Quizás, uno de los grandes ejemplos de esta diferenciación entre lo que se ve y lo que se es tiene que ver, directamente, con los servicios públicos digitales, donde, a pesar de que aún queda mucho camino por recorrer y las quejas de los usuarios siguen siendo algo pertinente y constante, el país ha sido felicitado y encumbrado por Europa como "uno de los más comprometidos con la modernización de la administración". 

Esta afirmación se materializa en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, conocido popularmente como DESI, donde España ocupa el puesto número 7 de los 27 Estados miembros de la Unión Europa en la edición de 2022, frente a la onceava posición que ocupó en 2021, y por encima de la media europea. 

Este indicador mide los avances digitales de dichas regiones y los clasifica según los experimentados en los últimos cinco años, con especial foco en áreas como el capital humano, la conectividad, la integración de la tecnología o los servicios públicos digitales. En todos ellos, la Comisión Europea destaca el avance del país hasta la fecha. 

En concreto, llama la atención el inmenso crecimiento en lo que tiene que ver con la digitalización de las instituciones públicas, donde la región ocupa la quinta posición del ránking, por encima de la media de la Unión Europea en todos los indicadores, entre ellos, el porcentaje de usuarios de la administración electrónica (73%) o el de datos abiertos (el 95%), y recoge buenas puntuaciones en los formularios precumplimentados y los servicios públicos digitales para ciudadanos y para las compañías. 

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"España ha sido tradicionalmente pionera y sigue poniendo en marcha nuevos servicios e infraestructuras para responder al rápido desarrollo de la tecnología y a las necesidades de las personas", apuntan los autores en el mismo informe. 

Según destacan, la región está en el camino de hacer que las instituciones públicas sean "más accesibles para las empresas y el público en general" mediante el desarrollo de nuevos servicios en diferentes ámbitos como la salud o la ciberseguridad, así como la introducción de herramientas para la identificación digital, aplicaciones móviles o la integración de la inteligencia artificial en el sector. 

Y es que, según ha reiterado en numerosas ocasiones la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, no se puede "pretender desarrollar las capacidades digitales del país si la Administración no se moderniza". 

Una de las iniciativas "más ambiciosas"

La apuesta de España por remodelar las instituciones está contemplada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la región, la propuesta nacional para canalizar los fondos destinados por Europa para remitir los daños provocados por la crisis sanitaria, bajo el título "Una Administración para el siglo XXI" y, a su vez, se sitúa como el Componente número 11 dentro del mismo. 

La iniciativa española es una de las más ambiciosas respecto a este sector, ya que dedica el 28,2% de la asignación total al ámbito digital, es decir, 19.600 millones de euros. De esta cantidad, el 28% está específicamente centrado en el refuerzo digital de las administraciones públicas, convirtiéndose en el área con mayor dotación, por delante de la digitalización de las empresas (con el 25% del presupuesto total para el ámbito digital), de la promoción de las competencias digitales (con un 22%), la mejora de la conectividad (15%) o el apoyo a la I+D en este sector (10%). 

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El Ejecutivo señala que "no es posible" abordar una "auténtica transformación" de la economía sin una Administración pública "que actúe como tractor de los cambios tecnológicos" e impulse innovaciones, "creando nuevos modelos de negocio replicables y escalables". Y es que, según reconocen, el país presenta "un proceso de digitalización desigual" entre los niveles estatal, autonómico y local. 

Así, los objetivos del Gobierno dentro del mencionado Plan se basan en cuatro ejes, entre ellos, la digitalización y simplificación de los procesos administrativos, la reducción de la temporalidad de los empleados públicos y la mejora de su formación, la rehabilitación de los edificios para emplear energías renovables y la modernización de la gestión. En total, se estima una inversión de 4.239 millones de euros. 

Asimismo, la renovación de las instituciones en España se canaliza a través del Plan de Digitalización de las Administraciones públicas 2021-2025 (PDAP), publicado en enero de 2021 y contenido dentro del Plan de Recuperación, y, además, también cuenta con su espacio en la Agenda España Digital 2026, que lo incluye en su Eje 5 bajo el título "Transformación digital del sector público".

Iniciativas aterrizadas 

Hasta la fecha, los objetivos contemplados en los diferentes planes relativos a la modernización de la administración, que actúan de forma transversal, se han materializado en diferentes actuaciones. 

Entre ellas, la Agenda España Digital 2026 recoge la adjudicación de las contrataciones para los proyectos de digitalización de la Administración General del Estado, con inversiones por valor de 1.017 millones de euros. Aquí se contempla el desarrollo de la App Factory, la renovación de Mi Carpeta Ciudadana, el nuevo modelo del Servicio 060, el laboratorio de innovación GoTechLab o la modernización de las webs para hacerlas más accesibles. El objetivo es conseguir que, al menos, el 50% de los servicios públicos digitales estén accesibles a través del móvil para 2025. 

También, el avance en un modelo de identidad digital para acreditarlo de manera sencilla a través de los dispositivos móviles, en línea con la meta marcada por la Comisión Europea de que, en 2030, el 80% de la ciudadanía utilice la identidad digital. 

Por otro lado, se está trabajando en un servicio de automatización inteligente de procesos que permitirá reducir costes y tiempos, apoyado en tecnologías de robotización y automatización de procesos (RPA, BPM) e IA. Además, se ha adjudicado el primer contrato para la creación del almacén de datos, que aplicará tecnologías big data y técnicas analíticas avanzadas. 

También, se han adquirido 30.000 equipos para dotar a los empleados públicos de un puesto de trabajo digital y se ha desplegado una nueva versión de la nube híbrida Nube-SARA de la Administración General del Estado. En ciberseguridad, se ha adjudicado el contrato para proveer licencias de puesto de usuario EDR (Endpoint Detection Response) para los empleados públicos.

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En este período se han distribuido más de 84 millones a las Comunidades Autónomas para proyectos de Justicia 2030, 32,6 millones de euros para la digitalización del Ministerio de Defensa y  71,6 millones de euros para el Plan de Digitalización Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. A esto se suman los proyectos de digitalización que se han puesto en marcha en las áreas de Sanidad, Empleo, Seguridad Social, así como en Interior, Agricultura y Consumo. 

Asimismo, se lanzaron manifestaciones de interés para la digitalización de Comunidades Autónomas y entidades locales, que derivaron en la convocatoria de subvenciones en 2021 para municipios de más de 50.000 habitantes por un importe de 92,8 millones de euros. A la par, se han transferido 118 millones de euros para la transformación digital de las CCAA y se ha aprobado la distribución territorial de otros 230,6 millones, a los que se sumarán 230 millones adicionales para proyectos de salud digital. 

Revisar el lenguaje

En este camino, hace apenas unos días, en el marco de una jornada centrada precisamente en la digitalización de las instituciones, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció que impulsará en la Administración Central un Decálogo del Lenguaje Claro. 

A través de esta iniciativa, se pretende mejorar la comprensión de los trámites digitales por parte de los ciudadanos. En concreto, el Ejecutivo quiere simplificar el número de portales con los que cuenta el sector público y ampliar el número de chatbots y asistentes de voz que ayuden al usuario a encontrar el trámite que necesitan.

En este sentido, el Gobierno creará talleres para que funcionarios y ciudadanos identifiquen los puntos menos comprensibles y, finalmente, se elaboren guías para mejorarlos.

Calviño reconoció en el mismo evento que la transformación de la Administración forma parte de un proceso que lleva años, pero que se ha acelerado gracias a los fondos europeos. Aún así, desde el Ejecutivo admiten que aún queda mucho por hacer.