Herramienta de inteligencia artificial.
Bruselas plantea una pausa de 16 meses en la ley de IA y relajar las normas de protección de datos tras la presión de Trump
El excomisario de Industria acusa a Von der Leyen de ceder ante los gigantes digitales de EEUU, mientras que 127 ONGs denuncian el desmantelamiento de los derechos fundamentales digitales de los europeos.
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La Comisión de Ursula von der Leyen ha propuesto este miércoles una moratoria de 16 meses en la aplicación de las estrictas obligaciones previstas en la Ley de Inteligencia Artificial para los sistemas considerados de "alto riesgo", como los destinados a selección automatizada de personal, infraestructuras críticas, evaluación de créditos o seguros o reconocimiento facial en espacios públicos.
En lugar de entrar en vigor en agosto de 2026 como está previsto en el reglamento, Bruselas propone aplazar hasta diciembre de 2027 los nuevos requisitos -como la exigencia de evaluar y mitigar los riesgos o reducir los sesgos-, así como las multas para los incumplidores (hasta el 7% de la facturación mundial).
Alega que las normas deben aplicarse solo cuando existan las herramientas y los estándares técnicos que permitan a las empresas cumplirlas, algo que no está previsto que suceda en los plazos marcados originalmente.
La moratoria forma parte de un paquete de medidas conocido como 'ómnibus digital', cuyo objetivo declarado es "simplificar" las normas europeas sobre inteligencia artificial, ciberseguridad y protección de datos.
El equipo de Von der Leyen sostiene que no se trata de "desregular" ni de rebajar el nivel de protección, sino de facilitar la innovación y reducir las cargas burocráticas para las empresas, que según sus cálculos se ahorrarán hasta 5.000 millones de aquí a 2029.
Sin embargo, el ex comisario de Industria, Thierry Breton, uno de los arquitectos de la Ley de IA, ha acusado a Von der Leyen, su antigua jefa, de ceder a la presión de Donald Trump, que se ha aliado con las grandes tecnológicas de EEUU.
"No podemos dejarnos intimidar. Debemos resistir cualquier intento de desmantelar estas leyes, ya sea mediante proyectos de ley 'ómnibus' o por otras vías, apenas unos meses después de su entrada en vigor, con el pretexto de simplificarlas o de corregir un supuesto sesgo antiinnovación", ha escrito Breton.
"Nadie se engaña sobre el origen transatlántico de estos intentos. Así que no seamos idiotas útiles. La segunda expresión de nuestra soberanía digital debe consistir en proteger, a toda costa, la integridad de nuestros pilares jurídicos digitales, también en el plano geopolítico", defiende el ex comisario.
Bruselas propone otros cambios puntuales en la Ley de IA. En primer lugar, ampliar las facilidades concedidas a pymes y empresas de tamaño medio, con documentación técnica más simple que podría ahorrarles al menos 225 millones de euros al año.
También quiere abrir los ‘sandboxes’ regulatorios a un mayor número de innovadores -incluido un espacio de pruebas a escala europea desde 2028- y permitir más ensayos en condiciones reales, sobre todo en sectores clave como el automóvil.
Finalmente, el Ejecutivo comunitario plantea reforzar los poderes de la Oficina de IA y centralizar la supervisión de los sistemas basados en modelos de propósito general, con el objetivo de evitar una gobernanza fragmentada.
Acabar con la 'fatiga de cookies'
Por lo que se refiere a los datos, la Comisión Europea plantea relajar las normas europeas sobre protección de datos personales. Se trata no solo de reducir las cargas para las empresas, sino también de acabar con la 'fatiga de cookies' de los usuarios por la constante aparición de banners solicitando autorización para el tratamiento de sus datos.
En este sentido, el Ejecutivo comunitario propone que los datos anonimizados dejen de considerarse como 'datos personales'. Además, se permite a los gigantes digitales utilizar grandes bloques de datos para entrenar sus modelos de AI, incluso aunque haya datos sensibles, siempre que hagan los 'mejores esfuerzos' para desactivarlos.
Bruselas sostiene que se trata únicamente de cambios puntuales que no rebajan el nivel de protección, ni arrebatan a los usuarios el control de sus datos, ni cuestionan el principio del consentimiento.
Sin embargo, 127 ONGs, entre las que figuran Amnistía Internacional o Transparencia Internacional, han publicado un comunicado conjunto en el que acusan al Ejecutivo comunitario de "desmantelar de manera encubierta las protecciones más sólidas de Europa frente a las amenazas digitales".
"A menos que la Comisión Europea cambie de rumbo, esto sería el mayor retroceso de los derechos fundamentales digitales en la historia de la UE. Se está llevando a cabo sigilosamente, utilizando procesos apresurados y opacos diseñados para evitar el control democrático", dice el comunicado.
En materia de cookies, lo que propone Bruselas es que los usuarios puedan indicar su consentimiento (o rechazo) con un solo clic que tendría una validez de seis meses, así como guardar sus preferencias mediante configuraciones centrales en navegadores y sistemas operativos.
La reforma da un trato especial a los medios de comunicación, a los que se permitirá ignorar parcialmente las señales que reciben. El Ejecutivo comunitario pretende así facilitarles la obtención de ingresos y garantizar así el pluralismo mediático.
Por lo que se refiere a la ciberseguridad, la Comisión propone un punto único de notificación de incidentes de ciberseguridad, unificando los requisitos de varias leyes. Esta plataforma permitirá a las empresas cumplir todas las obligaciones de forma centralizada.
