Un cártel es un acuerdo formal entre dos o más empresas con el fin de reducir la competencia entre ellas y aumentar sus beneficios o utilidades conjuntas. Una práctica que, en los últimos siete años, ha llevado a la CNMC a imponer multas que superan los 1.600 millones de euros.

Un dinero que, en teoría, acaba en manos de Hacienda. En teoría, porque las empresas implicadas pueden interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional. Y luego queda el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. “La firmeza no se produce hasta que el Tribunal Supremo resuelve o inadmite el recurso”, afirma Albert Poch, abogado especialista en litigación del derecho de la Competencia. Tiempo que puede alargarse por encima de los tres años.

Daños y sanciones

Hay que tener en cuenta que cada una de las empresas implicadas en un cártel puede reclamar de manera individual. Por tanto, cada empresa es un recurso (en el caso del cártel de la leche, hubo diez empresas, por ejemplo). “Puede pasar que, para un cártel de 2015, la resolución sea firme desde hace dos años para una empresa y para otras todavía esté pendiente”, indica Albert Poch.

El importe de esa multa es una sanción. No tiene nada que ver con los daños. Dicho de otra manera, la sanción busca disuadir, no reparar el perjuicio. La Ley de Defensa de la Competencia, del año 1989, contemplaba el poder pedir daños por parte de los afectados. La Unión Europea creó una directiva a tal efecto en 2014. Y se transpuso al ordenamiento español tres años después. Es decir, de forma tardía.

Ministerio de Hacienda

¿Y quien puede reclamar? Todo aquel afectado. Incluido el Gobierno y las comunidades autónomas. “Ninguna administración reclama, ni la estatal ni la autonómica ni la municipal. Y no reclama por ignorancia, muchas veces, y otras por seguir manteniendo buenas relaciones con el cártel”, sostiene Albert Poch.

A modo de ejemplo, las administraciones central y autonómica se vieron afectadas por el conocido como el cártel de los sobres (o de la democracia). En este último caso, la CNMC multó a las 15 sociedades que lo integraron con 44 millones de euros. Una trama que fijó precio y se repartió clientes entre 1977 y 2010. Entre otros productos, de los sobres electorales.

Cortefiel, Mutua y Venca, entre otras empresas, sí reclamaron daños y perjuicios. Y la justicia les acabó dando la razón en 2019. En concreto, el juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona condenó al cártel a pagar 4,1 millones de euros a cinco clientes, entre ellos, las tres empresas antes citadas. Ninguna de las administraciones dio el paso de reclamar esos daños y perjuicios.

El cártel de la leche (multa de 88,2 millones de euros), el de coches (sanción de 41,1 millones), el de la ACB (400.000 euros), y el de Renfe (65 millones). Estos son algunos de los cárteles en los que los afectados sí se han puesto manos a la obra y han reclamado daños y perjuicios.

De coches y trenes

A finales de 2021, la Audiencia Nacional ratificó la condena a Renfe por limitar la competencia en el transporte de mercancías. Tenía acuerdos exclusivos con Transfesa. Una multa, de 65 millones, la más alta impuesta hasta ahora a una sola empresa. La resolución habla de “discriminación comercial” para terceras empresas. En particular, a la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP).

“Estamos trabajando en reclamar daños”, apunta Juan Diego Pedrero, presidente de la AEFP. Y añade: “Podemos acudir a los tribunales de lo mercantil. Desafortunadamente, muchas de las conductas de Renfe no han cambiado. Por tanto, es posible que los daños se amplíen y vayan más allá de los contemplados en la resolución porque la directiva europea permite la peritación de daños posteriores”.

Locomotoras de Transfesa Transfesa

Han pasado cuatro años desde la multa de la CNMC hasta la confirmación de la Audiencia Nacional. Y el Tribunal Supremo ha inadmitido el primero de los recursos de casación presentados. “Las sanciones están provisionadas por la parte infractora. Pero esas multas son para el Estado. Renfe es una empresa pública y está alargando procesos con recursos y apelaciones que pierden. Y todo eso le cuesta dinero al contribuyente”, denuncia Pedrero.

Unas cantidades que van a reclamar y que ahora mismo la AEFP está peritando. “Podemos hablar de entre 15 o 25 millones de euros. Menos de 15 millones es imposible planteárselo. Dependerá de hasta dónde llegue la fecha”, sostiene.

Por lo que respecta al cártel de coches (95 concesionarios que pactaron precios entre 2006 y 2013), la multa de la CNMC fue de 41,1 millones de euros. Cuatro millones de personas podrían ser las afectadas por una subida de precios de entre 2.000 y 9.000 euros. Entre ellos, los taxistas.

“Solo de nuestra asociación han entrado más de 3.000 peticiones de daños”, resalta Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi Barcelona y Taxi Project. Y añade: “Las sanciones de la CNMC son muy pequeñas en relación con lo que roban”. En España hay 70.000 taxistas autónomos. Y en la mayoría de las comunidades autónomas, las flotas se tienen que renovar con bastante rapidez. En el caso de Cataluña, cada seis años.

Dividir la multa

Quienes también están en pleno proceso de reclamación son los ganaderos afectados por el cártel de la leche. “Casi el 100% de los ganaderos estamos perjudicados. Y aunque digan que se negocian los precios, no es así. Sí, hay contratos, pero tenemos que firmar una cláusula que dice que el precio nos cubre costes de producción. O sea, una falsedad”, remarca el ganadero de Ferrol Eliseo Cabreiro.

Él, como otros ganaderos, ha reclamado. Y se lamenta de que la justicia sea lenta. “La CNMC les multa. Pero esa sanción la acabamos pagando nosotros porque lo que hacen es dividir la multa entre los litros de leche de los ganaderos. Es decir, que bajan el precio para pagarla”, se lamenta.

Vacas en una instalación ganadera. EP.

Y quien también ha solicitado daños y perjuicios a la ACB es el club de baloncesto Tizona Burgos. Los draconianos requisitos que les impuso la ACB para jugar (sobre todo un pago a fondo perdido de 3,2 millones de euros) les imposibilitó participar en la categoría más alta del baloncesto profesional. La CNMC multó a la asociación, no como cártel, pero si por atentar contra la libre competencia. “La reclamación la están valorando los abogados, pero va a ser una cifra importante”, advierte el presidente del club, Miguel Ángel Benavente.

Como él dice, en su caso, David venció a Goliath. Visto lo visto, Goliath (es decir, las administraciones) no se atreve a luchar en este particular campo de batalla. Una razón más que demuestra que el cártel siempre sale rentable. “Al final, quienes van a reclamar van a ser el 10% del 10%. El beneficio ilícito obtenido siempre va a compensar. Cuanto más tiempo haya estado activo el cártel, más beneficio se consigue”, concluye Albert Poch.