El ruego de la ministra de que las autonomías renunciaran a "posiciones de máximos" en la reforma de la financiación no ha sido atendido. Las regiones no están de acuerdo en la propuesta que presentó Hacienda, tal y como se ha constatado con las alegaciones que, con cuentagotas, han ido presentando entre la semana pasada y este lunes. 

El rechazo es generalizado, incluso en regiones como Comunidad Valenciana, donde en un principio se vio con buenos ojos la propuesta de Montero. Pero, con el paso del tiempo, esta visión ha cambiado. Tanto que la Generalitat de Ximo Puig exige la reconstrucción del esqueleto de la nueva financiación autonómica. 

¿Qué reclaman los levantinos? Que se respete la pureza de la población ajustada sin ningún tipo de factor corrector, que es lo que incluye el Gobierno central en su propuesta. En cambio, Castilla-La Mancha reclama que estos factores correctores, tales como el propio territorio o la despoblación, tengan una importancia todavía mayor. 

De hecho, en sus alegaciones, el Gobierno de Emiliano García-Page defiende que la superficie no tiene que ser solamente un elemento corrector de la financiación, sino estructural. Es más: la región castellano-manchega reclama un fondo específico para compensar el problema de la despoblación.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha

Mientras, otras autonomías como Cantabria reclaman una valoración mayor para aspectos como la orografía. En cualquier caso, y más allá de esta cuestión, hay preocupación en la comunidad presidida por Miguel Ángel Revilla ante la propuesta del equipo de Montero. Alertan de que, en el mejor escenario, esta región norteña perderá más de 200 millones de euros al año. 

Muchos gobiernos han rechazado la propuesta, independientemente de su color político. También la Generalitat catalana, hoy en manos de ERC. En sus alegaciones, el Govern opina que la propuesta sobre la población ajustada viene a indicar que el modelo global que se va a proponer “no va a mejorar la autonomía financiera de las comunidades”.

Madrid también dice 'no'. Según la Comunidad, ya es la autonomía "más castigada" por el actual reparto de población ajustada, con una pérdida de 200.000 habitantes. El nuevo modelo ahonda en este problema, reduciendo la población en 50.000 habitantes. 

También carga con las compensaciones que se ofrecen a la 'España vacía'. No hay factores correctores para los territorios de la 'España llena' a pesar de los costes superiores que asumen en transporte público y sanidad. Además, Madrid reclama acabar con todos los fondos que 'lastran' la transparencia del sistema de financiación y que multiplican sus complejidades.  

Infrafinanciación

Dentro de los bandos que se han organizado a cuenta de financiación autonómica, se ha organizado un entente peculiar entre Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, que reclaman que se les compense por años de infrafinanciación. 

Concretamente, desde Murcia proponen un fondo de nivelación para compensar a las comunidades peor financiadas y que se abra un proceso de negociación para reestructurar la deuda injusta generada por la infrafinanciación estructural derivada del actual modelo. 

Los archipiélagos también tienen sus propias reclamaciones. Canarias de hecho considera que la insularidad "está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central".

De ahí que reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, "dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la comunidad autónoma".

De esta manera, parece muy difícil que el Gobierno pueda sacar adelante la reforma de la financiación autonómica en el corto plazo. Más si cabe durante estos dos años en los que habrá tanto elecciones en las propias regiones como a nivel general.