Aunque para los aficionados a la radio y el podcast ese 'micro' sería la joya de la corona del despacho, lo que de verdad llaman la atención son las distintas obras de arte que cuelgan de sus paredes. Tres cuadros, no muy grandes. Dos acompañan a la presidenta de la CNMC en sus distintos destinos profesionales desde hace años. Cuando los cuelga ya “se siente como en casa”.

Cani Fernández se considera una aficionada al arte, un mundo en el que está haciendo sus pinitos como coleccionista. Las jóvenes figuras son las que más llaman su atención y, poco a poco, va haciendo su pequeña colección particular. Sin duda, una vía de escape a la presión que se vive en la CNMC, en donde las subidas de precios que vemos en las últimas semanas preocupan. Temen que la picaresca pueda producir un “a río revuelto ganancia de pescadores” en forma de concertaciones de precios en algunos mercados.

Hemos visto un aumento del IPC en marzo del 9,8%. Los precios energéticos tienen buena parte de la responsabilidad, como viene ocurriendo en los últimos meses. Hasta hace poco la subida de precios se veía como un shock coyuntural, pero no sé si están ustedes pensando ya en que esto puede ser estructural. 

Hasta hace dos meses teníamos la convicción de que la desestabilización de los mercados energéticos era coyuntural, exacerbada porque estábamos en plena campaña de invierno. A ello hay que sumarle también el hecho de que los almacenes gasísticos de la Unión Europea no estaban completos, aunque es verdad que en España sí lo estaban. 

Esperábamos que tras el invierno volviera una cierta normalidad, pero en verano veíamos que Gazprom ya era un poco parca en los suministros contratados con muchos países europeos. Unos contratos firmados, precisamente, para la campaña invernal. 

Eso es lo que veíamos a largo plazo. No se podía prever que hubiera una guerra, y eso hace que la situación ya no sea tan coyuntural. Ojalá lo fuera, pero hay que estar preparados para lo peor. Por eso hay que pensar en términos de mercado, pero también en términos de medidas urgentes y extraordinarias. 

Medidas, ¿de qué tipo?

Las medidas urgentes y extraordinarias son para situaciones urgentes y extraordinarias. Por lo tanto, hay que prepararlas bien para que cumplan con su finalidad y no generen dificultades en el futuro. 

¿Y qué tenemos ahora? Unos precios de la energía desbocados, unos shocks en las cadenas de suministro en sectores como la alimentación o los semiconductores, etc. Tenemos que reaccionar con medidas, y eso es lo que ha dejado claro el Consejo Europeo de la semana pasada. Ha clarificado cuáles son los frentes a los que tenemos que dar respuesta rápidamente de la forma más coordinada posible.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández. Javier Carbajal.

Algunas de las medidas que el Consejo ha adoptado tienen todo el sentido. Por ejemplo, crear un bloque conjunto de compra de gas natural; hacernos fuertes en el almacenamiento para no ser tan vulnerables en futuros inviernos complicados, etc. En definitiva, hemos tomado conciencia a nivel de la Unión Europea de que hay que hacer algo y de que hay que adoptar soluciones. 

Hablamos de medidas que van más allá de las adoptadas hasta el momento que tenían una finalidad coyuntural: subvención inmediata a los usuarios, bonos a los consumidores, reducciones impositivas temporales, etc. 

Pero lo que deja claro el Consejo del fin de semana pasado es que la situación no va a ser tan coyuntural como se preveía, y que hay otras preocupaciones que afrontar.

El de la energía es uno de los campos que más preocupa. De hecho, el primer gran acuerdo europeo que se ha adoptado ha sido el reconocer la excepcionalidad energética de la Península Ibérica. Ya hemos visto algunas medidas del Gobierno para reducir la factura de la luz y la gasolina, pero está por ver qué se hace con el precio del gas y si se desacopla o no de los precios de la electricidad. ¿En qué sentido deberían ir las nuevas medidas que se adopten? 

Tenemos que trabajar en dos frentes. El primero es reconocer que, efectivamente, España es una isla energética. No tenemos las interconexiones que deberíamos tener. Hemos impulsado todo lo posible la interconexión eléctrica con Francia, pero se tiene que impulsar más. Nos falta apoyo al otro lado de la frontera. 

