Análoga situación para nuestros colegas comunitarios. La Eurozona observó en el mes de junio un IPC armonizado del 8,6% interanual, según Eurostat, el nivel más alto registrado desde la creación de la moneda única.

El actual episodio inflacionista, una tendencia generalizada en todo el mundo occidental, está suponiendo un quebradero de cabeza para Gobiernos y organismos supervisores. Y una pesadilla para millones de ciudadanos que ven menguar su poder adquisitivo. De hecho, el coste de la vida anual para una familia media es al menos 3.170 euros más caro que en 2019, según estimaciones de este mismo periódico. Son alrededor de 264 euros al mes, una cantidad desorbitada para la mayoría de españoles. 

En el origen de los extraordinarios incrementos del IPC, que arrancaron hace aproximadamente un año, se encuentran los desajustes en las cadenas globales de suministro provocados por la pandemia y su recuperación. Pero el impulso definitivo en Europa ha llegado de la mano de la guerra de Ucrania.

Con la ofensiva rusa en su país vecino, se inició una escalada de sanciones entre el régimen de Putin y las democracias occidentales. Pero entre estas últimas, las europeas son altamente dependientes de Rusia para el suministro de energía, lo que ha tensado sumamente los precios en el mercado internacional. Una situación a la que se suma el final de los programas de compra masiva de deuda del BCE y un alza de tipos, en sintonía con lo ocurrido en EEUU, lo que afectará a créditos, deuda y ahorros.

En este contexto, el Gobierno ha reaccionado anunciando un paquete de medidas anticrisis que se apoyan en una vieja receta; la de la subida de impuestos a ciertos sectores empresariales con el objetivo de engordar ágilmente la recaudación para armar “el escudo social” y tratar de “no dejar a nadie atrás”. Mención aparte merecen reacciones un tanto esperpénticas por parte de destacados miembros del Ejecutivo: la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Yolanda Díaz ha llegado a afirmar que “un 83% de la inflación deriva de los beneficios empresariales”. ¡¡El diagnóstico era mucho más sencillo!!

Entre las medidas estrella del Ejecutivo para capear el temporal, se encuentran las anunciadas en los últimos días desde la tribuna del Congreso de los Diputados por el propio Pedro Sánchez en el marco del debate sobre el Estado de la Nación: dos nuevos impuestos a energéticas y bancos, ambos de carácter temporal y excepcional, con el objetivo de recaudar 3.500 millones de euros al año, hasta totalizar 7.000 millones en los ejercicios de 2023 y 2024. A tenor de las líneas maestras de este plan de contingencia, parece inequívoco que el Ejecutivo no ha entendido nada y se empeña en golpear una ya de por sí maltrecha economía y un tejido productivo ahogado a golpe de tributo para sufragar el dispendio de gasto público.

Primero porque la introducción de nuevos impuestos, sin previa y rigurosa evaluación de la eficiencia del gasto, golpea la competitividad de las empresas y dificulta sobremanera la creación de empleo ante una recuperación incierta, con un impacto todavía limitado de los primeros fondos europeos y tras un año 2020 en el que España experimentó la mayor recesión de la Eurozona y más de 200.000 empresas se situaron cerca de la quiebra o en situación de insolvencia, según el INE.

La introducción de nuevos impuestos, sin previa y rigurosa evaluación de la eficiencia del gasto, golpea la competitividad de las empresas

Segundo porque el mantra de que la presión fiscal para las empresas españolas es menor que la de la media comunitaria es una falacia. Conviene señalar que la aportación del empresario español a las cotizaciones equivale al 9% del PIB. Esto supone que las empresas pagan 1,7 puntos más que la media de los empresarios de la UE (donde el promedio del peso de la cotización empresarial es del 7,3% del PIB), según el Informe de 2019 sobre tendencias tributarias en la UE, que elabora la Comisión Europea.

En este sentido, tal y como recuerda el Círculo de Empresarios en su reciente informe Una reforma tributaria que impulse el crecimiento y la competitividad “la razón del diferencial en recaudación sobre PIB en España respecto a la UE-27 no es el resultado de tipos impositivos inferiores, sino que responde al menor número de contribuyentes por una elevada tasa de paro, la existencia de un nivel de economía sumergida elevado y una progresividad del sistema por encima de la de países del entorno”. Y no nos dejemos llevar por la euforia de los últimos datos de empleo y afiliación: el empleo indefinido crece a buen ritmo, sí, pero es de menor calidad; más de la mitad de los nuevos trabajadores fijos tienen empleos a tiempo parcial o discontinuo.

Tercero porque los planes del Gobierno se alejan sobremanera de las directrices marcadas por las instituciones europeas, que claman por un plan de contingencia a corto plazo combinado con una hoja de ruta económica y socialmente ambiciosa, con reformas estructurales e inversiones que nos doten de un modelo productivo más competitivo y, en consecuencia, realmente más resiliente.

El Gobierno, en concierto con los sindicatos, no ha parado de reivindicar estos días el archiconocido “pacto de rentas”, para una equiparación de los salarios conforme al IPC. Esto no sólo dispararía, como apuntan muchos analistas, los conocidos como efectos de segunda ronda y espirales inflacionistas perpetuas, sino que, además, generaría un incentivo perverso para procastinar sine die la tan necesaria agenda reformista (reformas, no parches) en España: educación, empleo, pensiones, fiscalidad o Administraciones Públicas, entre otras. Esa agenda y esas reformas que nos conferirían una verdadera red de seguridad.

Confiemos en que, paradójicamente, la inflación y el necesario plan anticrisis no se conviertan en la mejor excusa y escudo del Gobierno para imponer a rodillo una agenda ideológica y ocultar una gestión manifiestamente mejorable. No son tiempos para la improvisación.

*** Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.