Fumata blanca. La presidencia alemana de la UE y los negociadores de la Eurocámara han alcanzado este martes un acuerdo político para ratificar y poner en marcha el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros que los líderes europeos pactaron el pasado mes de julio para salir al rescate de España e Italia, los países más golpeados por la Covid-19.

El compromiso despeja el camino para que las ayudas comunitarias puedan empezar a fluir en el primer semestre de 2021. El Gobierno de Pedro Sánchez, que aspira a recibir 140.000 millones, ha presupuestado un primer tramo de 27.000 millones en las cuentas de 2021. Pero todavía quedan varios escollos pendientes de resolver, en particular la amenaza de veto de Hungría y Polonia. 

Además, Sánchez debe remitir a Bruselas un plan de inversiones y reformas -con objetivos y calendario concreto- que logre el visto bueno de sus socios europeos. Las reformas tendrán que basarse en las recomendaciones que la UE dirige cada año a España, en particular en materia de pensiones y mercado laboral. La norma que regula el funcionamiento del fondo de reconstrucción todavía está pendiente de aprobación definitiva. 

El acuerdo de este martes entre la Eurocámara y los Gobiernos cubre también el presupuesto plurianual de la UE para el periodo 2021-2027, cuya dotación asciende a 1,074 billones de euros. En total, un paquete financiero sin precedentes de 1,8 billones de euros cuyo objetivo es amortiguar el impacto de la pandemia e impulsar la transformación digital y verde de Europa.

En el tramo final de las negociaciones, que se han alargado mucho más de lo esperado y estuvieron varias veces al borde de la ruptura, la Eurocámara ha arrancado 15.000 millones de euros extra que se destinarán a financiar 15 programas clave de la UE en materias como la educación, la transición verde, la digitalizacion, la sanidad, la I+D o la lucha contra la inmigración ilegal.

Dinero de las multas a multinacionales

De este refuerzo presupuestario, un total de 12.500 millones son "dinero nuevo", que saldrá principalmente de las multas de Bruselas a multinacionales por comportamientos monopolísticos, que ahora se reparten entre los Estados miembros. En los últimos siete años, Bruselas ha recaudado por este concepto 19.000 millones, según los cálculos de EL ESPAÑOL. El resto de los fondos (2.500 millones) se obtendrá de cambiar partidas. Es decir, no se toca el techo de gasto que pactaron los jefes de Estado en julio.

El acuerdo incluye además una hoja de ruta indicativa (sin carácter vinculante) para introducir en los próximos años nuevos impuestos europeos. Era otra de las exigencias del Parlamento Europeo a la que se resisten los Gobiernos. El objetivo es utilizar la recaudación para pagar la deuda que contraerá la UE para financiar las ayudas a la reconstrucción, sin tener que acudir a contribuciones nacionales.

Además del impuesto al plástico que los líderes europeos ya han pactado desde 2021, la hoja de ruta incluye el sistema de comercio de emisiones y una tasa al carbono en frontera (desde 2023), una tasa digital (desde 2024) y una tasa a las transacciones financieras y a las multinacionales (2026). Pero todos estos impuestos todavía tendrán que ser negociados y aprobados por unanimidad por los Veintisiete, lo que hace improbable que acaben saliendo adelante. 

Finalmente, por primera vez se crea un mecanismo que permitirá a la UE congelar las ayudas comunitarias a los Estados miembros que pongan en riesgo el Estado de derecho, la independencia judicial o la libertad de prensa. Las sanciones se activarán sólo en el caso de que estas infracciones tengan un impacto directo en la gestión de los fondos comunitarios. 

¿Veto de Hungría y Polonia?

Este es precisamente el principal escollo que todavía puede hacer naufragar el acuerdo. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha escrito una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que le avisa de que no aceptará ninguna condicionalidad en materia de Estado de derecho. Una posición que también comparte el Gobierno polaco. Los dos países están expedientados por la UE por su deriva autoritaria.

El acuerdo tiene que ser ahora confirmado tanto por el pleno de la Eurocámara como por los Gobiernos de los Veintisiete. Y es aquí donde Varsovia y Budapest pueden recurrir al veto, tanto del presupuesto plurianual como de la decisión que permite a la UE endeudarse para financiar el fondo anti-Covid, que necesita unanimidad. 

"Europa ha sido golpeada gravemente por la segunda ola de la pandemia del coronavirus. Necesitamos de forma urgente que el fondo de recuperación comience a funcionar con el fin de amortiguar las terribles consecuencias económicas de la Covid-19", ha dicho el embajador alemán ante la UE, Michael Clauss. 

"Espero que todo el mundo entienda la emergencia de la situación y ayude a despejar el camino para el despliegue del presupuesto de la UE y del paquete de recuperación. Nadie necesita nuevos escollos y retrasos adicionales", avisa Clauss.