Una herramienta que dará aire a las empresas más afectadas por las consecuencias de la guerra, pero que va a tener una contraparte negativa para la banca... salvo que las autoridades europeas decidan, de nuevo, ser flexibles.

Con el objetivo de mantener a raya el riesgo de impago, los bancos están obligados a clasificar los créditos en tres categorías: normales (cuando se espera que el cliente devuelva el préstamo), en vigilancia especial (cuando el riesgo de impago ha aumentado desde el momento de la concesión del crédito) o dudosos (cuando se da por impagado o, de hecho, se ha dejado de pagar). Dependiendo de cuál se aplique a cada crédito el banco tendrá que dotar más o menos provisiones.

Refinanciación

La normativa bancaria actual obliga a reclasificar como crédito dudoso aquel que sea refinanciado con impacto significativo o, como explica Fernando de La Mora, managing director y head de Alvarez & Marsal en España y Portugal, cuando "genere un impacto importante en lo que es el net present value [valor actual neto] del crédito".

"En principio, bajo la normativa actual cualquier refinanciación importante del plazo o una moratoria adicional de crédito es una refinanciación y debería suponer una reclasificación adicional", explicó el experto durante la presentación del informe El pulso de la Banca el pasado lunes.

Este sería el caso de los créditos ICO concedidos durante la pandemia. No en vano, el Gobierno va a permitir que, al menos en el caso de los de los sectores más afectados, se amplíen sus vencimientos y sus carencias, es decir, los periodos de gracia durante los cuales los clientes solamente tienen que pagar los intereses, sin devolver las cuotas del préstamo.

Estos plazos iban a terminar antes del próximo verano, pero la prórroga que pretende dar el Ejecutivo amplía este horizonte considerablemente. Una decisión que dará aire a las empresas más afectadas por esta crisis, especialmente a las que pidieron créditos ICO durante la pandemia.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, interviene en el pleno del Congreso de los Diputados, este miércoles. Juan Carlos Hidalgo EFE

Sin embargo, teniendo en cuenta la normativa antes explicada, esta ampliación de las carencias y los vencimientos, que implicaría una refinanciación, llevará estos créditos a la categoría de morosos. Así, por defecto aumentará la ratio de activos improductivos de la banca, es decir, la morosidad. Y, con ella, las provisiones que los bancos deben dotar para protegerse frente a los posibles impagos.

Aunque en este caso existe un matiz, como apunta Eduardo Areilza, senior director de Alvarez & Marsal. Como se trata de créditos avalados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), los bancos solo tendrían que provisionar por la parte que les tocaría asumir en caso de que no se devuelvan los créditos, que es de un 25% de media (el Estado se comprometió a garantizar entre un 60% y un 80% dependiendo del tipo de préstamo).

Flexibilidad

Claro que existe una vía para que esto no ocurra y es que las autoridades bancarias europeas apliquen flexibilidad, es decir, que eximan a los bancos de tener que reclasificar como morosos este tipo de préstamos como una medida excepcional. La tarea le correspondería a la Autoridad Bancaria Europea (EBA) y a ella se podría sumar el Banco Central Europeo (BCE).

Ya lo hicieron durante la pandemia, lo que coadyuvó a que la ratio de morosidad no se disparara y, de hecho, se mantiene aún en mínimos históricos en el entorno del 4,32% (dato a cierre del pasado mes de enero según el Banco de España). Por el momento, no hay ninguna indicación de las autoridades en este sentido.

Existe la posibilidad de que renueven su decisión habida cuenta de que, según los expertos de Alvarez & Marsal, se espera que otros países tomen también la medida de ampliar vencimientos y carencias.

No obstante, las propias autoridades están actuando de manera diferente a como lo hicieron durante la pandemia dado que la situación tiene poco que ver. Si durante la pandemia el problema para las empresas fue la paralización de su actividad por las restricciones sanitarias, ahora lo es un aumento de sus costes por el precio de la energía.

Un ejemplo es la posición del BCE respecto a la distribución de capital de los bancos. En abril de 2020 recomendó a las entidades no repartir dividendos y los bancos no fueron completamente libres de hacerlo hasta octubre del pasado año. Esta vez, sin embargo, el supervisor no va a tomar una decisión general para todo el sector, sino que evaluará la necesidad de tomar medidas "banco a banco".

Lo que sí está haciendo el BCE es pedir a los bancos de la zona euro que analicen cuál podría ser el impacto indirecto de la guerra de Ucrania en sus balances por la exposición que tienen a empresas afectadas por los elevados precios de la energía. Y que tengan esta información en cuenta a la hora de tomar las decisiones sobre su capital y la distribución de sus beneficios.