red y si reduce las oportunidades de crecimiento económico. No olvidemos que no sólo España apuesta por la transición energética.
Aunque los detractores de este enfoque esgrimen el impacto en las facturas como principal argumento, su visión omite una pieza clave: estas inversiones son el motor para un crecimiento de la demanda eléctrica que, al expandir la base de consumo, puede absorber y compensar los costes de la modernización.
Las experiencias recientes en materia de regulación nos enseñan la importancia del acierto en el enfoque y que regular es, en efecto, un arte. Basta con mirar a otros sectores regulados.
La decisión sobre cómo regular y remunerar las redes de distribución en los próximos años será determinante para el modelo energético que queremos construir.
En el caso de las telecomunicaciones, los organismos reguladores promovieron una regulación valiente, enfocada en el desarrollo y despliegue de las infraestructuras que impulsó el despliegue masivo de la fibra óptica en nuestro país.
La visión regulatoria permitió a múltiples operadores invertir en una red de alta capacidad, acelerando la digitalización de España y mejorando drásticamente el servicio a los ciudadanos. El éxito de la fibra es un ejemplo de cómo una regulación bien orientada puede habilitar el futuro.
Por el contrario, la liberalización ferroviaria nos recuerda los peligros de una planificación insuficiente. La falta de una previsión adecuada sobre el uso de las redes y la necesidad de nuevas inversiones está generando cuellos de botella y limitando el potencial de crecimiento del sector.
La desconexión entre la modernización de las infraestructuras y las señales regulatorias para su uso ha demostrado que la anticipación es clave. Un mercado puede abrirse, pero si la red que lo sustenta no está preparada, la liberalización trae aparejada costes, no sólo monetarios sino reputacionales.
Ahora nos enfrentamos a una encrucijada similar con la red eléctrica. La decisión sobre cómo regular y remunerar las redes de distribución en los próximos años será determinante para el modelo energético que queremos construir.
España debe decidir si apuesta por una visión de futuro audaz y transformadora, como la que dio forma a la red de fibra óptica, o por un modelo conservador que podría replicar las lecciones negativas del sector ferroviario, comprometiendo su liderazgo en la transición energética y su capacidad para competir en la economía verde del mañana.
La CNMC tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en aliada estratégica de la transición energética impulsando una regulación eficiente.
Regular con prudencia contable puede parecer sensato a corto plazo si no se compromete la fiabilidad del sistema, pero regular con visión estratégica es lo que permite que la transición ocurra en la práctica y se abran nuevas oportunidades. Invertir en redes no es un exceso: es asegurar que la transición energética sea posible.
La cuestión es decidir si queremos que la infraestructura sea un freno o un catalizador, porque sin redes no hay transición, y sin transición no hay futuro que aproveche todo nuestro potencial.
La CNMC tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en aliada estratégica de la transición energética, impulsando una regulación eficiente y que permita a España liderar la electrificación, garantizar la seguridad energética y competir con solidez en los mercados europeos y globales.
*** María Fernández Pérez, fue vicepresidenta de la CNMC entre 2013 y 2020.