La innovación en los contratos públicos: España por debajo de la media europea, pero con CCAA punteras

El 'Índice para la medición de la compra pública de innovaciones: la dualidad innovación vs precio', un informe publicado esta semana por la Fundación Cotec, puede calificarse como un estudio único en su especie.

Y ya no solo por arrojar por primera vez datos concretos sobre la incorporación de criterios de innovación y tecnología a los procesos de licitación pública de bienes y servicios, sino porque este estudio marca un antes y un después a la hora de fijar una metodología concreta para medir algo que hasta el momento no se había podido cuantificar.

Pero lo mollar son los resultados. Y de los resultados se extrae una conclusión clara: España progresa adecuadamente en relación con su entorno europeo, pero aún está por debajo de la media en inclusión de criterios de innovación en las licitaciones públicas.

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Si bien el nuestro es el tercer país en número de contratos públicos que incorporan innovación, no es menos cierto que, aun así, estos suponen el 0,3% de todos los contratos públicos que se han licitado en el marco temporal que comprende el estudio (entre 2012 y 2023). Y la media europea está en el 0,41%, con líderes destacados como Estonia (un 1,95% de los contratos).

En el estudio se han analizado casi 10 millones de contratos públicos de toda Europa. El análisis se centra en los textos de los anuncios de adjudicación, donde aparecen descritos los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores y las características técnicas de los bienes y servicios adquiridos. Se han establecido cuatro niveles analíticos que ofrecen una visión graduada del fenómeno: contratos con al menos una, dos, tres, cuatro o más condiciones de innovación.

Precisamente en el caso del nivel más alto de implicación, es decir, en aquel que recoge contratos con cuatro o más condiciones de innovación, la media nacional (0,03%) se sitúa por debajo de la media europea, que es del 0,049%. Aun así, existen algunos ejemplos destacables de buenas prácticas y que sí están por encima de la media continental: Galicia (0,14%), Cataluña (0,13%), Comunidad de Madrid (0,07%), Castilla y León (0,06%) o Comunidad Valenciana (0,055%).

El informe pretende desterrar la idea de que la incorporación de innovación en la administración pública tiene que venir de la mano únicamente de la Compra Pública de Innovación (CPI), de ahí que el estudio introduzca el concepto de CPI+.

La CPI como herramienta para mejorar la sociedad española

La definición operativa de CPI+ que se aplica en este informe amplía el concepto tradicional, al contemplar diversas vías para alcanzar la adquisición de innovaciones por parte del sector público que, hasta el momento, no estaban siendo recogidas debido a su difícil medición.

En concreto, "definimos como CPI+ al conjunto de contratos públicos que incluyen de forma explícita referencias a la innovación o a tecnologías innovadoras. Bajo esta definición, la CPI+ comprende tanto la contratación de innovaciones, como la adquisición de tecnologías emergentes o estratégicas que contribuyen a la transformación digital, ecológica o industrial de los territorios. Esta aproximación permite abarcar la diversidad de formas en que la innovación puede expresarse en los procedimientos de contratación", explica el informe.

También admite el estudio que la CPI "sigue sin ser una práctica generalizada, sino que se concentra en polos específicos donde confluyen voluntad política, capacidad técnica y ecosistemas de innovación maduros".

En el caso de España, la contratación pública alcanzó en 2023 el 11,42% del PIB nacional, lo que equivale al 22,9% del gasto público total. Este volumen es muy superior al gasto público en actividades de I+D (1,49% del PIB para el caso de España, y 2,70% para el conjunto de la OCDE, respectivamente, en el año 2023), tradicionalmente considerado el principal canal de apoyo a la innovación, lo que pone de relieve el potencial infrautilizado de la compra pública como palanca de innovación. La sanidad, en estos momentos, es el sector con más contratación pública en Europa y en España.

En definitiva, según los datos, Alemania se sitúa como el país con mayor volumen de contratos de adquisición de servicios de I+D en el periodo 2018-2023, con 2.191 adjudicaciones, seguida por Lituania (1.661) y España (1.119). Estas tres economías representan conjuntamente una parte sustancial de la contratación pública de I+D en la UE (35%).

En términos relativos, los países con mayor proporción de contratos de I+D respecto al total de adjudicaciones son Estonia (1,95%), Noruega (1,84%), Bélgica (1,51%), Islandia (1,49%) e Irlanda (1,21%), que superan ampliamente la media europea (0,41%). España está en el 0,3%, por debajo de la media europea, justo en mitad de la tabla.

A nivel regional, la mayor actividad en contratación de I+D se observa en Köln (Alemania), que acumula 752 contratos (equivalente al 3,76% del total regional), seguida por la región de Bruselas (Bélgica) con 482 contratos (8,6% del total regional), y la Comunidad de Madrid (España) con 262 contratos (0,43%)

El análisis por comunidades autónomas revela una fuerte concentración territorial de la contratación pública de I+D. La Comunidad de Madrid (262 contratos de servicios de I+D, 0,43% sobre el total), y Cataluña (219 contratos de servicios de I+D, 0,59% sobre el total) concentran más del 50% de los contratos nacionales en esta materia. Estas cifras reflejan el papel central de los grandes polos de innovación del país, con ambas regiones por encima de la media europea.

Pero hay datos que llaman poderosamente la atención. Si el análisis se hace por provincias, en términos relativos, la mejor parada es León (2,97% de contratos públicos que incorporan innovación sobre el total), seguida por Cantabria (0,74%).

El informe también arroja una buena noticia en términos de evolución. Y es que España ha experimentado un notable crecimiento en el volumen que representan los contratos con criterios de innovación (del 0,37% en el período 2012-2017, al 1,31% en el periodo 2018-2023).

En el caso de las comunidades autónomas españolas, durante el periodo 2012-2017, la incorporación de criterios de innovación o tecnología en los contratos públicos fue aún limitada, con una media en torno al 0,7%. Solo Galicia (6,77%) y Cantabria (1,19%) superaban el umbral del 1%.

En la mayoría de las comunidades, la presencia de estos criterios era residual, lo que evidencia el carácter incipiente de la CPI+ en este periodo. En el segundo periodo (2018- 2023), los resultados muestran un avance claro y generalizado. La media de las comunidades autónomas asciende hasta el 2,37%. Además, la mayoría de las comunidades autónomas se sitúan ya por encima del 1%, reflejando un salto cualitativo en la integración de la innovación en la contratación pública. En este contexto, Ceuta emerge de manera destacada como la región líder, con un 15,39% de contratos que mencionan criterios de innovación o tecnología, seguida por Cantabria (8,14%), Extremadura (3,48%), Galicia (2,90%) y Canarias (1,87%).

En el plano tecnológico, las tecnologías cuya presencia en los anuncios de adjudicación es más amplia en términos geográficos son los drones, robótica, 5G y 6G, todas ellas mencionadas en los títulos de contratos en un número elevado de regiones. Eso sí, en el tramo final del horizonte temporal del estudio, ya han ido apareciendo otras herramientas relacionadas con la ciberseguridad, además de la IA, el blockchain o la realidad virtual.