Álvaro García Ortiz, el pasado miércoles a su salida del Tribunal Supremo. Detrás, el fiscal de Sala Javier Huete./
La indignación en las Fiscalías por la conducta de García Ortiz con el juez del TS impulsó el escrito de los fiscales de Sala
"Llevamos semanas oyendo a los fiscales reprocharnos que no hacemos nada", dicen los miembros de la cúpula de la carrera que han reclamado al fiscal general que dimita.
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Trece de de los 33 fiscales de Sala actuales -el 40% del generalato de la carrera- pidieron ayer al fiscal general, Álvaro García Ortiz, que renuncie al cargo "por el bien de la institución que dirige y de los miembros que la integran".
"Su permanencia al frente de la Fiscalía, al tiempo que viene siendo investigado por la Sala II del Tribunal Supremo, provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales", afirman.
Entre los firmantes están dos exfiscales generales: Consuelo Madrigal, la primera mujer que dirigió el Ministerio Público, nombrada por el Gobierno de Rajoy, y María José Segarra, designada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Segarra, que entró en el Consejo Fiscal en 2018 junto a García Ortiz (en aquel momento, el más votado por la carrera) e hizo con él una intensa campaña por las Fiscalías de España, no es la única fiscal de Sala de perfil progresista que pide la dimisión del fiscal general. También ha firmado el escrito Elvira Tejada, fiscal de Sala contra la criminalidad informática, que fue jefa de la Secretaria Técnica de la Fiscalía General cuando el máximo responsable del Ministerio Público era Cándido Conde-Pumpido.
Entre los firmantes se encuentran los fiscales del 'procés' (Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno, además de Madrigal), así como Javier Huete, encargado de recibir al fiscal general en la puerta de autoridades del Tribunal Supremo el pasado miércoles, cuando García Ortiz declaró como investigado.
El comportamiento del fiscal general con el magistrado instructor del Supremo, Ángel Hurtado, al que se negó a contestar, reprochándole haber "allanado" su despacho y "partir de una certeza que le impide descubrir la verdad", ha sido uno de los elementos que ha impulsado el escrito. Aunque el movimiento de los fiscales de Sala se inició unos días antes de la comparecencia del fiscal general ante el instructor, el conocimiento de que rechazó someterse a sus preguntas apuntaló la decisión de "había que hacer algo", explican varios de los firmantes.
Los promotores del escrito decidieron esperar a la comparecencia del miércoles (algunos propusieron hacerlo público antes) precisamente para conocer las explicaciones que García Ortiz daba en el Supremo. Se encontraron con una "estrategia de confrontación con el juez" y una decisión de no contestarle que consideran "inadmisible"e "impropia de un fiscal general". "Si no hay nada que ocultar, se contesta, se entrega el móvil, se hace lo que haga falta", sostienen.
Las referencias del escrito a "los miembros que integran" el Ministerio Público y a su estado de "desánimo" son, para los promotores del texto, la clave de la iniciativa. "No dejamos de recibir quejas de los fiscales de que 'no hacéis nada' y de que es terrible que quien dirige la institución que vela por la legalidad esté siendo investigado y siga en el cargo. La gente está molesta, muchos están indignados. Lo ponen en los chats internos, aunque haya miedo a decirlo en público", afirman.
No todos los fiscales de Sala conocían la iniciativa, que los promotores no quisieron comunicar por temor a filtraciones o porque tenían la seguridad de que varios de ellos no la iban a suscribir.
Otros, que sí la conocieron, prefirieron no sumarse porque "ya dijimos lo que teníamos que decir en la Junta de Fiscales de Sala del 17 de octubre". 24 horas después de que se conociera que la Sala Penal del Supremo había abierto la causa, Álvaro García Ortiz convocó a la cúpula de la carrera para explicarles las razones que tenía para permanecer en el cargo. La mayoría de los fiscales de Sala le respaldaron.
El texto final procede de dos borradores que fueron suavizados y acortados. Se quitó, por ejemplo, la aseveración de que el avance de la instrucción había puesto de manifiesto la existencia de indicios contra García Ortiz. Pero "nosotros no conocemos las diligencias y tampoco nos corresponde decir si hay o no indicios", explican.
También se suprimieron críticas a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que renunció a preguntar a García Ortiz y se sumó a la censura al instructor.