Tras la suspensión de la operación de compra inicial de Air Europa, Iberia y Globalia han firmado un nuevo acuerdo para llegar a alguna alternativa. Ahora se han fijado de plazo finales de enero de 2022 para encontrar una nueva fórmula accionarial que implica la entrada del Gobierno en el capital. Un hecho que igualará a España con otros países de la UE que han hecho lo propio con sus aerolíneas y que supone el retorno del Estado al accionariado de una aerolínea. 

Este acuerdo que se negocia implica que Iberia tome una posición no dominante en la compañía aérea (por debajo del 50%), mientras que el Estado entre en el capital de la aerolínea para salvar la ayuda pública prestada a la compañía aérea, según fuentes cercanas a la operación.

Con este nuevo acuerdo la compañía de IAG evitará consolidar la deuda cercana a los 800 millones que tiene Air Europa, según adelantó ‘El Confidencial’ y confirma este medio. De hecho, la familia Hidalgo también permanecerá en el capital de la compañía. El porcentaje, de momento, se desconoce. 

La entrada del Gobierno español se suma a lo que han hecho otros países con las principales aerolíneas. Por ejemplo, con el segundo rescate a Air France, de 4.000 millones de euros, el Estado francés duplica su participación, del 14,3 al 28,6%.

Por su parte, la alemana Lufthansa recibió 9.000 millones de euros en ayudas. Su rescate en plena Covid supuso la entrada del Estado germano con una participación del 20% de su capital. Aunque su caso es distinto, ya que contempla la salida del Gobierno. 

La venta de la participación del Estado alemán en Lufthansa debe completarse a más tardar 24 meses después de la ampliación de capital realizada recientemente, una vez que la compañía devuelva todas las ayudas. De momento, ha devuelto 1.500 millones.

Y tras cinco años de gestión privada, la Covid ha devuelto a la aerolínea TAP al control del Estado portugués, que con el rescate de 1.200 millones pasa a tener el 72,5% del capital. Una segunda ayuda, de 2.730 millones, está siendo investigada. 

Aunque el caso más extremo es el de Alitalia. El intento del Gobierno por buscar capital privado para levantar la aerolínea fracasó. La pandemia no ayudó en nada y de las cenizas de la antigua Alitalia se ha creado una nueva compañía pública: ITA (Italia Trasporto Aereo).

En el caso del Estado español, hacía más de dos décadas que no entraba en el accionariado de una compañía. La última vez fue en Iberia. Pero la liberalización aérea en los años 90 y la salida a Bolsa de 2001 de la aerolínea culminó un proceso de privatización.

Aviso del Gobierno

En el caso de Air Europa, la entrada del Gobierno era una alternativa que se veía venir. Esta opción siempre ha estado sobre la mesa y sería a través del préstamo participativo de 240 millones que la compañía recibió dentro del rescate de 475 millones de euros aprobado hace justo un año por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

El Gobierno ya advirtió el miércoles que va a analizar “las distintas opciones que se abren en esta situación, con la intención de garantizar la continuidad de la actividad y las operaciones (de la aerolínea)”, afirmaron fuentes gubernamentales a EL ESPAÑOL-Invertia. 

El rescate también llevó aparejado una serie de condiciones, como que la sociedad pública SEPI pudiera nombrar CEO de la compañía. Este se concretó en la figura de Valentín Lago. Antes que él llegaron otros dos cargos a propuesta también de la SEPI: José Ángel Partearroyo y Juan Manuel Bujía, como vocales.

En definitiva, el Estado es uno de los actores más perjudicados si la operación no se lleva a cabo. En juego hay mucho dinero público. Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha puesto a disposición de la aerolínea de Globalia más de 600 millones de euros en préstamos por la Covid. Al rescate que deberá devolver en seis años se suma un crédito ICO de 140 millones de euros.