Los productos paneuropeos de pensión individual (PEPP, por sus siglas en inglés) entraron en vigor el pasado miércoles, 22 de marzo. Con carácter voluntario al tratarse del tercer pilar de las pensiones -el sistema individual-, están abiertos a cualquier persona, si bien son especialmente idóneos para aquellos trabajadores que se mueven entre distintos Estados Miembros de la Unión Europea.

Como recuerda la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, en inglés), su gran atractivo es su “portabilidad” dentro de la UE mediante un esquema de pensiones “estandarizado y regulado”.

Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Que un español podría contratar directamente un plan de pensiones francés, alemán, holandés o italiano esté en Málaga, Bruselas o Atenas. O que gestoras presentes en Europa como Amundi, Generali, PIMCO o Nationale-Nederlanden, por poner solo varios ejemplos, podrían vender sus planes de pensiones a los españoles sin la necesidad de montar una gestora local de pensiones en Madrid o Barcelona.

Y viceversa. Una gestora española como Santander, BBVA, CaixaBank, Bestinver o Mapfre podría vender sus planes de pensiones a un portugués o un rumano sin mayor dificultad.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En pocas palabras, es el mercado común europeo -de capitales en este caso- ampliado al negocio de las pensiones privadas. Sin barreras físicas. Aunque son los obstáculos fiscales los que hacen que la iniciativa nazca ‘muerta’ desde el primer minuto.

En teoría, el mercado contaba con que las grandes gestoras fueran capaces de diseñar productos baratos y de alta calidad armonizándolos a nivel europeo como ya ocurre con los fondos de inversión o los ETFs, esto es, los fondos indexados que cotizan en bolsa. Y que estos se distribuyeran transfronterizamente con un mero pasaporte europeo. Más competencia siempre es bueno para el ahorrador final. Pero en esta ocasión hay un gran escollo que salvar.

El límite de 1.500 euros

Y ese impedimento no es otro que el segundo recorte consecutivo que el Gobierno de Pedro Sánchez, con el ministro José Luis Escrivá como promotor, ha acometido en los beneficios fiscales de los planes de pensiones individuales, el equivalente a los novedosos planes de pensiones paneuropeos.

En 2020, el límite máximo anual a desgravarse en el IRPF por aportaciones a un plan privado era 8.000 euros. En 2021, el tope se rebajó a 2.000 euros. Y desde 2022, la cuantía máxima son 1.500 euros, lo que supone un recorte fiscal del 81,25% en apenas dos años.

La reacción de aquellos ahorradores que quieren complementar su pensión pública con una privada cuando se retiren no se ha hecho esperar. El 2021 fue el primer año en la historia de estos vehículos con reembolsos netos, por valor de 92 millones de euros, y en este ejercicio ya han multiplicado por 1,5 veces las salidas de dinero de todo el año pasado. Y eso cuando solo han transcurrido dos meses.

Así pues, no ayuda que a la falta de una base fiscal común europea, España haya acotado los beneficios fiscales de los planes individuales. Porque, como se incluyó en el anteproyecto de Ley de Regulación para el Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo, se iguala el tratamiento fiscal “que corresponda a los planes de pensiones” para los productos paneuropeos de pensiones individuales regulados en el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019. “Y se incluirán en el límite máximo conjunto”.

Desarrollos parados

Fuentes de las gestoras reconocen que “no hay mucho interés de ninguna entidad por sacarlos en España, ni nacional ni extranjera”. “Con el mensaje de reducción progresiva de incentivos al tercer pilar, que no se sabe dónde acabará, nadie quiere hacer los enormes desarrollos que supone el PEPP”, aseguran.

Las entidades tendrían que acometer, directa o indirectamente vía acuerdos, inversiones para dar cumplimiento a las normas, tanto a la europea de PEPP como a la fiscal española. En materias como traspasos, información fiscal, reporte o prevención de blanqueo de capitales. “Y esos desarrollos, acuerdos o infraestructuras no interesan”, creen las fuentes financieras consultadas.

En todo caso, se aventuran a señalar que “habrá alguna entidad española que saque algo, pero no tanto por la oportunidad de negocio, sino por el titular de ser los primeros”. Aunque, hoy por hoy, el entusiasmo es nulo.