El camino hacia la ratificación del fondo anti-Covid de 750.000 millones de euros aprobado en julio por los líderes europeos empieza a despejarse. Tras semanas de acaloradas negociaciones, la presidencia alemana de la UE y los negociadores de la Eurocámara han alcanzado este jueves un acuerdo sobre un nuevo mecanismo para condicionar las ayudas europeas al respeto del Estado de derecho y la independencia judicial. Un instrumento pensado para países como Hungría o Polonia, expedientados por la UE por su deriva autoritaria.

"Es una victoria para la UE en tanto que comunidad de principios compartidos, como la dignidad humana, la libertad, la igualdad y los derechos humanos", ha dicho la líder de los socialistas en la Eurocámara, Iratxe García. "Esto nos acerca un paso más a la finalización de las negociaciones presupuestarias, algo que nuestros ciudadanos esperan de nosotros en estos tiempos difíciles", ha destacado.

"Se trata de un hito importante en nuestros esfuerzos para finalizar el próximo presupuesto plurianual de la UE y el fondo de recuperación. El nuevo mecanismo de condicionalidad reforzará la protección del presupuesto de la UE cuando las infracciones de los principios del Estado de derecho den lugar a un mal uso de los fondos europeos", ha señalado el embajador alemán ante la UE, Michael Clauss. Berlín insiste en la importancia de cerrar el resto del paquete de forma urgente. "Con la segunda ola de la pandemia golpeando duro a los Estados miembros, no hay tiempo que perder", apunta Clauss.

El nuevo mecanismo permite a Bruselas congelar los fondos a aquellos países en los que las vulneraciones del Estado de derecho "afecten o supongan un riesgo claro para la buena gestión financiera del presupuesto de la UE o para la protección de los intereses financieros de la UE de forma suficientemente directa". La decisión deberá ser aprobada por los Gobiernos de la UE por mayoría cualificada.

La Eurocámara ha destacado que esta nueva condicionalidad no se aplica únicamente a casos de corrupción o fraude, sino también a aspectos más sistémicos como la independencia juicial o el respeto de los derechos de las minorías. 

Polonia y Hungría, en contra

El acuerdo de este jueves todavía tiene que ser confirmado por el pleno de la Eurocámara y los Gobiernos de los Veintisiete. Hasta ahora, Polonia y Hungría se han opuesto frontalmente a este nuevo mecanismo. En teoría, no tienen poder para vetarlo porque la decisión se adopta por mayoría cualificada. En la práctica, Varsovia y Budapest sí pueden bloquear (como de hecho están haciendo) la decisión que permite a la UE endeudarse para financiar el fondo anti-Covid, que necesita unanimidad. 

Aparte del riesgo de veto de Polonia y Hungría, todavía quedan varios escollos para la ratificación y puesta en marcha del fondo de reconstrucción de 750.000 millones. El más importante es el dinero. La Eurocámara sigue reclamando un aumento de 39.000 millones en el presupuesto plurianual de 1,074 billones de euros que los líderes europeos pactaron en julio, junto con el fondo de reconstrucción. Un dinero que se destinaría a reforzar 15 programas clave de la UE en materias como la educación, la transición verde, la digitalizacion, la sanidad, la I+D o la lucha contra la inmigración ilegal. Los gobiernos se niegan a reabrir un pacto que costó cinco días y cuatro noches de negociar.

Un retraso de las ayudas de la UE más allá del verano de 2021, con repercusiones graves sobre la recuperación, parece ya prácticamente inevitable. España -el Estado miembro más golpeado por la pandemia tanto desde el punto de vista sanitario como económico- sería el principal perjudicado. Nuestro país aspira a recibir 140.000 millones de euros y Pedro Sánchez ha presupuestado ya 27.000 millones en las cuentas de 2021.