La lista de los reproches que se le podrían hacer al gobierno es extensa, pero lo fundamental es que los fondos no permean al conjunto de la economía con la agilidad necesaria, los grandes proyectos no despegan, no están generando el impacto previsto y el legado de las reformas ligadas al plan, que perdurarán en el largo plazo, es francamente contraproducente para la economía española.

Según el RDL 36/2020, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), es la responsable del ejercicio de control de los fondos. A pesar de no actualizar datos de ejecución real desde agosto de 2021, es la principal fuente confiable para analizar y evaluar una ejecución del gobierno que se define en una sola palabra: decepción.

A cierre de 2023 los pagos realizados ascienden a 9.822 millones de euros, un raquítico 27,3% de los 35.944 millones de créditos definitivos.

Es tal el fracaso, que al ejercicio 2024, con presupuesto prorrogado, se han incorporado 4.396 millones de euros, en su mayoría procedentes de proyectos sin ejecutar del ministerio de Industria.

Gráfico 1. E.E.

Si se amplía el foco y se compara la ejecución de 2023 con los ejercicios precedentes, se observa como al gobierno se le ha atragantado la ejecución. Los porcentajes en la gestión de los fondos europeos del año pasado son inferiores a los de 2021 y 2022 en todas las fases contables.

El dato, mata el relato, así que no es de extrañar que el ministro de economía imite a su predecesora y desplace el impacto de los fondos a ejercicios futuros, ahora hasta 2025.

Gráfico 2. E.E.

Ninguno de los grandes ministerios inversores, como Transportes, Industria, Asuntos Económicos y, especialmente, Transición Ecológica, han demostrado capacidad para movilizar sus fondos, una cuestión que ha sido recurrente a lo largo de estos tres años.

A los responsables políticos se les mide, en primer término, por su capacidad para ejecutar el presupuesto que da forma a las políticas a las que se han comprometido. Lamentable, este gobierno no supera una evaluación rigurosa de la eficiencia en la gestión del gasto público, acumulando un retraso preocupante que va a dificultar cumplir con lo comprometido con Bruselas. Su gestión ni ha estado a la altura de las circunstancias, ni de las expectativas de los ciudadanos y las empresas españolas.

No cabe responsabilizar a las CCAA cuando el gobierno actúa desde la unilateralidad y la recentralización en la toma de decisiones, alejándose del principio de cogobernanza que debería ser fundamental en la gestión de unos fondos con impacto en todas las CCAA y sectores económicos.

Este proceso de recentralización no solo ha generado fricciones entre diferentes niveles de gobierno, sino que también ha limitado la capacidad de adaptación y respuesta a las necesidades del tejido empresarial. A día de hoy, los gobiernos regionales desconocen qué sistema de gobernanza regirá el Fondo de Resiliencia Autonómica que gestionará Nadia Calviño desde el Banco Europeo de Inversiones, dotado con 20.000 millones de euros procedentes de la Adenda.

El problema añadido es que el legado de reformas que van ligadas al Plan de Recuperación dejarán una economía más rígida, menos competitiva y que aplaza, una vez más en nuestra historia, llevar a cabo reformas estructurales esenciales.

Este gobierno no supera una evaluación rigurosa de la eficiencia en la gestión del gasto público, acumulando un retraso preocupante que va a dificultar cumplir con lo comprometido con Bruselas.

El gobierno tiene pendiente desde el primer trimestre de 2023 implantar una reforma fiscal que presionará negativamente la renta disponible y deprimirá una inversión que languidece un 5% por debajo de los niveles prepandemia.

La reforma laboral se demostrado muy eficaz para camuflar el paro oficial, mientras resulta contraproducente para disminuir el desempleo estructural de nuestro país o reducir la dramática brecha con Europa en paro juvenil. Sin embargo, ha logrado que la contratación indefinida haya dejado de ser sinónimo de estabilidad en el empleo.

La Ley de Vivienda implicará un estrechamiento de la oferta, agravando la situación de familias que necesitan disponer de viviendas en alquiler a precios asequibles. La ecuación resultante de más intervencionismo gubernamental y menos seguridad jurídica y predictibilidad, es el fallo del mercado.

Por último, la reforma del sistema de pensiones está condenada a su revisión el próximo año, tal y como ha pactado el gobierno con Bruselas, si no supera el control de la AIReF.

Es realmente sorprendente que mientras la Comisión Europea pone el foco en el impacto futuro que tendrá nuestro sistema de pensiones sobre el déficit y la deuda pública, sopese validar una reforma que rompe con la equidad intergeneracional, no resuelve la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema y traslada a 2025 la posibilidad de subir cotizaciones, reducir la generosidad del sistema de pensiones o una combinación de ambas posibilidades.

Es realmente sorprendente que mientras la Comisión Europea pone el foco en el impacto futuro que tendrá nuestro sistema de pensiones sobre el déficit y la deuda pública.

Ni siquiera la decisión de solicitar por separado las ayudas a fondo perdido y los créditos ha sido acertada. Italia es el ejemplo del error en las cautelas iniciales del gobierno, retrasando la recepción de fondos y que, posiblemente, haya limitado el alcance de algunos proyectos.

Que el ministro de economía se haya visto en la necesidad de ajustar y modificar los hitos por segunda vez, refleja una preocupante falta planificación y escasa adaptabilidad desde el inicio y que, si no se hiciera, provocaría la penalización de España cuando solicite el quinto y sexto desembolso por el escaso avance en las inversiones.

A estas alturas el margen para cambiar el Plan de Recuperación es mínimo, sin embargo, se puede mejorar la coordinación entre todos los niveles de gobierno, garantizar una ejecución más ágil y eficiente de los fondos y asegurar que las reformas estructurales comprometidas con Europa sean coherentes y más ambiciosas. Solo así podremos aprovechar plenamente esta oportunidad única para transformar nuestra economía y garantizar un futuro más próspero y sostenible para las siguientes generaciones.

Santiago Sánchez López - Economista