Marchena: "Se nos ha ido la mano con el aforamiento de los políticos, desprende la pompa de un privilegio"

La presentación del libro -ni un solo político- ha permitido al autor repasar, de la mano del escritor Lorenzo Silva, algunos de los asuntos que se abordan en él. Por ejemplo, la cuestión del aforamiento de los políticos con problemas penales, que ha aflorado estos días al debate público por la forzada adquisición del acta de diputado regional por parte de Miguel Ángel Gallardo, imputado en la causa del hermano de Pedro Sánchez.

"Se nos ha ido la mano con el aforamiento", ha dicho Marchena. Para él, los únicos fueros justificados son los que establece la Constitución: miembros del Gobierno y de las Cortes Generales. "Y, por supuesto, el aforamiento regio", ha añadido.

El magistrado reduciría el número de autoridades aforadas -lo que afectaría también a los jueces- porque "desprende la pompa de un privilegio".

"Pero fíjate qué paradoja", ha dicho en respuesta a la pregunta de Silva, "en todos los casos que hemos podido enjuiciar en el Tribunal Supremo, los aforados han considerado que han contado con una desventaja y que se ha vulnerado el principio de igualdad porque no tienen recurso de apelación".

El modelo de investigación penal ha sido otra de las cuestiones, ahora que el ministro Félix Bolaños está pisando el acelerador para atribuírsela a los fiscales y eliminar la figura del juez instructor.

"El problema del Ministerio Fiscal no es un problema de ahora", ha arrancado. "Yo he trabajado con cuatro fiscales generales y cuando tomaban posesión les decía algo cercano al desacato: ‘te has instalado en la parrilla de San Lorenzo’. Porque ese cargo está sometido permanentemente a una tensión que es histórica, que en determinados momentos adquiere una dimensión inédita".

Marchena ha recordado que el primer fiscal general, Melchor de Macanaz, tuvo que exiliarse a Francia a raíz de un dictamen "que no gustó al poder religioso y al poder político".

En su opinión, "no es el momento" de una modificación penal para atribuir a los fiscales la dirección de la investigación penal "viendo los vientos que soplan de desconfianza hacia el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal".

Una reforma que, "por supuesto, tendría que ser pactada con todas las fuerzas políticas", ha sostenido.

Salió a relucir, cómo no, el juicio del 'procés' que Marchena presidió, aunque solo desde la limitada perspectiva de su retransmisión íntegra y en tiempo real. "Se hizo así para descartar cualquier sospecha de que el tribunal no estuviera atado a lo que tenía que estar, que eran los principios y garantías del proceso constitucional, sobre todo cuando se había alentado la sospecha respecto a lo que podía ser un juicio justo por parte de los acusados", ha explicado.

También se ha pronunciado sobre las acusaciones populares. A su juicio, "la acción popular tiene que seguir desempeñando un papel decisivo".

Pero "una de las amenazas a la Justicia es el uso patológico de las acciones populares", ha admitido.

"Habría que modificar mañana mismo que la puedan ejercer los partidos y los sindicatos, porque trasladan al proceso la batalla política, van a descalificar al órgano judicial acudiendo al reduccionismo de colgar etiquetas políticas a los jueces. El daño que se está haciendo trasladando la dialéctica de los partidos al proceso penal es irreparable", ha opinado Marchena.

El juez se ha mostrado, de todos modos, en contra de configurar una acción popular "de naturaleza adhesiva al fiscal" porque "cuando la acción popular está correctamente formulada, eso supondría un retroceso respecto al modelo constitucional".

La charla ha finalizado con una nota positiva. Preguntado por el Consejo General del Poder Judicial, Marchena ha dicho que "hay motivos para la esperanza" porque, "con dificultades", está empezando a desatascar los nombramientos "y, de hecho, se ha avanzado muchísimo". No ha citado que el CGPJ está siendo incapaz de llegar a un acuerdo para nombrar los presidentes de las Salas Penal y de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Dos de los candidatos, Pablo Lucas y Andrés Martínez Arrieta, no se perdieron el acto.

¿Modelo de designación corporativa o parlamentaria? "Cualquiera que funcione", ha respondido Marchena, que se ha felicitado de que, por primera vez, el CGPJ tiene una presidenta cuyo nombre "no se impuso a los vocales" por un pacto político. Ese pacto que le hizo a él renunciar hace seis años.