Por eso, las políticas económicas del gobierno han erosionado la competitividad de nuestro país, sumiéndonos en una preocupante disminución de la renta per cápita y colocándonos detrás de nuestros vecinos europeos en términos de productividad.

Lo fácil es situarse bajo el palio gubernamental y abrazar la vieja fe trasnochada del lado este del telón de acero que desconfía del mercado y señala que, para mejorar en productividad, mejores empleos y salarios hay que ponerse en manos del Estado porque sabe elegir los sectores con mayor potencial.

De hecho, este fin de semana el candidato del PSOE a Lehendakari se permitió la osadía de advertir que es el Gobierno vasco quien debe marcarle el rumbo a las empresas en política industrial. Como siempre, las nuevas ideas socialistas son las más viejas.

¿Realmente estamos listos para defender las ideas de la libertad y el orden espontáneo que permite que los mercados y los individuos se organicen dirigidos por el interés propio? ¿Hemos olvidado que no es la dirección central sino el mercado, quien identifica las necesidades sociales y mediante la innovación y la eficiencia puede conducir a generar beneficios para toda la sociedad? 

Lo fácil es situarse bajo el palio gubernamental y abrazar la vieja fe trasnochada del lado este del telón de acero que desconfía del mercado y señala que, para mejorar en productividad.

Por más observatorios de productividad que se quieran crear desde el Gobierno, sin más mercado y más iniciativa empresarial no habrá inversión, innovación y mejoras en productividad, ni por tanto, convergencia en riqueza y bienestar.

El retroceso en renta per cápita en paridad de poder adquisitivo nos sitúa 17 puntos por debajo de la media de la UE, niveles que no veíamos desde el año 1997, mientras países de la Europa del Este ya han superado a nuestro país y avanzan rápidamente en términos de convergencia, impulsados por su productividad y fuerza laboral.

No hay otra opción. Tenemos que crecer en productividad, más que el resto y más rápido. No se trata solo de reconducir los cuatro puntos que España ha caído en productividad en el periodo 2018-2023, sino que los avances en capital humano, inversión, crecimiento empresarial, innovación o regulación tienen que ser tan ambiciosos que permitan reducir una brecha con respecto a los países de la OCDE que corre riesgo de agrandarse en un contexto altamente competitivo.

El momento es tan crucial que conviene ser claro. La receta de Yolanda Díaz imponiendo unilateralmente una reducción de la jornada laboral sin un previo incremento en la productividad es un ejemplo palpable de políticas mal enfocadas que solo pretende repartir el empleo. ¿No entiende que los países reducen la jornada laboral gracias a incrementos de productividad y no al revés? 

El retroceso en renta per cápita en paridad de poder adquisitivo nos sitúa 17 puntos por debajo de la medida de la UE.

Podemos engañarnos pensando que somos otra cosa, pero España es un país con un problema de productividad estructural que sostiene su renta per cápita gracias a las horas trabajadas. Este gobierno se ha encargado de incrementar los costes laborales, de camuflar el paro bajo la alfombra de los fijos discontinuos y de que la temporalidad se extienda a la contratación indefinida, que ya no es sinónimo de estabilidad, lo que desincentiva la formación.

Si el capital humano es uno de los factores que puede impulsar la productividad, hay reformas estructurales que abordar y un gobierno con pocos incentivos para hacerlas. Revertir parte de los cambios en la legislación laboral para dejar de expulsar talento es condición necesaria, pero no suficiente.

El principal problema se encuentra en la cualificación de nuestros trabajadores, donde la inversión en educación y formación continua es primordial para dotarles de las habilidades necesarias en una economía globalizada y digital o fomentar la adaptabilidad y una cultura de innovación.

La calidad de nuestro sistema educativo y la formación profesional debe ser objeto de reformas profundas, donde se recupere la valoración del mérito y la excelencia frente a unas tentaciones colectivistas de la izquierda que imponen la mediocridad. Reducir la brecha en habilidades básicas que muestra el Informe Pisa, donde hemos obtenido en 2023 el peor resultado desde que se elabora la prueba, debería ser una prioridad nacional.

Para impulsar el crecimiento a largo plazo de la economía y la productividad, necesitamos recuperar los niveles de inversión. Los fondos Next Generation no se dirigen a financiar incentivos fiscales a la innovación, no llegan a la velocidad necesaria al tejido productivo y los que lo hacen, no se dirigen a las inversiones de mayor capacidad aditiva y tractora. Sólo así se explica que la inversión empresarial siga un 5% por debajo del cuarto trimestre de 2019. Además, está muy penalizada por la inseguridad jurídica y la incertidumbre que genera este gobierno.

Del mismo modo, nuestra brecha en I+D con los países más innovadores se sigue incrementando año a año. España ha elevado su gasto en innovación hasta el 1,44% del PIB, pero sólo el 56% de éste procede de innovación empresarial, lo que nos sitúa en el país 20 de 27 en la UE. Sin fomentar un ecosistema innovador que permita al país adaptarse a los cambios globales y liderar sectores de alto valor agregado, mejoras tecnológicas y transformación digital no podremos generar ganancias netas de productividad.

Para impulsar el crecimiento a largo plazo de la economía y la productividad, necesitamos recuperar los niveles de inversión.

Romper el statu quo empresarial actual es imprescindible para acometer cambios regulatorios que eliminen las barreras que impiden a las empresas crecer, ser más eficientes y rentables. Sin sendas de beneficios y rentabilidad, no hay inversión o contratación.

Además, el marco jurídico e institucional tiene que ser propicio para fomentar la actividad económica, atraer inversión extranjera y que las empresas planifiquen sus inversiones con previsibilidad. La inestabilidad política deviene en inestabilidad económica. Tenemos la obligación de centrar los esfuerzos en simplificar los trámites administrativos, mejorar la claridad y calidad normativa. 

Mejorar la productividad en España es un desafío complejo que implica visión de futuro, abordar reformas estructurales aplazadas durante décadas y consolidar una estrategia económica de largo plazo, algo impensable para un gobierno cortoplacista. Solo así podremos asegurar el crecimiento económico y la riqueza de las futuras generaciones.

Santiago Sánchez López - Economista