El caos de los impuestos autonómicos y el cupo catalán auguran una guerra entre CCAA y Gobierno tras el verano

Algunos responsables autonómicos del PP ya han recibido la orden de cargar en septiembre contra el sistema que se quiere imponer desde Cataluña. Para ello, cuentan con las convocatorias que el Gobierno debe hacer del Consejo de Política Fiscal y Financiera para los Presupuestos y para discutir la nueva financiación.

Varios dirigentes socialistas de comunidades como Castilla-La Mancha o Andalucía confirman a EL ESPAÑOL-Invertia que se están preparando ya para esa contienda. El problema es que, en su caso, dudan si estarán a favor o en contra de las concesiones fiscales que Sánchez quiere hacer a Cataluña.

PSOE y Sumar reanudan el ataque a Ayuso por "dumping fiscal" tras el fiasco de retrasar la Hacienda catalana a 2028

Así, Presupuestos y reforma de la financiación autonómica (con el cupo catalán sobre la mesa) se han convertido en los dos caballos de batalla que pueden dar un vuelco al equilibrio político español tras las vacaciones.

De entrada, los socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias se han mostrado en contra del modelo de su colega catalán, Salvador Illa. Descartan un frente común contra Sánchez, pero no van a escatimar en recursos frente a un sistema que les puede recortar ingresos.

Rueda avisa a Sánchez de que el frente de comunidades por financiación "ya está montado"

Las CCAA recaudan cada año más de 130.000 millones de euros por los impuestos que tienen cedidos, tanto parcial como totalmente. Eso supone la gestión directa de prácticamente la mitad de la recaudación del Estado en 2023, de 271.900 millones.

La primera batalla entre gobiernos autonómicos se desata en cuestiones como el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones. Muchas comunidades del PP tienen bonificaciones sobre esos tributos y marcan un agravio comparativo con el resto, que cobran una tasa normalmente más alta.

Heredar o tener hasta 2 millones de patrimonio en Madrid, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja, Castilla y León, Canarias, Murcia o Valencia está bonificado o es prácticamente gratis. En cambio, en Castilla-La Mancha, Cataluña o Asturias, entre otras, sale muy caro.

En esta guerra autonómica se encuentra también el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD), ambos muy importantes en la compra de viviendas usadas. Se lleva cada año más de 13.000 millones gestionados directamente por las autonomías, pero con un tipo distinto en cada una de ellas.

La liberación fiscal se retrasa al 18 de agosto: con Sánchez los españoles trabajan 51 días más para pagar impuestos

En este caso, estamos además ante un tributo que marca la política de vivienda de cada territorio y que supone entre el 6% y el 10% del precio final. 

El propio Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF) ha advertido de la necesidad de armonizar los tributos entre las regiones. Incluso en el caso del IRPF, se pueden pagar 1.000 euros más en una comunidad que en otra en casos idénticos.

En cualquier caso, la gestión de este tipo de impuestos cedidos está avalada por el artículo 156 de la Constitución, que garantiza la autonomía financiera de las autonomías.

Su desarrollo fue clave en la sentencia contra el Estatuto catalán del año 2006 (publicada en 2010), con la intención de evitar que el modelo fiscal que pretendía implantar Cataluña fuera la vara de medir al resto de las comunidades del Régimen Común.

Curiosamente, esa sentencia es la que, desde entonces, ha permitido a Madrid y al resto de autonomías aplicar bonificaciones y cambios en sus modelos fiscales propios y cedidos, según explican fuentes jurídicas conocedoras de la sentencia y sus consecuencias.

Los tributos propios

El otro nivel de enfrentamiento que habrá que resolver en un nuevo modelo de financiación es la multitud de impuestos propios que han puesto en marcha las CCAA. Recaen sobre cuestiones medioambientales y turísticas, caza, saneamiento, pisos vacíos y un largo etcétera sin orden ni concierto.

En el ejercicio de 2022 (último con datos auditados) se llevaron una recaudación superior a los 2.600 millones de euros, con un ritmo de crecimiento del 10% y grandes variaciones en cada territorio.

Más de la mitad de los votantes del PSOE cree que el 'cupo catalán' genera "desigualdad" con el resto de españoles

Lo más flagrante de este caos fiscal son los 11 tributos de este tipo que gestiona Cataluña. Con ellos, la Generalitat obtiene algo más de 900 millones de euros al año de gestión propia. En el otro extremo está Madrid, en donde no existen este tipo de tasas desde 2022.

Aragón tiene siete impuestos propios, todos ellos medioambientales, dada la fuerte presencia de industria en su territorio. Otros como Baleares y Canarias gravan las estancias turísticas, los vertidos o algunos derivados del petróleo.

En Cataluña, además de todas estas tipologías, hay uno sobre las viviendas vacías, otro sobre "los activos no productivos de las personas jurídicas" y otro sobre las bebidas azucaradas envasadas.

Desde el REAF y algunas instituciones económicas se ha llamado la atención sobre la necesidad de ordenar esa generación de impuestos, sin un patrón común y que, a veces, son derogados antes incluso de entrar en vigor.

"La jungla de normas autonómicas -señala el REAF en su Panorama Fiscal 2025- complica el conocimiento de la fiscalidad existente, máxime si las autonomías, cuando deciden no aplicar un impuesto, optan por suspenderlo o dejarlo sin efecto, en vez de derogarlo, lo que sería más razonable".