Francia ha apostado muy fuerte por la energía nuclear, nosotros tenemos una apuesta absoluta por las energías renovables

Mientras no tengamos nuestras interconexiones bien equipadas, seguiremos teniendo ese problema de insularidad. Una situación que hemos intentado combatir con una serie de infraestructuras que nos colocan en una posición inmejorable, tanto en lo que son los gasoductos que hemos construido, como en las plantas de regasificación. Pero claro, apuntando siempre a esas energías fósiles que en estos momentos pueden desviarse de precio en los mercados. 

Todo eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay que luchar por mantener e impulsar esas interconexiones. ¿Por qué? Porque el mercado energético de la Unión Europea podría tener una capacidad de autocompensación casi perfecta. Francia ha apostado muy fuerte por la energía nuclear, nosotros tenemos una apuesta absoluta por las energías renovables. Con una interconexión suficientemente buena podríamos tener una autonomía energética muy superior a la actual y que no sea dependiente de las energías fósiles. Debemos avanzar sin pausa hacia la descarbonización, no podemos dar marcha atrás. 

Por tanto, mientras las circunstancias aconsejen una revisión del funcionamiento normal de los mercados (porque ahora no hay normalidad), España tendrá que adoptar las medidas necesarias para que no tengamos el reflejo de la última molécula de gas en el precio de la energía. Por tanto, lo que el gobierno está haciendo (entiendo) es trabajar en medidas que sin poner en riesgo la descarbonización, reconozcan la insularidad energética de España, no distorsionen la competencia de forma irreparable y se permita una rentabilidad razonable a la inversión que vamos a tener que seguir haciendo. 

Lo que parece claro es que va a haber una intervención en los mercados. ¿Avala usted ese intervencionismo aunque no permita el libre mercado? 

Primero tendré que ver las medidas que se adoptan que, entiendo, están siendo promovidas en el marco de la Unión Europea que es el regulador energético. El reconocimiento de la insularidad energética de España y Portugal tiene como consecuencia que va a haber margen de maniobra para actuar, pero no nos olvidemos que siempre va a ser en ese marco europeo. Nosotros vigilaremos que así sea, y cumpliremos con las funciones de supervisión que se nos asignen.

Habrá que esperar a conocer la decisión final del Gobierno y qué medidas traslada a la Comisión Europea, pero por lo que se viene dejando deslizar hasta ahora se habla de 'topar' los precios del gas. Eso supondría generar un déficit de tarifa que habrá que pagar en algún momento, ¿estamos cometiendo errores del pasado? 

No se puede tener todo. Los problemas hay que resolverlos de la mejor manera posible. Si intentamos prever en las medidas que adoptemos ahora, lo que puede ser la situación del futuro, estamos integrando los elementos de causar el menor daño posible a esa situación futura. Pero lo que no podemos hacer es actuar en una situación de urgencia con medidas que solamente miran al largo plazo. La realidad es que lo tenemos que decidir ahora. 

¿Déficit o no? Teniendo en cuenta que nuestra economía se puede colapsar si los precios de la energía no se controlan, pues hacerse esa pregunta es un lujo en este momento. Las cosas hay que analizarlas según vienen y en estos momentos la urgencia nos lleva a analizar las medidas del ahora. 

Tenemos una inflación muy elevada que puede dejarnos consecuencias indeseables durante mucho tiempo y, por tanto, hay que luchar contra ella. No existe una solución mágica, y seguro que se están buscando medidas para que, si se genera un déficit futuro, no se convierta en algo inmanejable. Pero insisto, estamos ante una situación excepcional que era imprevisible hace meses, y lo que hay que hacer es solucionar el ahora. Si no lo arreglamos también tendremos problemas en el futuro. 

Francia ha apostado muy fuerte por la energía nuclear, nosotros tenemos una apuesta absoluta por las energías renovables. Javier Carbajal.

¿Fue un error hacer que los precios de la luz se actualicen con los precios de la energía en subasta diaria? 

