Por ello, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia guarda un lugar destacado para los proyectos de esta índole. Tomando como base los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el acuerdo con Bruselas señala una serie de objetivos y compromisos que permitirán a España contar con una infraestructura de carga que permita impulsar la movilidad eléctrica.

Y es que los objetivos del PNIEC no pueden ser más ambiciosos. Este proyecto pretende de que, en 2030, España cuente con cinco millones de vehículos eléctricos. Cifra en la que se incluyen coches, furgonetas, motocicletas y autobuses. En paralelo, el estudio señala que se necesitarían algo más de tres millones de puntos de recarga en el ámbito privado en 2030.

La mayoría de estos puntos estarían localizados en el lugar de trabajo. En concreto, el 46,76% del total de las instalaciones de recarga se ubicarían en el ámbito laboral. Mientras, los hogares representarían el 41,34% de estos puntos. Del mismo modo, la infraestructura pública de carga debería alcanzar los 280.000 puntos para el final de la década.

Proyectos del Plan de Recuperación

El Plan de Recuperación va a desempeñar un papel fundamental para alcanzar estos objetivos. Según la versión hecha pública esta semana con los detalles del contrato cerrado con Bruselas, sólo hasta 2023 se pretenden subvencionar 238.000 vehículos eléctricos y puntos de recarga. Un volumen que permitiría dar un gran impulso durante los próximos dos años.

Del mismo modo, el plan prevé el compromiso de obligar a la preinstalación para puntos de carga en el 100% de las nuevas plazas de aparcamiento en edificios residenciales y del 20% de estacionamiento nuevo en espacios en edificios comerciales. Se pretende instalar un punto de carga por cada 40 nuevos plazas de aparcamiento y una por cada 20 espacios en la Administración General del Estado edificios.

Además, se extenderá la obligación para aparcamientos no residenciales existentes de más de 20 plazas de aparcamiento. Estas infraestructuras también deberán adaptarse al requisito de instalar un punto de carga por cada 40 plazas de aparcamiento para 2023.

Un verdadero rally para los próximos dos años que supondrá una base fundamental sobre la que se pretende impulsar la venta de vehículos eléctricos. De la mano de la certidumbre de la existencia de estos puntos de carga se espera que se dispare la demanda sobre este tipo de automóviles y motocicletas.

No sólo en las grandes ciudades

Pero no todo quedará en el ámbito de las grandes ciudades. Para una plena adopción de la movilidad eléctrica será fundamentar que en el ámbito rural también se desarrolle la infraestructura necesaria. En este sentido, el Plan de Recuperación contempla el desarrollo de, al menos, 250 proyectos únicos de energía limpia en municipios con menos de 5.000 habitantes.

La instalación de infraestructuras de carga eléctrica en estas poblaciones contará con un apoyo especial de cara a los próximos años. Un punto fundamental ya que, a diferencia de las grandes ciudades, los desplazamientos de los habitantes de estas poblaciones son más largos que los de los entornos rurales. Contar con el volumen de infraestructura necesaria será clave en estas poblaciones.

No hay que olvidar que, del mismo modo, tanto los municipios de costa como de montaña que durante el año cuentan con poblaciones reducidas disparan su número de habitantes en las temporadas turísticas. De ahí la importancia de que cuenten con infraestructura suficiente para responder a esa demanda.

Así las cosas, la llegada del coche eléctrico va a traer de la mano el despliegue de una nueva infraestructura. Unas instalaciones que actualmente siguen siendo prácticamente simbólicas que, en sólo dos años, recibirán el apoyo para ponerse a la altura e incluso superar el número de gasolineras tradicionales con las que hoy cuenta el país.