Decenas de miles de personas se concentraron el jueves 31 de julio en la parte marroquí de la playa del Tarajal y accedieron a Ceuta.
La juez Tardón cita como testigos a tres consejeros de Ceuta y pide al Ejército un informe sobre Marruecos
La magistrada solicita a Vivas un informe sobre "los daños económicos" que sufre Ceuta desde la invasión y el deterioro de los servicios públicos.
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La juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la invasión de Ceuta ocurrida a finales de julio, ha citado como testigos a tres consejeros de la ciudad autónoma.
Se trata de Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez Magaña. Todos ellos testificarán el próximo 27 de octubre.
Tardón también ha pedido al CIFAS (el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) un informe sobre Marruecos, país sobre el que se cierne la sospecha de haber permitido la entrada, desde su territorio al español, de los más de 80.000 inmigrantes ilegales que penetraron en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
En concreto, la magistrada pretende conocer los dosieres elaborados sobre ese país por parte del grupo de seguimiento de Marruecos incardinado en el CIFAS, al que también ha solicitado imágenes satelitales de la frontera.
Todo ello figura en una resolución judicial, fechada este lunes y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La juez también requiere al Gobierno ceutí, presidido por Juan Jesús Vivas, y a la Delegación del Gobierno en Ceuta todas las "actas, notas, correos electrónicos, borradores de comunicados, documentos preparatorios y cualquier otra documentación" relacionada con las reuiones celebradas en los días previos al asalto y en las que participó, entre otros, la Delegación del Gobierno.
"Distintos testigos", explica la instructora, "han coincidido en que en dichas reuniones se abordó reiteradamente la gravedad de la situación, se solicitaron medidas extraordinarias y se transmitió a las autoridades competentes la necesidad de adoptar actuaciones urgentes".
"La documentación que se requiere permitirá verificar el contenido exacto de las advertencias realizadas y la posición sostenida por cada una de las instituciones participantes", aclara.
Por otro lado, en sintonía con la Fiscalía, Tardón requiere al Ministerio del Interior, a la Guardia Civil, a la Policía, al Gobierno ceutí y a Salvamento Marítimo "toda la información oficial de la que dispongan" sobre el número de entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates efectuados, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados desde el inicio de la invasión.
![Exteriores de la prisión de Puerto III, en el Puerto de Santa María.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/7992974.jpg?p=c:1301:731:nowe:0:0\/w:1706\/h:960&h=BUPqoPia"])
De hecho, Tardón reprocha "el tiempo transcurrido desde los hechos sin que, hasta el momento, se hayan aportado cifras concretas respecto de las distintas realidades que resultan de esencial interés para la determinación de los hechos investigados, su magnitud, consecuencias, recursos movilizados, actuaciones desarrolladas por los distintos servicios...".
La jueza, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, también solicita "las grabaciones videográficas procedentes de cualquiera de los sistemas y medios audiovisuales gestionadas" por una larga lista de instituciones.
Entre otras, la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta, la Jefatura Superior de Policía de Ceuta, la Delegación del Gobierno, la Autoridad Portuaria de Ceuta o el Jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Deterioro de servicios públicos
Este lunes, EL ESPAÑOL publica una entrevista en la que Vivas denuncia la falta de respuesta del Gobierno ante la crisis fronteriza, advierte del deterioro de la convivencia en la localidad y reclama una intervención del Estado y de las autoridades europeas.
En su resolución, Tardón solicita al Gobierno ceutí que le remita "todos los informes" sobre el deterioro de los servicios públicos esenciales en la ciudad. Especialmente, en el ámbito de la seguridad ciudadana, el de los servicios sociales, la educación, la sanidad, la economía y las infraestructuras públicas.
A su vez, la juez solicita a Vivas que le envíe un informe sobre "los daños económicos" que sufre Ceuta desde la invasión; extremo al que, durante su declaración testifical del pasado 30 de septiembre, el dirigente mencionó en varias ocasiones.
"Caso de haberse actualizado, que se remita el que haya resultado de su actualización", precisa Tardón, que también ha solicitado el mismo cálculo a la Cámara de Comercio de Ceuta y a la Confederación de Empresarios de Ceuta.
Por último, la juez cita a declarar como testigos a un inspector y a dos subinspectores de la Policía Nacional.
Todos ellos estuvieron presentes en el área próxima a la frontera entre Ceuta y Marruecos mientras ocurría la invasión, el pasado 30 de julio. De hecho, cada uno de ellos la presenció en "diferentes tramos horarios" de ese día.
La juez Tardón interrogará a los tres agentes el próximo 28 de octubre.
![La fragata 'Mohamed VI', buque insignia de la armanada de Marruecos.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11378792.jpg?p=c:625:352:nowe:0:73\/w:1706\/h:960&h=MrW2NU4c"])
La magistrada también pretende que la Policía y la Guardia Civil identifiquen a Ahmed, un marroquí residente en Benzú y que fue señalado como "interlocutor constante y fiable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta".
Así, al menos, lo relató, durante su declaración como testigo, Gonzalo Sanz, quien fuese jefe de gabinete del ya exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano.
El tal Ahmed, según señala el auto de Tardón, "habría proporcionado información previa sobre movimientos inusuales en Castillejos, concentraciones de personas y otras circunstancias observadas en territorio marroquí antes del inicio de los acontecimientos".
Tardón pretende conocer, al detalle, qué datos, que apuntaban a una posible invasión de Ceuta, suministró a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles y con cuánta antelación. También preguntará por esos extremos a los agentes que tuvieron interlocución con él.
Una vez sean éstos identificados, la juez, como ya avanza, les citará como testigos.
Como recuerda María Tardón en su resolución, fue el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien le solicitó todas estas diligencias.
La instructora las acuerda porque, a su juicio, "reúnen plenamente los requisitos de pertinencia, utilidad y necesidad exigidos por la jurisprudencia constitucional y ordinaria".
Todas ellas tienen como objetivo, señala la magistrada, el "esclarecimiento de extremos relevantes que continúan presentando zonas de incertidumbre tras las declaraciones ya practicadas y que resultan esenciales para reconstruir de forma completa la secuencia de acontecimientos objeto de investigación".
"Las diligencias interesadas forman un conjunto coherente destinado a determinar qué información existía antes de los hechos, qué autoridades tuvieron conocimiento de la misma, cuáles fueron las decisiones adoptadas en cada nivel institucional y cuál fue la respuesta operativa desplegada ante unos acontecimientos que (...) alcanzaron una magnitud extraordinaria y generaron una profunda afectación sobre el normal funcionamiento de la ciudad de Ceuta", expresa la juez, en línea con lo apuntado por Vivas durante su declaración.