Cuando los mercados funcionan bien, el dinamismo siempre proporciona eficiencias. Si ajustamos bien la oferta y la demanda de forma automática, estoy trasladando excedentes al consumidor de forma automática. Cuando los mercados funcionan bien, el dinamismo siempre es un plus. 

Cuando la volatilidad es el fruto de circunstancias no controlables o sobrevenidas, como es este caso, ya no es un buen indicador de competencia y eficiencia, sino que nos coloca en riesgos inasumibles. Y no hay nada peor en los mercados que la incertidumbre, que es lo que impera en estos momentos. 

No creo que podamos hablar de errores del pasado. Tenemos que ver las cosas en las circunstancias y el contexto en que se aplican. Ante una crisis como la que estamos viviendo en Ucrania, donde vemos cómo defienden su país, cómo al final del día lo que importa es lo que importa, deberíamos darnos cuenta de que no podemos estar hoy quejándonos de lo que hace dos años fue una medida que resolvió un montón de problemas. Máxime cuando en ese momento estábamos mucho peor que ahora. 

Pero, ¿hay que adoptar medidas aunque conlleven la intervención del mercado?

En circunstancias excepcionales, medidas excepcionales. El mercado no está funcionando porque las condiciones no son las que debe tener un mercado. Hay que intervenir. Por eso tenemos regulación y competencia. Regulamos cuando los mercados tienen fallos que no se pueden resolver por sí solos y dejamos la libre competencia cuando funcionan bien. 

En estos momentos los mercados energéticos no están funcionando como auténticos mercados. Están sometidos a un montón de presiones que no son propias de un mercado en sí, sino que son factores exógenos. Un shock de demanda generado por un año y pico de pandemia, sin producción y con procesos parados que ha tirado de la energía y que se nos ha complicado todavía más con un conflicto internacional. 

El Gobierno ha encargado a la CNMC que revise los contratos que las compañías tenían la obligación de entregar, bajo declaración jurada, al operador del sistema, Red Eléctrica, para comprobar que no se estaba vendiendo la electricidad internalizando los altos precios del gas. No sé si puede comentarnos cómo va el proceso. 

Lo está instruyendo la dirección de Energía. La instrucción es independiente de la decisión, que nos llegará al consejo cuando esté todo instruido. Me consta que ha habido requerimientos de información intensos, y que se está obteniendo información de gran calado. El director de Energía, a mi pregunta de cuándo estará listo, lo que me dice es que estará más o menos en abril. 

Estamos viendo cómo las grandes petroleras están ofreciendo descuentos ante la subida de combustible. Muchos van más allá del mínimo al que les obliga el Gobierno de cinco céntimos. ¿Van a investigar si hay concertación de precios o algún tipo de práctica anticompetitiva? 

Eso es una buena noticia. Es maravilloso que haya descuentos. ¿Investigarlos? Salvo que sean resultado de un cártel o los lleve una empresa en posición de dominio, es complicado. Es un mercado liberalizado, a diferencia del mercado energético, en el que sí que tenemos una regulación que nos permite supervisar a todas las compañías. 

La CNMC lleva muchísimo tiempo intentando incrementar la competencia en el sector de los carburantes

El hecho de que haya descuentos para nosotros es una muy buena noticia, porque eso induce a que haya más competencia por parte de los demás. Claro, la pregunta es si eso es suficiente. A la vista de cómo están evolucionando los precios, el precio del crudo, que además hay ataques a gasoductos y a tanques de petróleo y que eso va a redundar en una menor oferta, y a que haya un incremento de precios, pues entiendo que el Gobierno quiere adoptar medidas.

Esas medidas pueden ayudar a controlar el desboque de precios en un momento en el que el mercado no funciona bien, y nosotros podemos incrementar esa supervisión, pero en principio que haya descuentos es una muy buena noticia. 

¿Hay suficiente competencia en el mercado de combustibles? 

La Comisión lleva muchísimo tiempo intentando incrementar la competencia en el sector de los carburantes. Es un mercado difícil porque es un mercado muy transparente. Tenemos los precios de los monolitos, con lo cual es fácil alinearse y además es un mercado en el que se produce el efecto llamado de roca y de pluma. 

