Los socios de Sánchez linchan a García-Castellón ante el silencio del PSOE: 'Saboteador', 'inquisidor'...

No se recuerda en la Comisión de Justicia un catálogo de invectivas nominativas tan nutrido contra un miembro del Poder Judicial como el que se ha escuchado en referencia al instructor del caso Tsunami Democràtic, cuyas decisiones han obligado a ir modificando sucesivamente la proposición de ley de amnistía para tratar de cubrir al expresidente catalán Carles Puigdemont y a la dirigente de ERC Marta Rovira.

"Teniendo en cuenta los pasos que se han dado en la Audiencia Nacional en el caso Tsunami Democrátic y habiendo leído las artimañas que se han utilizado por parte del PP contra el independentismo, esta ley tiene que ser lo más amplia posible", arrancó Jon Iñarritu.

"Próximo al PP"

El portavoz de Bildu dijo que "estos días observamos cómo un magistrado -no se puede negar que cercano, próximo al PP- está utilizando toda la ingeniería jurídica a su alcance, llegando al límite del ridículo, para investigar por terrorismo asuntos que a todas luces -no hace falta ser jurista- nada, absolutamente nada tienen que ver con ese agrave delito. Pero es que, además, lo banaliza en extremo".

Para Iñarritu, García-Castellón "no busca solamente la venganza, el sabotear, hacer una guerra judicial contra el independentismo catalán. No nos engañemos: el objetivo principal que tiene es intentar acabar con este Gobierno".

Le siguió Josep Maria Cervera, portavoz de Junts. La ley de amnistía "debe incluir a todos los perseguidos: Tsunami, Operación Judas, etc. Queremos cubrir todos los supuestos de uso fraudulento de los mecanismos jurídicos para impedir una aplicación eficaz de esta ley".

Cervera se refirió a la "necesidad de superar, como dice Gonzalo Boye [abogado de Puigdemont], la imaginación de algunos magistrados que quieren incardinar algunos hechos en algunos tipos penales cuando todos sabemos que de ninguna manera lo son".

"Tratar el independentismo catalán como terrorismo es una aberración jurídica y una politización de la Justicia que esta ley también tiene que revertir", dijo.

Cervera también tuvo unas palabras para el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que intenta multiplicar declaraciones en defensa de la actuación de los jueces, rápidamente desmentidas por los socios de investidura.

"Cuando algunos jueces se han dedicado a elaborar un manual de cómo combatir esta ley", dijo el representante de Junts, "nosotros estamos obligados a reforzarla. Y lo tenemos que hacer todavía más cuando Bolaños, en algunas ocasiones, compra el relato. Un relato para hacernos trampa, pero que también le engaña a él mismo".

Pilar Vallugera, de ERC, habló, en la misma línea, de la necesidad de amnistiar a toda la "gente represaliada", "a todas las víctimas de la represión".

"No hubo violencia, no hubo terrorismo, están banalizando a través de la actuación de los jueces lo que es el terrorismo. Se vio claramente en Madrid en 2004: aquello fue terrorismo. ¿Por qué ahora equipararlo? Insultan la inteligencia de los diputados de esta Cámara, pero todavía más la inteligencia de los ciudadanos", sostuvo.

La portavoz republicana preguntó: "Cuando un tribunal deliberadamente va más allá de la ley para poder aplicar lo que cree que tendría que ser la ley, ¿quién juzga al juzgador? ¿Quién nos garantiza que nuestros derechos no son conculcados por las opiniones jurídicas de un juez?".

El portavoz de Sumar, Gerardo Pisarello, comenzó criticando la "voracidad represiva y punitiva de sectores muy poderosos de las derechas políticas, judiciales y mediáticas".

"Por desgracia el lawfare no es nuevo", sostuvo.

Remedando a Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, el representante de Sumar manifestó que "García-Castellón sacó a Ignacio González de la cárcel, cubrió a Dolores Cospedal en la trama Kitchen, salvó a Esperanza Aguirre en la trama Púnica, no vio ningún indicio de delictivo en las actuaciones de Rajoy, archivó una causa contra el rey pero, en cambio, fabricó dosieres contra Podemos incluido el caso Dina".

Pisarello no mencionó que García-Castellón ha sentado en el banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Rajoy por el caso Kitchen.

Tampoco dijo que la Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmó sus decisiones sobre González, Cospedal y Aguirre (esta última ni siquiera fue acusada por la Fiscalía Anticorrupción).

La Sala también ratificó el archivo de la pieza del caso Tándem referida a Corinna Larsen, que era la investigada (no el rey emérito, que no puede ser investigado por la Audiencia Nacional por falta de competencia).

"Ahora, para dinamitar la amnistía y hacer descarrilar el Gobierno de coalición", añadió, "pretende imputar por terrorismo a personas por su vínculo con manifestaciones con desórdenes públicos. ¿Cómo no se va a cuestionar su imparcialidad y su cercanía al PP?"

"Determinados jueces vinculados al PP han actuado como si fueran auténticos inquisidores, utilizando el Derecho penal del enemigo contra quienes consideran adversarios. Y, porque es así, criticar esas decisiones es legitimo y necesario", señaló Pisarello.

A su parecer, "la amnistía tiene que ser una oportunidad para que nunca más se utilice a jueces afines para perseguir a adversarios en procesos sin garantías suficientes".

La portavoz del PP, María Jesús Moro, pidió que se retirasen del diario de sesiones "las múltiples, vergonzosas, intolerables acusaciones contra los jueces, incluso nominativas, que se han hecho". El presidente de la Comisión, el socialista Francisco Lucas, ni siquiera le contestó.