Estas y otras muchas preguntas se pueden resolver echando un vistazo al informe que se deriva del Cuestionario de la Administración Electrónica de 2023 (CAE), un documento que analiza el grado de la transformación digital en el ámbito de la administración autonómica y que se elabora cada dos años, dentro de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica (CSAE) y se publica en el Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE).

La última edición de este estudio se publicó cuando la pandemia todavía estaba presente en el día a día de los ciudadanos y de la administración, por lo que el valor de la edición de 2023 es observar cómo las tendencias que se apuntaban tras el Covid-19 se han asentado… o no.

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A partir de ese contexto, no hay más que analizar los aspectos más llamativos de todos los que se reflejan en el informe.

Habría que empezar por las cifras globales. El informe recuerda que en servicios públicos digitales, España ocupa el quinto puesto, por encima de la media de la UE en todos los indicadores, según en el informe Europeo Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2022.

Estas características se miden sobre 21 trámites seleccionados de diez ámbitos de competencia de las comunidades autónomas (cultura, educación, empleo, empresas, medioambiente, pagos, sanidad, servicios sociales, urbanismo y transporte).

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Pues bien, en siete de esos ámbitos, el número de trámites que el ciudadano realiza en el canal digital sobre el total tiene la calificación de 'muy alto' como la predominante. Estos ámbitos son medioambiente (el 57,9% del total), cultura (el 53,3%), transporte (el 50%), empleo (el 40,9%), sanidad (el 40%), educación (el 39,4%) y empresa (el 37,3%).

En el extremo opuesto, la calificación predominante en cuanto a número de trámites es 'muy bajo' en servicios sociales y pagos. Curiosamente, estamos observando en muchas autonomías cómo la monitorización digital de los servicios sociales es una tendencia al alza. En estos datos encontramos una posible explicación: es un ámbito que necesita mejorar.

Otro aspecto que quizá deben mejorar las comunidades autónomas es su accesibilidad a la hora de ofrecer servicios digitales.

La Directiva sobre accesibilidad web (Directiva (UE) 2016/2102) proporciona a las personas con discapacidad un mejor acceso a los sitios web y aplicaciones móviles de los servicios públicos.

El informe refleja que "la accesibilidad web en Europa sigue siendo un desafío, ya que más de ocho de cada diez sitios web del sector público (82%) violan una o más Directrices de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG)".

Este estudio ha analizado 207 portales de comunidades autónomas y el promedio de portales que cumplen con el nivel AA de accesibilidad -el máximo- es de un 27%. En números absolutos, 104 webs no pasarían el examen, 42 tienen el nivel A y 61 el nivel AA.

Comunidad a comunidad

Dentro del entramado de la administración digital, este informe permite bucear entre diferentes aspectos y en cómo lo encaran las diferentes administraciones regionales.

Lo primero que conviene advertir es que el informe sitúa a La Rioja como la única comunidad autónoma que no tiene un plan de transformación digital; Cantabria, que sí lo tiene, no dispone de indicadores de evolución; el resto (15 regiones de 17) sí tiene tanto plan como indicadores. Se puede concluir que el compromiso autonómico con la digitalización es casi total.

Esos planes plantean estrategias y actuaciones, pero son los resultados los que dan una idea del compromiso final. En este sentido, se pueden abordar aspectos como el gasto en tecnologías de la información y la comunicación o la formación.

En cuanto a los gastos en TIC, parece lógico pensar que las regiones más grandes y/o más punteras sean las que asumen un mayor gasto en tecnología. Cataluña (649,9 millones), Andalucía (359,4 millones) y Madrid (249,5 millones) son las que se sitúan al frente de la tabla.

Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco les siguen con gastos superiores en los tres casos a los 100 millones de euros.

Uno de los gastos TIC es el de personal, aunque viendo el porcentaje de personal tecnológico sobre el total en las administraciones regionales, se puede concluir que aún hay mucho que mejorar. Sólo el País Vasco supera el 1% (concretamente un 1,8%). Llamativo es lo de Cataluña, la región con más gasto pero cuyo personal TIC sólo supone un 0,1% del total.

Más gastos TIC: los servidores. El número de servidores en las comunidades autónomas va en aumento y Andalucía, por ejemplo, ya tiene 5.000. Galicia (3.730), Asturias (1.1148) y Cataluña (1.003), completan el pódium.

Hablábamos de otro gran termómetro para medir el impulso a la transformación digital: la formación.

En este sentido, de acuerdo con el Plan de la Década Digital de la Comisión Europea, para 2030, al menos el 80 % de todos los adultos debería tener competencias digitales básicas, remarca el informe.

En las comunidades autónomas españolas -añade- se han impartido más de 1.077 cursos con un promedio por comunidad de 56,6 cursos de 17 horas de formación. Andalucía, Cantabria y Comunidad Valenciana son los que menos impacto tienen en esta estadística, que lideran regiones como Cataluña, Navarra, Madrid, Murcia, País Vasco o Asturias con más de 100 cursos.

El ciudadano, en el centro

Destaca el informe CAE 2023 que las administraciones autonómicas suelen situar al ciudadano en el centro de sus políticas. ¿Qué manera tiene de demostrarlo el estudio? Pues bien, ver qué porcentaje de servicios telemáticos cuentan con sistemas de ayuda es una manera de hacerlo.

En este sentido, Asturias, Canarias, Cataluña, Madrid, Murcia y País Vasco destacan, ya que tienen estos sistemas de ayuda en todos sus servicios telemáticos. Aragón (en el 95% de los servicios), Extremadura (94%), Galicia (86%) y Cantabria (82%) completan el top 10.

La Rioja (53%), Castilla y León (50%) y Castila-La Mancha (38%) son las menos colaborativas con el ciudadano.

Facilitarle al ciudadano que pueda realizar trámites telemáticos es facilitarle que pueda hacerlo no sólo a través del ordenador sino a través del móvil.

Por comunidades, tres de ellas -Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia- declaran que todos los trámites se pueden iniciar por dispositivos móviles. Canarias y Galicia, casi todos (el 95%). Cataluña, Castilla y León y Asturias tienen menos de la mitad de sus servicios disponibles también para dispositivos móviles.

Todo lo anterior constata que algunos de los cambios impulsados por la Covid-19 han venido para quedarse, aunque hayan evidenciado nuevos retos como los de la brecha digital. Sobre este punto, las autonomías están haciendo los deberes. Bueno, no todas: Baleares y La Rioja dicen no contar con planes específicos para luchar para la reducción de esa brecha.

La situación generada por el famoso coronavirus que llegó a nuestras vidas en 2020 ha impulsado también la práctica del teletrabajo en las administraciones públicas como en el sector privado.

Pero es cierto, según el informe, que la adopción del teletrabajo se ha reducido, en general, respecto a 2021. De 2021 al 2022 esta modalidad ha bajado un 13,6%. Hay un 84% de comunidades que permiten el teletrabajo frente al 16%.