Precisamente por esa transparencia es fácil que se produzcan alineamientos de precios sin ni siquiera ningún tipo de colusión. Como es un mercado que en sí mismo tiene estructura, ya con esa transparencia hay pocos operadores y es difícil que se puedan generar situaciones oligopolísticas. 

Por eso la CNMC emitió en 2012 un informe para incrementar la competencia en los carburantes. Eran medidas destinadas a dar entrada a nuevos operadores u operadores independientes. No solo para grandes compañías, también para gasolineras automáticas. 

Nuestros estudios demuestran que cada vez que hay una gasolinera automática en el entorno de una corona, que es donde uno normalmente va con el coche a rellenar el depósito, se producen bajadas de precios de hasta el diez por ciento, dependiendo de cuánta competencia haya en el entorno.

Permítanos que cambiemos de sector. El otro día el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, comentaba que ya está tardando la CNMC en promover la igualdad entre los operadores. ¿Qué le decimos?

Lo primero, que se tendrá que adoptar la nueva Ley General de Telecomunicaciones en el Parlamento para que yo pueda hacer esto. Tenemos pendiente la implementación del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas, donde uno de los temas que se va a abordar es la asignación de responsabilidades y derechos entre los desarrolladores de las redes y los que van a prestar servicios sobre esas redes.

Hablamos del desarrollador de las redes, que son grandes empresas de telecomunicaciones y los que prestan servicios sobre ellas, pues tenemos a todos los Netflix y a todas las plataformas. 

Es en el marco de esa ley en el que se va a establecer toda la regulación, y en donde se nos va a dotar de competencias sobre cómo se tienen que llevar a cabo estas relaciones, y cuál es el equilibrio necesario para que cada uno reconozca al otro el valor de su aportación al consumidor final.

¿Y cómo debe ser esa relación? Porque esto es una batalla que viene ya de tiempos inmemoriales…

En cuanto veamos la ley o el proyecto, por lo menos, lo sabremos. De momento hemos enviado un IPN en el que hacemos algunas propuestas, pero tenemos que ver cuál es la tramitación parlamentaria. Lo que está claro es que hay que encontrar un equilibrio. Si no lo hacemos nunca habrá los incentivos correctos.

Si el que tiene que desarrollar las redes no recibe una compensación suficiente por ese desarrollo y todo el posible beneficio final que aporte el consumidor se lo va a llevar el que presta los servicios no tenemos una situación de incentivo para poner redes. En estos momentos no nos podemos permitir el lujo de desincentivar el desarrollo porque el 5G está en juego. 

¿Han empezado a revisar las consecuencias que podría tener la fusión o la joint venture entre Orange y MásMóvil? 

Estamos en una fase muy preliminar porque ellos lo que han pactado de momento es una exclusividad de negociación. Entiendo que cuando ya tengan diseñados los elementos básicos de ese posible acuerdo contactarán con Bruselas, porque esta es una operación de dimensión comunitaria. Nosotros tendremos que tener nuestro criterio, porque nos lo preguntarán. 

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández. Javier Carbajal.

De momento tenemos una idea más o menos clara sobre las fortalezas y las debilidades de cada grupo, pero como no sabemos de qué forma plantean la operación, es difícil opinar. Lo que está claro es que en el momento en el que se empiezan a definir los elementos de la operación y qué es lo que piensan hacer, cuáles son sus sinergias, sus solapamientos y qué van a hacer con ellos, nosotros lo analizaremos. 

Lo que parece claro es que el sector está abocado a una consolidación. 

Habrá que analizar si eso representa una reducción de competencia o un incremento. Hay veces que tener menos operadores en el mercado más eficientes pueden suponer mayor competencia que tener operadores asimétricamente colocados. Esa es la belleza del derecho de la competencia y del control de concentraciones. Hay que ver caso por caso. 

Queríamos conocer su opinión sobre otra operación que se iba a producir y que ha embarrancado: la compra de Air Europa por parte de Iberia.

La Comisión Europea, que fue la que analizó la operación porque todavía tenía jurisdicción para hacerlo, puesto que a Reino Unido todavía se le aplicaba la normativa de competencia, ya hizo un análisis muy concreto en el que dictaminó qué problemas se observaban.

