Otra baja inminente en el CGPJ: inicia los trámites para jubilar al vocal Mozo, actual presidente suplente

Ésta es la edad legalmente establecida para que los jueces se jubilen, por lo que Mozo dejará de estar en activo en esa fecha y no podrá continuar en el CGPJ.

Su baja no sólo reducirá a 16 el número de miembros del órgano de gobierno del Poder Judicial sino que obligará, además, a elegir a un nuevo presidente suplente, función que Mozo desempeña desde el pasado 13 de octubre, tras la dimisión del presidente titular, Carlos Lesmes.

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El actual CGPJ está en prórroga de mandato desde diciembre de 2018, cuando debió ser sustituido en su integridad. El PSOE culpa PP de bloquear la renovación en contra del mandato constitucional y los populares sostienen que los socialistas sólo quieren controlar la Justicia, por lo que exigen una cambio legislativo que devuelva a los propios jueces la elección directa de 12 de los 20 vocales del Consejo, sin intervención política de ningún tipo.

Antes que Lesmes dejó el CGPJ el magistrado Rafael Fernández Valverde, también por alcanzar la edad de jubilación. La vocal Victoria Cinto falleció el 30 de junio de 2022 y Concepción Sáez dimitió el pasado marzo.

El Consejo, que legalmente está constituido por 20 vocales y el presidente, va  mermando, poco a poco, en sus integrantes. La baja de Mozo le dejará en la cuarta parte de su composición legal, aún lejos de perder el quorum.

Mozo fue elegido suplente del presidente por ser el vocal de mayor edad. Este criterio apunta a Vicente Guilarte como el próximo vocal que ejercerá esa función y el primero desde 1990 en estar al frente del CGPJ sin ser miembro de la carrera judicial. Guilarte es catedrático de Derecho Civil al igual que lo era Antonio Hernández Gil, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo entre 1985 y 1990.

La Comisión Permanente también ha acordado este jueves la jubilación forzosa de la magistrada del Tribunal Supremo Rosa Virolés con efectos el 18 de julio próximo, cuando celebrará sus 72 años de edad.

Su baja dejará en una situación muy precaria a la Sala de lo Social, a la que preside en funciones desde la jubilación de María Luisa Segoviano el pasado octubre.

La ley que impide al CGPJ en prórroga hacer nombramientos discrecionales está afectando de manera singular a la Sala de lo Social, encargada de sentar doctrina en las controversias que afectan a intereses de los trabajadores y de los empresarios.

Teóricamente integrada por un presidente y 12 magistrados, la Sala de lo Social ya ha perdido a cinco de ellos sin poder sustituirlos y con la marcha de Virolés quedará reducida a la mitad de su plantilla.