Dos policías heridos por el Tsunami piden ser acusación por terrorismo contra Puigdemont

Dos agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos en los disturbios protagonizados por los independentistas de Tsunami Democràtic han solicitado personarse como acusación particular en la causa en la que la Audiencia Nacional investiga a Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por estos hechos. Los dos dirigentes están imputados por supuestos delitos de terrorismo.

Ambos agentes solicitan al juez Manuel García-Castellón que acepte su personación como perjudicados, ya que sufrieron lesiones el 18 de octubre de 2019, en actos de "terrorismo callejero" convocados por el Tsunami tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo contra los responsables del referéndum ilegal del 1-O. Uno de los policías ha recibido la jubilación forzosa a los 45 años, al no poder recuperarse de las lesiones.

Según el escrito elaborado por el despacho Fuster-Fabra Abogados en representación de los agentes, en aquella jornada coincidieron, además, una huelga general y una manifestación convocadas por la Intersindical-CSC (el sindicato vinculado a la CUP); y las denominadas Marchas por la Libertad organizadas por la ANC y Òmnium, entre otras entidades.

[El juez del 'caso Tsunami Democràtic' investiga por terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira, de ERC]

Sobre las doce del mediodía, relata el escrito, "la actitud de los asistentes comenzó a tornarse muy violenta, estando completamente organizada contra los agentes del orden público, incluyendo el lanzamiento de todo tipo de objetos contundentes (botellas de cristal llenas, piedras, tornillería, rodamientos metálicos, latas de cerveza, etc.) y la difusión de consignas como: '¡Fuera las fuerzas de ocupación!' o 'Si tienes un hijo subnormal, que sea policía nacional'; todo ello, en un contexto de creciente hostilidad que se prolongó unas dos horas".

En este clima de violencia, en torno a las 14 horas se colocaron en la primera fila de la manifestación varios encapuchados que, "usando técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en comunidades autónomas como el País Vasco, comenzaron a lanzar de nuevo todo tipo de objetos contundentes con una indudable capacidad lesiva, incluyendo botellas y latas en cuyo interior había líquido corrosivo", continúa el relato.

La violencia se recrudeció sobre las 20 horas en la Plaza de Urquinaona, donde los agentes de Policía Nacional desplegados recibieron una lluvia de "adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje", en un "evidente intento de producir el mayor número de bajas posibles entre la fuerza actuante".

Uno de los agentes denunciantes recibió entonces un fuerte impacto de un objeto lanzado por los manifestantes, que le golpeó en el lado derecho del caso, por lo que "cayó al suelo desplomado y perdió el conocimiento por completo".

[El juez que investiga a Puigdemont dice que lo hace por delitos que la UE obliga a perseguir]

El otro agente que solicita su personación en la causa recibió un fuerte impacto en su mano, mientras formaba parte del operativo, por lo que sufrió una grave fractura abierta en el radio del brazo derecho con desplazamiento. Tras varias intervenciones quirúrgicas, y como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía, ha sido jubilado a la edad de 45 años, relata el escrito dirigido al juez García-Castellón.

Puigdemont y Rovira

El juez instructor dictó el pasado día 6 un auto en el que cita a declarar como investigados a Carles Puigdemont, Marta Rovira y otras nueve personas, por su presunta implicación en la organización del Tsunami Democràtic, cuyos altercados investiga por terrorismo.

García-Castellón justifica esta calificación en que los disturbios convocados por el Tsunami buscaban la desestabilización política y económica de España y atentaban contra infraestructuras críticas, como los aeropuertos de El Prat y Barajas, así como contra la torre de control del aeródromo de Barcelona.

"Esto no solo habría provocado daños económicos", argumenta García-Castellón, "sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas".

[Otegi participó con Puigdemont en la reunión en Suiza donde se gestó Tsunami, según el juez]

La proposición de ley de amnistía que el PSOE registró este lunes en el Congreso de los Diputados incluye también la impunidad para los delitos de terrorismo cometidos por los independentistas catalanes entre 2012 y este mes de noviembre, salvo que ya se haya dictado sentencia firme.

El PSOE y Junts pretenden así que el juez Manuel García-Castellón se vea obligado a archivar la causa del Tsunami Democràtic en la que están imputados por terrorismo Carles Puigdemont y Marta Rovira. Ahora bien, tal y como ha avanzado en exclusiva EL ESPAÑOL, el magistrado presentará una cuestión prejudicial ante el TJUE, para que sea este tribunal el que valore el encaje de la amnistía en el Derecho europeo.

Oposición a la amnistía

Por su parte, el despacho Fuster-Fabra Abogados, que representa a los dos agentes de Policía que solicitan personarse en la causa del Tsunami, ha difundido este martes un comunicado en el que manifiesta su "firme oposición" a la futura Ley de Amnistía, por considerar que vulnera fundamentos constitucionales como "el principio de igualdad, el derecho a la tutela judicial efectiva y la separación de poderes".

El bufete ha expresado también su reconocimiento y apoyo a la labor de jueces, fiscales y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han desempeñado un papel crucial en los momentos difíciles vividos en Cataluña y el resto de España.

[Fiscalía reduce Tsunami a "un perfil de Twitter" y critica el auto del juez que imputó a Puigdemont]

Además, ha tenido un especial recuerdo por el trabajo que José Manuel Maza, José Maria Romero de Tejada y Juan Antonio Ramírez Sunyer desarrollaron en defensa del "Estado de derecho y de toda la sociedad española, frente a la agresión que ahora se materializa".

Fuster-Fabra también ejerce la acción popular en el caso Volhov y en la causa contra los 12 miembros de los CDR, ya procesados por terrorismo y por fabricación de explosivos.