Incluso se barajaron algunos posibles remedios, identificando en qué rutas habría una posición monopolista y por lo tanto reducción de competencia. Lo que pasa es que la operación no llegó a buen puerto. Al final parece que se prevé un periodo de convivencia durante un cierto tiempo y las compañías no descartan, por lo que tengo entendido, volverse a plantear la operación en algún momento.

No se debe mantener el ratio de una licencia de VTC por cada 30 de taxi, es una barrera de entrada

¿Cómo debe ser la convivencia entre taxis y VTC?

Pues tiene que ser una convivencia en un mercado competitivo. Tiene que haber competencia.

¿Uberizamos el taxi o taxificamos las VTC?

La verdad es que no lo sé. Habría que verlo desde la perspectiva del consumidor y ver dónde tiene el mejor de todos los mundos. Desde que las VTC entraron en el mercado del transporte público, todo lo que es el sector del taxi se ha modernizado enormemente. Han hecho un gran esfuerzo por modernizarse utilizando plataformas que antes no se empleaban, poniendo flotas mucho más amplias que las que puedan tener Uber y Cabify a disposición de los usuarios.

Todos hemos ganado con la entrada de las VTC. Y creo que pueden coexistir. Creo que son mecanismos alternativos de suministro de servicios de transporte para el ciudadano. Tienen que competir en términos de competencia suficiente. Si hay situaciones que son distintas entre unos y otros, habrá que tenerlas en cuenta. Pero en la medida en que el consumidor tiene que tener la capacidad de elección.

Le iba a preguntar directamente si se debe mantener el ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxi…

No. Yo creo que no se debe mantener. Directamente, es una barrera de entrada. En mi opinión es contraria al derecho de la Unión Europea, pero es una medida que está protegida por ley y le compete a la Comisión Europea actuar. Yo no puedo actuar en relación con esta medida.

Estamos en plena liberalización ferroviaria. ¿Cómo valora la entrada de los nuevos operadores?

Vamos a muy buen ritmo. Creo que somos ejemplares. En Europa nadie tiene tres operadores de alta velocidad y tenemos dos efectivos ya funcionando. Renfe además tiene Avlo. Es decir, tiene ya una opción para competir con Ouigo e Ilsa. Somos un país modélico.

La verdad es que a mí me gustaría que todos los demás países fueran igual de modélicos. Por ejemplo, soy consciente de las dificultades que está teniendo Renfe para entrar en Francia, y que ha habido finalmente apoyo tanto de la Comisión Europea como de la propia autoridad de competencia francesa para abrir este mercado.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández. Javier Carbajal.

Tengo decir que Adif y los operadores han hecho un enorme trabajo en entender que la liberalización tenía que llevarse a cabo. Ahora estamos supervisando tanto desde la perspectiva de regulación como también de competencia que la liberalización siga siendo un éxito porque va a ir a más.

Si detectamos cuellos de botella intentaremos ponerle remedio. Si no hay suficientes talleres de mantenimiento o suficientes maquinistas, por ejemplo, intentaremos ver qué podemos hacer para resolverlo. Qué medidas de previsión podemos imponer a los operadores para poder, de alguna manera, tener mayor oferta y que eso no nos cortapise el desarrollo posterior de todo lo que va a ser la liberalización ferroviaria.

Está muy reciente la crisis del transporte de mercancías terrestre. ¿Estamos en un mercado que funciona de manera eficiente o deberíamos llevar a cabo cambios sustanciales en él?

Estamos en un momento en el que elementos shock generales están asfixiando nuestra economía y se dejan sentir en todos los ámbitos. El transporte es uno de ellos. Muchas empresas han parado sus cadenas de producción, y por lo tanto han parado también el aprovisionamiento, con lo cual han dejado de demandar al transporte su función.

Eso ha supuesto que cuando se ha empezado a recuperar de nuevo la economía, con un tirón tremendo de demanda, ha pillado también a muchos de estos sectores con el pie cambiado, con unas reducciones masivas de posibilidad de oferta.

El transporte ha sufrido mucha pérdida de mano de obra y situaciones de carestía de demanda de servicios. Cuando se produjo de golpe el tirón de demanda, se produce además una subida tremenda de los precios de la energía, con lo cual se les encarece todavía más ese servicio.

