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Covirán ficha a Garrigues y Blas González para reforzar su estrategia legal en plena batalla judicial

La cooperativa interpuso un recurso ante la orden del juez de convocar una Junta Extraordinaria en mayo y está a la espera de conocer la respuesta. 

7 abril, 2021 02:26

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Covirán refuerza su estrategia legal ante la judicialización de sus problemas con algunos socios expulsados. Según ha podido saber Invertia, la cooperativa ha fichado a los despachos de abogados Garrigues y Blas González para asesorar al Consejo Rector y para llevar los temas jurídico-mercantiles, respectivamente. 

Se trata de dos grandes firmas y de reconocido prestigio que vienen a reforzar determinadas áreas en Covirán. Especialmente la segunda, que cuenta con Blas A. González, abogado que ejerció como juez durante 17 años y que fue miembro de la primera promoción de jueces de lo Mercantil. 

Desde 2019, la cooperativa trabaja con el bufete HispaColex. Con la contratación de estos dos despachos, esta relación no ha cesado totalmente; es decir, HispaColex sigue trabajando para Covirán, aunque ahora solo lo hará en cuestiones laborales, según confirman fuentes cercanas a la empresa, que niegan problemas de desconfianza de la cooperativa con este bufete.

Asimismo, el director de HispaColex, Javier López, dejará de ser letrado asesor del Consejo Rector de Covirán. De momento se desconoce quien le sustituirá en este cargo. 

La entrada de estos dos nuevos despachos de abogados permiten a Covirán reforzar la estrategia en la parte jurídica-mercantil. “Lo que ha hecho Covirán es diversificar, algo normal teniendo en cuenta la judicialización que se ha producido con algunos socios críticos”, explican fuentes del sector.  

Últimos autos

Esta creciente judicialización se ha visto reflejada por las dos últimas órdenes procedentes del juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada. En marzo, el juez prohibió cautelarmente a Covirán a interrumpir el suministro de productos a uno de los socios expulsados durante la Asamblea General celebrada en octubre por, según la cooperativa, presentar 80 firmas falsificadas (de las 270 presentadas) para solicitar una Junta Extraordinaria. 

En concreto, este auto se refiere a la mercantil Agustina de Aragón 1988 S.L., que gestiona tres supermercados de Covirán. La cooperativa deberá suministrar los productos que ésta necesite y a los precios que en cada momento se determine, según el auto al que tuvo acceso Invertia.

También tendrá que mantener la gestión y desarrollo de sus tres supermercados a través del programa de gestión informática “Coviges” y el sistema de vencimiento de pago a 21 días de los ciclos semanales de facturación devengados por suministro.

Junta Extraordinaria

Esta sentencia llegó después de que el mismo juzgado granadino obligara a Covirán a convocar una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 20 de mayo donde se votará la propuesta -impulsada por los socios críticos- de revocación de los miembros del Consejo Rector.

No obstante, aún no es firme ya que la cadena andaluza ha interpuesto un recurso del que todavía no se ha pronunciado el juzgado, aseguran desde la compañía, que esperan que se resuelva próximamente. 

Esta orden llegó por la solicitud de un grupo de socios críticos con la gestión de Covirán agrupados en la plataforma ‘Nos duele Covirán’. Hace casi un año exigieron la convocatoria de una Asamblea Extraordinaria para designar una nueva dirección. Estos denuncian ciertas “irregularidades contables” y “acciones no legítimas” llevadas a cabo por la directiva.

La Covid obligó a posponer dicha asamblea. Pero el pasado 18 de octubre la Asamblea General de Covirán aprobó “por amplia mayoría” las cuentas anuales del ejercicio 2019, respaldando con ello la gestión del Consejo Rector y de la presidenta y consejera delegada del Grupo, Patro Contreras. 

Además, la cooperativa terminó con la división interna Y la expulsión de dos de los socios críticos: Tu Súper Morón SL y Agustina de Aragón 1988 SL, por una falta muy grave al haber presentado una solicitud de convocatoria de Asamblea Extraordinaria con 80 firmas falsificadas (de las 270 presentadas), en el mes de marzo.