Las petroleras cifran en 255M las primeras reclamaciones por el apagón a la espera de que se depuren responsabilidades

El caos vuelve a tomar fuerza con la llegada de las primeras reclamaciones millonarias y el inicio de lo que promete ser una larga batalla legal para determinar quién responderá ante los afectados.

El sector petrolero ha sido el primero en reflejar con cifras concretas el golpe económico del apagón. Cuando una refinería se detiene de forma prolongada, el crudo puede solidificarse en tuberías y equipos, lo que obliga a realizar costosos trabajos de mantenimiento para evitar daños.

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Las cuentas semestrales de Repsol ya han reconocido un impacto de 175 millones de euros por lo sucedido el 28 de abril.

Un deterioro al que también contribuyeron varios apagones en sus instalaciones de refino en Cartagena, el 22 de abril, y en su complejo de Puertollano, el 16 de abril, que afectaron significativamente a su producción.

"La compañía está evaluando las posibles acciones legales que podrían ejercitarse, cuando se determinen oficialmente las responsabilidades relacionadas con el apagón", indica Repsol en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La portuguesa Galp también ha puesto algunos números al impacto. Según sus informes financieros del semestre, procesó un 10% menos de crudo en sus refinerías debido al corte de suministro eléctrico que paralizó la red peninsular. Analistas cifraron el impacto en 80 millones de euros.

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Por el momento, ni Red Eléctrica, el operador del sistema, ni las grandes compañías eléctricas han hecho provisiones contables por el cero eléctrico.

En sus informes financieros, Iberdrola califica como "remoto" el riesgo derivado del incidente y asegura que ni sus sociedades participaron ni provocaron el fallo eléctrico. Incluso señala que sus activos ayudaron a restablecer el servicio.

En cualquier caso, sí apunta que las posibles reclamaciones de clientes estarían cubiertas por sus pólizas de seguros y que, por ahora, no ha recibido ninguna demanda judicial.

Redeia, matriz de Red Eléctrica, también ha rehuido hasta el momento cualquier paso legal o contable.

Su presidenta, Beatriz Corredor, fue tajante el mes pasado en una de sus intervenciones públicas: "A día de hoy no hemos encontrado fallos en la red de transporte". Por ello, descartó realizar provisiones por posibles reclamaciones, aunque matizó que como empresa cotizada actuarán conforme a la normativa si fuera necesario.

Y es que las investigaciones, lejos de aclarar el origen del llamado “cero eléctrico”, han generado aún más incertidumbre. El primer informe, elaborado por el Gobierno, no arroja conclusiones definitivas.

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Como señaló la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el objetivo principal es identificar las causas y proponer medidas preventivas; sin embargo, las responsabilidades y posibles consecuencias legales serán determinadas en los tribunales.

El informe atribuye responsabilidades compartidas: por un lado, a Red Eléctrica, por una “mala programación previa”, y por otro, a las compañías eléctricas que no actuaron debidamente durante el incidente.

Red Eléctrica se defendió rápidamente y, apenas un día después, publicó su propio análisis. En él se desmarca por completo de cualquier error y traslada toda culpa a las grandes eléctricas. Iberdrola y Endesa, agrupadas en la patronal Aelec, respondieron una semana más tarde, apuntando a Red Eléctrica como única responsable del fallo sistémico.

Cabe señalar también que Iberdrola ha solicitado al Tribunal Supremo que anule la investigación del Gobierno, pues argumenta que el Comité de Investigación creado por el Ejecutivo carece de competencias para investigar el incidente.

Sin soluciones

Hasta el momento, y tres meses después del apagón, ni siquiera se han aprobado las reformas técnicas necesarias para evitar que algo así vuelva a repetirse.

El llamado decreto antiapagones (Real Decreto-ley 7/2025) fue rechazado la semana pasada en el Congreso, en una votación que se convirtió de facto en un examen parlamentario al Gobierno.

Pese a contar con el respaldo del sector eléctrico y de las asociaciones de consumidores, el texto no logró superar el escrutinio. El voto conjunto en contra de PP, Vox, Junts, Podemos y BNG impidió su convalidación.

A la espera quedan otros dos informes oficiales. El de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-e) se espera para finales de verano.

El de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tardará más. Su investigación incluirá, no solo las horas previas al apagón, sino los patrones de operación en días y semanas anteriores, en busca de anomalías que puedan explicar lo ocurrido.

Entre tanto, el apagón sigue sin culpables ni soluciones, pero ya tiene víctimas que reclamarán una compensación.