Los funcionarios de Justicia encerrados en el Ministerio dicen que Llop impide llevarles comida

Lejos de apaciguarse, el conflicto entre funcionarios de Justicia y la ministra Pilar Llop se acrecienta. Los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y STAJ han denunciado este jueves que la Administración está impidiendo llevar alimentos a los miembros del Comité de Huelga que llevan dos días encerrados en la sede del Ministerio.

Así lo expresan en un comunicado, en el que cargan contra Llop por su "negativa" a negociar con las organizaciones sindicales una mejorar salarial de estos empleados públicos.

"El Ministerio de Justicia comunica que no tiene intención de negociar y al mismo tiempo prohíbe a cualquier persona introducir alimentos a los miembros del Comité de Huelga encerrados desde hace dos días", señala el escrito.

"También tenemos constancia de que desde hoy están haciendo pasar por el escáner a todo el personal de esta sede al objeto de impedir cualquier introducción de alimentos", añade.

CSIF, CCOO, UGT y STAJ explican que "el único objetivo" de los huelguistas encerrados en el Ministerio es el "negociar y dialogar para solucionar este conflicto". Pese a ello, se quejan de que la posición de Justicia es "la de desgastar al Comité de Huelga".

"La actitud mostrada con estas medidas restrictivas e inhumanas solo consigue definir la calidad moral o ética de las personas que las adoptan", advierten. Los sindicalistas encerrados son cinco.

Según ha denunciado CSIF, el sindicato mayoritario entre los funcionarios de la Administración de Justicia, llevan más de 48 horas en un habitáculo de 20 metros cuadrados sin ventilación. "Les han prohibido que se les pueda dar comida ni acceso a las máquinas expendedoras de comida", reiteran.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, los funcionarios de Justicia optaron por proseguir su huelga, pese al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar a julio las elecciones generales previstas para diciembre.

Este Cuerpo —de más de 45.000 empleados públicos— exige  una subida salarial de entre 350 y 430 euros brutos al mes y sus principales sindicatos quejan de que la Administración —los ministerios de Hacienda y Justicia— se niega a aceptar la mejora salarial que reclaman. De hecho, critican la escasa disposición del Gobierno a negociar.

En éste y otros comunicados previos, los funcionarios de Justicia citan el ejemplo de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que sí lograron que Justicia aceptase mejorar sus retribuciones tras dos meses de huelga. Las asociaciones de jueces y fiscales también se han reunido con el departamento que encabeza Pilar Llop. Y todas las organizaciones, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, dijeron sí a la oferta salarial.

Además del aumento de sueldo de entre 350 y 430 euros, los funcionarios piden la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO). La tramitación de esta norma queda ahora en el aire tras la decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones. Lo más probable es que decaiga.

Asimismo, el diputado de Unidas Podemos y secretario general del Partido Comunista de España (PCE), Enrique Santiago, ha mostrado su "apoyo" a la huelga de los funcionarios de Justicia "por unas condiciones de trabajo y salarios dignos".

Así se ha pronunciado este jueves en su perfil oficial de Twitter. "Aún no he podido reunirme con el Comité de Huelga encerrado en el Ministerio de Justicia", ha señalado.  "Seguimos trabajando para encontrar solución al conflicto", ha indicado.