Adoptar medidas de revisión de todos los mercados en un momento en el cual lo que se produce son shocks de demanda y oferta no es una buena idea

Hay una subida de las materias primas en todos los ámbitos. El transporte lo está sufriendo mucho, como también los mercados agrícolas y los de semiconductores. Estamos notando que hay unas tensiones tremendas de mercado.

Adoptar medidas de revisión de todos los mercados en un momento en el cual lo que se produce son shocks de demanda y oferta no es una buena idea. Lo que hay que hacer es intentar resolver los problemas coyunturales con medidas coyunturales. Intentar controlar la subida de los carburantes va en esa dirección.

¿Qué pasará cuando estos shocks que estamos viendo ahora se empiecen a normalizar? Quizá en ese momento sí que será una buena ocasión para hacer un análisis más de profundidad y de estructura.

¿Teme que las subidas de precios tienten a las empresas a formar nuevos cárteles?

Estamos precisamente investigando de forma continua y constante que no se produzca un ‘a río revuelto ganancia de pescadores’. Es verdad que en el momento en que se producen distorsiones en los mercados, por la razón que sea, es fácil que haya tentaciones de aprovechar la situación.

Las multas en materia de cárteles no son suficientemente disuasorias y no lo son porque tenemos un límite legal del 10% de su facturación anual con independencia de la duración del cártel

Por eso todavía estamos más vigilantes en los mercados. Es algo que hacemos de forma constante. Y sí, sí somos conscientes de que se puede producir. Por lo tanto, estamos allí muy, muy atentos.

En muy pocas ocasiones las Administraciones Públicas reclaman daños y perjuicios por estos cárteles. ¿Cree que habría que reforzar las sanciones por el uso de cárteles en España?

Algunas administraciones están empezando a reclamar. Me consta, por ejemplo, que Adif está reclamando daños por una serie de cárteles en los mercados ferroviarios. Sufrió perjuicios y los está reclamando.

Hay un movimiento ahora muy fuerte de reclamación de daños en el ámbito de los camiones. Vuelve a llover sobre mojado: muchos de estos transportistas que en estos momentos se ven ahogados por sus precios están reclamando los daños y perjuicios que sufrieron por haber pagado sus camiones mucho más caros de lo que hubieran debido por ese cártel.

Un fenómeno paralelo se está produciendo también con los consumidores respecto al cártel de concesionarios de distintas marcas y de fabricantes de coches. Se ha adoptado la última sentencia que quedaba por adoptar por parte del Supremo y ha confirmado las infracciones. Muchos de estos perjudicados van a empezar a reclamar.

Hay un movimiento muy fuerte de reclamación de daños. 

Ahí hay un fenómeno cada vez mayor de reclamación de daños. Esto lo estamos viendo. Creo que va a haber un fenómeno también de concienciación. La gente se va a dar cuenta de que esto de reclamar daños existe y que se puede hacer.

Respecto a las multas en materia de cárteles... Sí, las multas en materia de cárteles no son suficientemente disuasorias y no lo son porque tenemos un límite legal del 10% de su facturación con independencia de la duración del cártel.

Pongamos por ejemplo que un cártel ha durado 20 años. Si en cada año los cartelistas han incrementado el precio, digamos, un 10% y lo máximo que yo les puedo poner de multa es hasta el 10% de su volumen de facturación, normalmente, les sale a cuenta. Es así de fácil.

Por tanto, ¿considera la legislación actual insuficiente para limitar los cárteles? 

Nuestra ley es insuficiente. No tiene un sistema que permita que las multas sean suficientemente disuasorias. Dicho esto, sí que tenemos en España dos instrumentos que la Comisión Europea no tiene y que sí que se están revelando suficientemente disuasorios.

Uno es la prohibición de contratar con la Administración Pública. La posibilidad de proponer que cuando una empresa ha infringido normativa de competencia se le impida contratar con las administraciones hasta un máximo de tres años.

