La praxis política del actual Gobierno de coalición social-comunista español en materia presupuestaria revela, de manera indiscutible, un olímpico desprecio de los principios básicos de una democracia liberal.
Lejos de ser un mero desajuste técnico, una dificultad aritmética coyuntural o algo excepcional, la ausencia sistemática de Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2022 se ha transformado en algo habitual en España cuando constituye una profunda anormalidad institucional, inédita en cualquier estado europeo, que pone de manifiesto el único objetivo real de la coalición gubernamental: mantenerse en el poder a cualquier precio, subvirtiendo el espíritu del orden constitucional.
En este contexto, el rechazo por el Congreso de los Diputados de la senda de estabilidad planteada por el Ejecutivo social comunista para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 es la última e irrefutable prueba de la ausencia de una mayoría parlamentaria que soporte los proyectos económicos del Ejecutivo.
Esto pone de evidencia la incapacidad gubernamental de aprobar cualquier ley de calado y constituye un caso de manual de un Gabinete que ha perdido, de facto, su capacidad de gobernar.
Ante ese panorama, Bruselas no puede guardar silencio ni mirar hacia otro lado. La composición del Parlamento convierte en papel mojado, en una fantasmagoría inviable los objetivos presupuestarios remitidos por el Gobierno español a la Comisión Europea por una sencilla razón: carece de los apoyos necesarios para cumplirlos. Pero ahí no termina la historia.
El rechazo a la senda de déficit pone en evidencia la incapacidad gubernamental de aprobar cualquier ley de calado
Sin Presupuestos Generales del Estado, un Gobierno carece de toda legitimidad moral para desarrollar una estrategia fiscal y presupuestaria propia.
En el canon de la arquitectura propia de un sistema parlamentario, los PGE no son una simple colección de cifras; son el acto jurídico supremo de la política económica y el cimiento sobre el cual el Poder Legislativo ejerce su prerrogativa esencial y fundacional: el control y la fiscalización de los gastos y de los ingresos públicos.
Gobernar con cuentas prorrogadas de manera sistemática es la consagración de una subversión estructural que vacía de contenido el principio de legalidad presupuestaria. Es la eutanasia institucional de la fiscalización democrática de las cuentas públicas.
Esa situación no es un accidente, sino una necesidad impuesta por la incapacidad gubernamental de forjar una mayoría parlamentaria, siquiera coyuntural, para la aprobación de cualquier Presupuesto.
Ante esta debilidad estructural, el Ejecutivo ha diseñado un modus operandi pernicioso para gastar sin control, combinando y pervirtiendo tres mecanismos: la prórroga presupuestaria automática que establece el techo de gasto base; el abuso de la figura del Decreto-Ley, forzando la variación de prioridades y la aprobación de nuevos gastos sin el debido debate y el uso instrumental de los Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito, cuyo ejercicio se ha desnaturalizado para incrementar partidas de forma discrecional y opaca, y operar con una libertad financiera propia de un régimen de excepción.
El uso sistemático de esas figuras constituye la clave del comportamiento patológico del Gabinete social comunista: la anulación consciente del principio fundacional de la democracia liberal, esto es, del control efectivo de las finanzas públicas por el Parlamento.
Esto se traduce en una erosión progresiva e irreversible de la legitimidad de ejercicio del Gobierno. La legitimidad de origen, obtenida en las urnas, es insuficiente y se desvanece si no se asienta en la observancia rigurosa de los procedimientos legales y constitucionales esenciales, en este caso, los relativos al ámbito presupuestario.
En un régimen parlamentario, el Gobierno necesita, valga la redundancia, de la confianza del Parlamento para gobernar. El Presupuesto del Estado es la ley financiera más importante y cuando es rechazado por el Legislativo la lectura es clara: el Ejecutivo ha perdido el apoyo de la mayoría necesaria para llevar a cabo su programa.
La legitimidad obtenida en las urnas es insuficiente y se desvanece si no se asienta en la observancia rigurosa de los procedimientos legales y constitucionales esenciales
En la práctica, en la casi totalidad de las democracias occidentales, la materialización de un escenario de esa naturaleza conduce a la caída del Gobierno lo que suele formalizarse mediante la presentación de una cuestión de confianza, de una moción de censura o, simplemente, convocando elecciones anticipadas
Un Gobierno que, por cálculo meramente venal y de supervivencia, renuncia a que sus planes presupuestarios sean aprobados por el Parlamento e ignora su rechazo por éste carece de toda legitimidad para dirigir los destinos de la nación.
En consecuencia, atrincherarse en el poder cuando eso sucede, no es solo una falta de respeto a la soberanía popular a la que invoca de manera permanente sino muestra una vez más su voluntad de ignorar y vulnerar el sistema de pesos y contrapesos que definen la democracia liberal.
En el ámbito de las finanzas públicas, como en muchos otros, La coalición social-comunista ha consumado de facto una mutación constitucional, sustituyendo los procedimientos propios de la democracia parlamentaria por una gestión cesarista de la urgencia.
La renuncia al Presupuesto, un acto de soberanía por excelencia, es la confesión final de un Ejecutivo que ha degradado su función a la de un mero administrador de su propia supervivencia. Su comportamiento constituye la prueba irrefutable de la pérdida de toda legitimidad para seguir dirigiendo los destinos de una nación libre, moderna y civilizada.
