La decisión gubernamental de realizar una condonación de una parte de la deuda autonómica ha generado una marea de críticas. La mayoría de ellas se han centrado sobre el desigual reparto territorial de esa medida para mantener-comprar el apoyo de alguno de sus socios al Gobierno social comunista, en concreto, de ERC. Por otra parte, la condonación persigue también otra finalidad; a saber, colocar a las autonomías gobernadas por el PP en la incómoda situación de explicar a sus ciudadanos por qué se rechaza una iniciativa que, a simple vista, les beneficia.

Sin duda, esto es cierto y constituye una clara manifestación de la política del Ejecutivo desde el comienzo de esta Legislatura: realizar cualquier concesión para mantenerse en el poder. Pero eso no es lo más importante.

De entrada, condonar la deuda autonómica constituye un mero artificio contable. El Estado; esto es, todos los españoles asumirán la deuda generada por las CCAA. En consecuencia, esta no desaparece y habrá de ser pagada con impuestos más altos o con más endeudamiento. En términos de contabilidad nacional, la contrapartida de la condonación planteada por el Gobierno será una transferencia de capital del Estado a las autonomías. Esto supone que, en el año en que aquella se materialice, las CCAA aumentarán sus ingresos y el Estado sus gastos por un importe de 83.000 millones de euros.

Por otra parte, el “rescate” propuesto por el Gobierno supondría un ahorro en intereses y una reducción de los déficits autonómicos y un incremento del de la Administración Central. La condonación requerirá emisiones adicionales de deuda pública estatal de unos 15.300 millones de euros.

Si se considera que la posición deudora de una autonomía es insostenible o presenta una tendencia a incurrir en esa situación y se plantea la necesidad/conveniencia de reestructurar o condonar aquella, es preciso acompañar cualquiera de esas dos opciones de la exigencia a sus teóricos beneficiarios de un plan de consolidación fiscal y presupuestaria para evitar que vuelva a repetirse un escenario de esa naturaleza. Para decirlo con otras palabras, las ayudas han de estar condicionadas para que los Gobiernos autonómicos se comprometan o, para ser precisos, se vean obligados a realizar una gestión financiera responsable.

La condonación requerirá emisiones adicionales de deuda pública estatal de unos 15.300 millones de euros

La condonación que el Gobierno propone no cumple ese requisito básico, lo que contribuye a deteriorar aún más los escasos, por no decir, inexistentes incentivos de las CCAA de régimen común a gastar de manera crónica más de lo que ingresan y a endeudarse sin límite alguno. Si su irresponsable manejo de las finanzas públicas les conduce a una potencial bancarrota, el coste es 0 porque, al final, Papá Estado acudirá en su rescate y les salvará de la quiebra. Esto conduce de manera inevitable a convertir la indisciplina fiscal y presupuestaria en un rasgo estructural del Estado Autonómico existente en España.

El Gobierno justifica su propuesta como un medio para compensar los efectos de la crisis financiera de 2008. Para eso ya se creó el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) en 2012 y sus resultados no son muy edificantes. En términos agregados, desde su implantación la deuda autonómica ha seguido creciendo.

Ha pasado de 143.000 millones de euros en 2012 y 316.000 millones en 2024 conforme a los datos ofrecidos por el Banco de España, un 24,8 por 100 del PIB. El FLA sólo ha servido para posponer los problemas en lugar de resolverlos y para eliminar o, cuanto menos, restar presión a las autonomías más endeudadas a realizar ajustes estructurales en sus presupuestos.

Las CCAA. con mayor dependencia del FLA no han reducido su endeudamiento de manera significativa ni han reformado sus modelos de gasto. Por otro lado, Madrid, que nunca recurrió a ese instrumento, o Galicia con una ratio de deuda baja, muestran que la disciplina fiscal depende sólo de una cosa: la decisión, la voluntad de los gobiernos autonómicos de poner orden en las finanzas públicas. La condonación “ofrecida” por el Gobierno promueve la indisciplina fiscal y premia a las autonomías que más se endeudan lo que desincentiva cualquier esfuerzo de austeridad presupuestaria de cara al futuro.

El problema de fondo del sistema autonómico español se resume en dos palabras: poder sin responsabilidad. Pero el Gobierno está pervirtiéndole aún más al transformándole de facto y de manera progresiva en un engendro, un centralismo asimétrico, definido por la erosión de la muy limitada competencia fiscal entre las autonomías y por una concentración de poder en manos del Ejecutivo acompañada de un trato de favor, “discriminación positiva” hacia sus socios asentado en una absoluta y arbitraria discrecionalidad derivada de sus necesidades políticas.

El problema de fondo del sistema autonómico español se resume en dos palabras: poder sin responsabilidad

El actual Estado Autonómico está agotado. España necesita un modelo de federalismo fiscal competitivo. Las autonomías han de depender más de sus propios ingresos tributarios para financiar sus gastos, lo que incentivaría la eficiencia y la responsabilidad presupuestaria. La competencia fiscal sería un potente estímulo para el crecimiento económico, para el desarrollo de regiones menos avanzadas y un freno a la voracidad fiscal.

Todas las autonomías estarían obligadas a adoptar la regla del presupuesto equilibrado sólo incumplible en presencia de shocks inesperados y sólo de manera temporal, y habría que introducir un mecanismo de solidaridad limitado, como el existente, por ejemplo en Alemania o Canadá para garantizar servicios mínimos en todo el territorio estatal.