En un momento como este, en el que los fondos Next Generation se van a encaminar fundamentalmente a través de contratación pública, esta es un arma disuasoria que las empresas tienen que empezar a valorar en unos tres años en los que las administraciones van a ser fundamentales

La segunda medida que tiene mucha capacidad disuasoria son las multas individuales a los propios ejecutivos o representantes de las empresas que han participado también en la infracción. Esa multa, en estos momentos, tiene un límite de 60.000 euros.

La ley no tiene un sistema que permita que las multas sean suficientemente disuasorias contra los cárteles

Pero hemos pedido y de hecho en el anteproyecto de ley que en su momento se tramitaba de modificación de la LDC, está todavía pendiente de terminar en el Congreso, hemos pedido el mismo nivel de las multas que tienen los directivos cuando infringen la normativa que supervisa la CNMV, que es 400.000 euros.

Eso realmente es muy disuasorio. Al final el que tiene la capacidad de no ir a la reunión con los competidores, de no proporcionar información sobre sus precios, de no comprometerse a no hacer rebajas, etcétera, es el directivo. Es el que puede decidir no coger el teléfono cuando le llama un competidor. Si sabe que se juega esta cantidad, probablemente tengamos una posibilidad de control mayor. Aún así, las sanciones se van a seguir imponiendo. Tenemos que mandar mensajes fuertes a las empresas.

La CNMC ha criticado en el pasado el modelo de farmacia. Y también ha cargado contra la fijación de precios máximos en productos sanitarios. ¿Cuál es su valoración a día de hoy?

No nos compete a nosotros cambiar ese modelo. Eso es una cuestión del legislador. Lo que nosotros intentamos es trasladarle recomendaciones desde una perspectiva de mayor competencia. Entendemos que si en determinadas situaciones, donde ha habido cuellos de botella en la venta de productos muy demandados, hubiera habido más fuentes de suministro, hubiera habido vías alternativas para dicho suministro con un arbitraje en precios.

Si solo se produce la venta por un único canal, es muy difícil que este arbitraje de precios se lleve a cabo. Es el caso de las mascarillas, de los test de antígenos... Lo que queramos. Cuando se produce una venta exclusivamente en un canal, la posibilidad de que haya competencia se reduce muchísimo.

En un momento dado, la fijación de precios puede ser una solución, pero en cuanto el mercado empieza a cambiar se puede convertir en un inconveniente

Nosotros creemos que los mecanismos de competencia son los que, en primer lugar, deben generar mejores bienes y mejores servicios para los consumidores. Todas las medidas que lleven a que haya una mayor competencia son, en nuestra opinión, las preferibles por encima de cualquier fijación de precios.

Excepcionalmente, en un momento dado, la fijación de precios puede ser una solución, pero en cuanto el mercado empieza a cambiar se puede convertir en un inconveniente. Si se produce una situación de competencia en varios canales, el resultado es inmediato y se reajusta a medida que el mercado va adecuando esa ley de oferta y demanda.

La tendencia es que los precios suban, pero si tenemos varios suministradores, el que quiere subir los precios tiene un condicionante competitivo que le impide subirlos todo lo que él querría.

¿Tiene en mente, para el mercado de medicamentos, un modelo como el inglés en el que determinados fármacos se pueden vender fuera de la oficina de farmacia?

Precisamente estamos llevando a cabo un estudio del mercado de medicamentos que es complementario a uno que se hizo hace unos años. Nuestro Departamento de Promoción de la Competencia va a analizar desde cómo se fijan los precios de referencia y otros aspectos para ver si hay cuestiones que merezca la pena reformar.

Es un mercado que nos preocupa y nos ocupa. Uno de los primeros cárteles sobre el que adoptamos decisiones en mi mandato fue el de radiofármacos y hemos seguido también muy, muy, muy de cerca mercados de medicamentos de primera necesidad.

En un informe de 2015, la CNMC era crítica con el modelo de oficinas de farmacia española por restringir la competencia. ¿Cuál es la visión ahora?

Lo que nos consta es que hay mayor competencia en todo lo que es la red de oficinas de farmacia. Fue el primer estudio que se hizo porque pusimos de manifiesto algunas obligaciones que no tenían la proporcionalidad necesaria respecto al objetivo que cumplían.