Un agente de la Policía Nacional, frente a la sede central del PSOE.
El PSOE sigue dando largas al juez Pedraz: invoca una excusa tras otra para no identificar a los abogados del 'caso Leire'
El partido se escuda en el periodo electoral y en la protección de datos para no entregar a Pedraz la información que le requirió dos veces.
Más información: El PSOE se escuda en el 29-N para justificar su demora en dar datos al juez y trata de evitarlo alegando "secreto profesional"
Tres son las excusas que esgrime el PSOE para no haber entregado —y no parece tener intención de ello— los datos solicitados por el juez del caso Leire, Santiago Pedraz.
¿Cuáles? El partido alude "periodo electoral", al "secreto profesional" y a la descentralización de dicha información.
El pasado 6 de octubre, Pedraz solicitó al PSOE que le entregase el listado de abogados y consultoras que contrató entre 2021 y 2025.
¿Para qué? A fin de poder analizar si dicha facturación, en realidad, ocultaba pagos a Leire Díez, la fontanera del PSOE, para financiar sus maniobras contra jueces y guardias civiles.
Un auto de Pedraz, fechado el pasado mayo, desveló que el exsecretario de Organización del partido, Santos Cerdán, pagó con fondos del partido a Díez. Y ya hay dos abogados investigados en dicho procedimiento.
En dicha causa, además, está siendo investigada la actual gerente socialista, Ana Fuentes. Precisamente, por la facturación en favor de la fontanera, que continuó, incluso, cuando ya se conocían, porque lo había desvelado la prensa, sus maniobras.
La primera vez que el juez solicitó este listado fue el pasado día 6, lo cual le fue notificado al partido el día 7.
Este martes, día 20, como no había recibido la información solicitada, Pedraz metió prisa al partido y le dio 48 horas de plazo para entregar la documentación.
En respuesta, en un escrito fechado el día 21, el PSOE comunicó al juez que se ha dirigido al Consejo General de la Abogacía (CGA) para realizarle varias consultas sobre la posible afectación que su requerimiento tendría sobre el "secreto profesional" y el derecho a la intimidad.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho escrito, que constata que la consulta al CGA no se realizó hasta el pasado día 20 por la tarde, casi cinco horas después de que Pedraz firmase el auto en el que volvía a insistir al partido y le reprochaba su tardanza.
En otras palabras, el PSOE no se dirigió al Consejo General de la Abogacía hasta dos semanas después de la primera petición del juez y horas después de la segunda.
En efecto, el burofax enviado por el partido al CGA está fechado a las 16:06 de día 20 de octubre. Y horas antes, a las 11:26 de la mañana, Pedraz había firmado la resolución que, por segunda vez, reclamaba la información al partido.
"Estando en periodo electoral..."
En su escrito del día 21, el Partido Socialista justifica que, "obviamente, estando en periodo electoral", la "actividad del partido está concentrada en el desarrollo de la campaña en curso", lo que provoca que "la capacidad de respuesta inmediata se vea mermada".
El abogado del PSOE, Alberto Cachinero, señaló también que "la información y documentación solicitada no está centralizada" y depende de "muy distintos interlocutores", provenientes de las distintas federaciones territoriales de la formación.
Finalmente, el letrado advertía de que existe riesgo de vulnerar la intimidad de los abogados y de sus clientes "si se conocieran públicamente los datos solicitados".
De hecho, el PSOE indicaba en su escrito que, en ocasiones, ni siquiera el propio partido es el cliente de los servicios de asistencia jurídica de los profesionales contratados.
"La información requerida (...) puede no afectar únicamente al PSOE: concierne a los abogados externos, cuyos documentos y comunicaciones están cubiertas por su propio secreto", se excusaba este miércoles el partido.
"Que las contrataciones de letrados se hayan realizado promovidas a instancia o, incluso, a expensas del PSOE federal o sus territorios no convierte en todos los casos a la organización política (...) en titular de los derechos de la relación profesional entre abogado y cliente", indicó Cachinero.
"Y es que, aunque en algunos casos podamos encontrar que los clientes finales sean cargos o afiliados del PSOE y las necesidades de asistencia jurídica se deriven de su acción política, el partido no puede autorizar o disponer de los ámbitos privativos de la relación profesional entre ambos, por lo que es imprescindible darle traslado a cada uno", añadía el escrito.
"Establecer la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que hayan sido contratados no solo revela la existencia de actuaciones profesionales, sino que también, con frecuencia, permite inferir su objeto", se quejó el PSOE.
Pedraz ya ha recibido el escrito con las excusas del partido y le ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción.
