El juez plantea juzgar por terrorismo al jubilado que envió cartas-bomba a Pedro Sánchez y a Robles

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar por terrorismo a Pompeyo González, el burgalés de 74 años que mandó varias cartas explosivas a varias instituciones y a políticos como Pedro Sánchez o Margarita Robles.

Un total de seis envíos fueron recibidos, en noviembre del año pasado, en la sede de la armamentística Instalaza (en Zaragoza), el Ministerio de Defensa, la Presidencia del Gobierno, las Embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid y el Centro de Satélites de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

En un auto fechado este mismo martes, Calama también le atribuye un delito de fabricación de explosivos. Sobre el delito de terrorismo, el juez explica que, si bien no consta que Pompeyo pertenezca a ningún grupo organizado, el contexto en el que se produjeron los envíos —la guerra entre Rusia y Ucrania— y la viabilidad de que los artefactos estallaran "evidencian que en el ánimo de dicho procesado está presente el objetivo de alterar la paz pública".

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Otra de sus intenciones habría sido la de perjudicar "los intereses de España y Estados Unidos, como consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa" y "causar una conmoción social que afecte al normal desarrollo de la convivencia pacífica". También, la de tratar de "obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa".

Calama indica en su auto que los restos de ADN encontrados en los artefactos coincidían con el de un varón. Cuando la Policía vigiló a Pompeyo, tomó muestras de su perfil genético de las bolsas de basura que arrojó a un contenedor cercano a su casa.  "Y el informe de ADN de la Comisaría General de Policía Científica (…) constata que el extraído de los vestigios abandonados por Pompeyo González coincide con el perfil genético recogido en los sellos y el de las diferentes partes internas de los artefactos explosivos", recuerda el juez. 

Tal y como ya avanzó EL ESPAÑOL, el jubilado tenía intención de volver a enviar paquetes similares a los seis que ya mandó. Cuando fue detenido, estaba preparando una nueva tanda de sobres-bomba. Además, la Policía Nacional incautó un dron en su vivienda en Miranda de Ebro (Burgos) que, según los investigadores, le habría permitido lanzar, desde el aire, explosivos de mayor potencia.

Compras 'online'

Pompeyo usaba nombres falsos en varias cuentas de Amazon y otras plataformas de compra online, en las que adquiría los materiales para fabricar los explosivos. Ahora bien, dejó tras de sí un reguero de pistas que sirvió a la Policía Nacional para acabar engrilletándole.

"La información solicitada a la mercantil Amazon sobre las compras efectuadas por Pompeyo González Pascual pone de manifiesto que, entre los meses de junio y julio, adquirió un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes", señala el juez.

La compra no quedó ahí. Entre los meses de octubre y noviembre de 2022, adquirió pegatinas adhesivas de 100 x 50 milímetros, tornillos, brocas y plantillas para dibujar los números y el abecedario. En todos los paquetes se usó el mismo tipo de tinta,´con la misma caligrafía, y tenían un formato idéntico.

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Concretamente, una "caja artesanal de madera, que servía para ocultar el artefacto" y en suyo interior se encontraba el sobre, indica el juez. "Además, su tapa, unida al pasador de retenida del percutor, formaba parte del sistema de activación", explica en su auto.

"Cuando la caja de madera se sacase del sobre de cartón, y el destinatario abriese la tapa retirando la cinta adhesiva que tenía a modo de cierre, la tapa arrastraría al pasador, sacándolo de su alojamiento, liberando al percutor que por la acción del muelle contraído se desplazaría por el tubo que lo contenía hasta percutir al pistón, dando lugar a su iniciación", expone el magistrado, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.

Uno de los paquetes sí llegó a estallar. Se trata del dirigido a la Embajada de Ucrania en España. El agente de seguridad del edificio lo abrió y sufrió una herida en la mano y abrasiones en los dedos.

El sobre-bomba enviado al Ministerio de Defensa estaba dirigido, específicamente, a Margarita Robles. El nombre de la ministra aparecía en el remite. Según narra el juez en su auto, al pasar el paquete por el escáner, "se confirmó que contenía clavos, bolas de acero, un circuito electrónico y material orgánico, por lo que se activó el protocolo de emergencia".

De hecho, ya que una parte de sus envíos estaban dirigidos a miembros del Gobierno, el juez Calama ha procesado a Pompeyo por terrorismo en su modalidad agravada. También, por un supuesto delito de fabricación de explosivos.

"Si bien el concepto de terrorismo aparece generalmente vinculado a una banda u organización de naturales terrorista, son posibles acciones terroristas que no aparezcan vinculadas a la existencia de una banda o grupo organizado, cuando estas acciones, por su naturaleza, tiendan y tengan la entidad suficiente para alterar gravemente la paz pública", recuerda el auto del juez.