En realidad, esa cifra tiene una doble lectura, ya que se estima que el Gobierno está obteniendo unos ingresos adicionales de 300 millones de euros al mes (3.500 millones en un año) por la subida de los precios de los carburantes. Estos datos están extraídos de la Agencia Tributaria y han sido calculados para este periódico por el inspector de Hacienda y expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, Francisco de la Torre.

Es decir, si se tienen en cuenta los ingresos extra que esta subida inesperada de los hidrocarburos está dejando al sector público frente a una situación normal de los precios del combustible, el impacto negativo en las finanzas públicas sería de hasta 85 millones de euros mensuales (1.020 millones al año). Un dato que hay que contextualizar recordando que el país arrastra un déficit público superior a los 55.000 millones de euros.

Esta medida, que forma parte de las opciones que maneja el Gobierno para hacer frente al descontrol de los precios, tendría un impacto relativo en el sector del transporte, dado que ya hay muchos profesionales que se deducen el IVA. Y por tanto, tendría que acompañarse de otras ayudas -como bonos específicos o sistemas de devoluciones- para aliviar la situación que padece este sector. 

Sin embargo, sería muy positiva para las familias y otras empresas, al tiempo que tendría un impacto directo en contener la inflación. Esto último tendría repercusiones positivas en el crecimiento económico, según coinciden varios expertos consultados.

Bruselas lo aceptaría

Además, es una medida que figura en el catálogo de las decisiones que España puede adoptar con el consentimiento de Bruselas en un contexto como el actual.

"La normativa comunitaria es más flexible de lo que los políticos dicen. Muchas de las cosas que no se podían hacer, ahora están admitidas dadas las circunstancias excepcionales que estamos viviendo", explica a este diario el socio director del área fiscal y regulatoria de Equipo Económico, Manuel de Vicente-Tutor.

La rebaja fiscal que ha aprobado Francia -un país que tiene elecciones este año- demuestra que hay margen fiscal para actuar. Y el precedente de la rebaja del IVA de la luz confirma que la Comisión Europea aceptaría esta bajada de impuestos con carácter temporal.

También se podría conseguir algo de margen para bajar los impuestos especiales que soportan los hidrocarburos, pero en este caso, existe menos margen, dado que en España son más bajos que en los países vecinos.

En 2019 (año anterior a la pandemia), el consumo de combustibles no bonificados de los españoles alcanzó los 27.000 millones de litros. Si se pasara el IVA del 21% al 10%, el Estado dejaría de recaudar unos 17 céntimos por litro, según se desprende de los datos de la Agencia Tributaria y los precios de la CNMC. 

Renunciar a esa recaudación daría aire al crecimiento y ayudaría a controlar la inflación, ya que tendría un impacto directo en la bajada de precios de los carburantes. Un mayor avance del PIB también tiene repercusiones positivas sobre la recaudación de Hacienda.

En todo caso, "esta rebaja, que está calculada sobre máximos, sería para el consumidor final y para las empresas que no se deducen el IVA del carburante", explica De la Torre, que ve margen para que el impacto en las arcas públicas sea incluso algo menor. "Si se quiere rebajar la factura en combustible del resto de sectores afectados que ya tienen deducciones, hay otras opciones como aumentar la bonificación o conceder una subvención", añade.

El Gobierno está a la espera de conocer las conclusiones del Consejo Europeo que se celebrará este jueves y viernes para presentar una 'hoja de ruta' con la que mitigar los efectos que está teniendo la inflación en los bolsillos de los negocios y los hogares.

Esto afecta fundamentalmente a los carburantes, la electricidad y la calefacción, aunque la inflación subyacente ya muestra que las subidas de los precios se están extendiendo a otros bienes y servicios.

Para controlar los precios de la luz y la calefacción, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insistió este martes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros que para el Ejecutivo lo vital es atacar "la raíz del problema". Esto es, intervenir en los mercados mayoristas para poner topes al gas y la electricidad.

Una vez que se conozcan las conclusiones de la UE, España elaborará el paquete de medidas que llevará al Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo. "Cada cosa a su debido tiempo", advirtió Ribera.

Sin embargo, la presión en la calle no hace más que aumentar. Este miércoles, 23 de marzo, los sindicatos y las asociaciones de consumidores se manifestarán para protestar contra las subidas de la luz. Mientras, el transporte ha considerado como insuficiente la propuesta de la vicepresidenta, Nadia Calviño, de rebajar la factura del gasóleo con 500 millones de euros. 

En los últimos días, economistas, patronales y hasta expertos del comité de sabios del Ministerio de Hacienda han reclamado rebajas fiscales para hacer frente a la inflación.

Rebaja transitoria

No obstante, toda rebaja fiscal que afecte a los carburantes será transitoria. El objetivo de la política económica europea y española es desincentivar el uso de las energías contaminantes. 

De hecho, el Libro Blanco para la reforma fiscal proponía subidas impositivas a los hidrocarburos para aumentar la recaudación en 15.000 millones de euros.

Son ingresos fiscales que el Ejecutivo tendrá que aplazar. Pero, de momento, lo que está ocurriendo es que está engordando su recaudación mientras la inflación ahoga a los ciudadanos -en especial, a los más vulnerables- y al tejido empresarial.

Esto explica que hasta los expertos del Libro Blanco -que hicieron un trabajo pensando en aumentar la presión fiscal- se estén sumando ya a las voces que piden al Gobierno que baje los impuestos de manera transitoria para no dañar la débil recuperación económica y contribuir a que bajen los precios y con ello, la inflación.