Imagen de archivo de un informe de los Mossos d'Esquadra.
La Fiscalía pide que sean absueltos los tres mandos de los Mossos acusados de acoso laboral a 5 agentes
Los agentes denunciantes aseguran que se les vejó, humilló y prohibió usar ropa de abrigo en determinados servicios.
29 marzo, 2023 19:41La Fiscalía Provincial de Tarragona ha solicitado al juez que absuelva a los tres mandos de los Mossos d'Esquadra —dos sargentos y un inspector— acusados de someter a acoso laboral a varios agentes durante años. Anteriormente, el Ministerio Público ya había solicitado al Juzgado, en 2019, el archivo de esta causa.
La causa se abrió a raíz de la denuncia interpuesta por cinco mossos, que sostienen que han sido sometidos a "continuo hostigamiento" y "trato denigrante" por parte de sus superiores.
Por su parte, el letrado que representa a cuatro de los agentes denunciantes, Javier Peiró, solicita para los procesados penas que suman 84 años de cárcel, por los supuestos delitos de lesiones y contra la integridad moral. A un tercer mando de los Mossos le atribuye, además, falsedad en documento público.
Los agentes denunciantes son miembros de la unidad antidisturbios ARRO (Área Regional de Recursos Operativos) y están adscritos a las comisarías de Salou y Tarragona.
Este presunto acoso habría comenzado tras los "graves incidentes de orden público" que se produjeron durante una manifestación convocada, en octubre de 2009, por el sindicato Unió de Pagesos ante la Conselleria de Agricultura de Reus (Tarragona).
Debido a la mala planificación del dispositivo policial, varios de los agentes antidisturbios de la ARRO —entre ellos, los denunciantes— sufrieron graves lesiones. Tras los disturbios, dos de ellos solicitaron una reunión con un intendente jefe, a fin de "trasladarle su malestar por los errores de planificación en el operativo".
La reunión se celebró a principios de noviembre de 2009 y a ella, según relata el escrito de la acusación, acudieron también el inspector y el sargento procesados.
"Por su parte, el sargento A. G. D. justificó su ausencia durante el dispositivo (...) con el pretexto de que en turno de tarde tenía previsto gestionar el operativo de seguridad relacionado con un encuentro de fútbol del Nàstic; o sea, se autodesprogramó horas ordinarias y, se asignó horas extraordinarias", indica el escrito.
El abogado de la acusación describe que, desde entonces, los agentes "dejan de ser destinatarios de la asignación de horas extraordinarias", cuya distribución "responde, estrictamente, al grado de afinidad que cada agente mantenga con el sargento acusado; o sea ajeno a cualquier criterio de proporcionalidad". El supuesto acoso laboral llegó hasta el punto de que —siempre según el escrito— a los agentes se les prohibió usar ropa de abrigo durante algunos servicios, pese a las bajas temperaturas.
También, "se les humilló en presencia del resto de sus compañeros", se les denegaron permisos para asuntos propios y sufrieron "intransigencia con respecto a la planificación de los ejercicios de preparación física", pese a estar sufriendo aún lesiones derivadas de los disturbios de aquella manifestación.
Por su parte, la Fiscalía minimiza la gravedad de estos hechos, aunque admite que "en las relaciones profesionales" de los afectados, entre 2008 y finales de 2012, "se produjeron situaciones no agradables para ninguno".
A raíz de ello, los altos cargos de los Mossos investigados tuvieron que "tomar medidas, que, sin llegar a ser disciplinarias, sí que motivaron una molestia para los [agentes] denunciantes". No obstante, el Ministerio Público descarta que se cometiese delito alguno.
En su escrito fechado a mediados de marzo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el fiscal Luis J. Chimeno Gascón sostiene que ni el reparto de las horas extraordinarias y de los permisos ni el encargo a la unidad ARRO "servicios de mayor dificultad o menos atractivo profesional que los atribuidos a otros equipos" fueron "ni irregulares ni antirreglamentarios".
"Tampoco la actitud de los investigados respecto de los denunciantes en cuanto a las relaciones personales diarias va más allá de la lógica fricción derivada de una situación profesional no satisfactoria", añade el escrito de Fiscalía.
Grabación de la reunión
El 29 de octubre de 2012, el inspector ahora procesado citó, uno por uno, a los cinco mossos en su despacho. Y, posteriormente, les abrió un expediente a todos ellos argumentando que le habían faltado gravemente al respeto en esas reuniones. Sin embargo, los cinco agentes habían acordado grabar todos ellos dichas citas, mediante un micrófono oculto.
Los mossos aportaron dichas grabaciones al Juzgado, ya que, a su juicio, dichos expedientes estaban manipulados: no reflejaban verazmente lo ocurrido en aquellas reuniones.
El inspector no sabía que cada agente había grabado la reunión y ahora, el abogado Javier Peiró, le acusa de falsificar y alterar documentos públicos.
La Fiscalía, en su escrito, también se refiere a estos hechos: "En cuanto a la imputación al inspector A. M. M., quien convocó a los denunciantes (...) a una reunión, que tenía por objeto determinar las causas de las reiteradas disfunciones existentes, por faltar a la verdad en la redacción del acta-resumen de lo que en dicha reunión se habló, se mantiene, porque tal acta no coincide con la transcripción de las grabaciones que los interesados hicieron sin conocimiento ni, menos aún, consentimiento, de su superior".
Sin embargo, pese a este relato, el fiscal no acusa a este inspector de ningún delito. "Los hechos relatados no son constitutivos de infracción penal alguna. Procede dictar sentencia absolutoria respecto de los investigados", solicita la Fiscalía.
Acusación particular
En total, la acusación particular pide dos décadas de prisión para cada uno de los dos sargentos procesados por los delitos de lesiones y contra la integridad moral. Para el inspector, 44 años de prisión por estos dos delitos y por la presunta alteración de documentos públicos.
Es decir, las penas que esta parte solicita para los tres mandos de los Mossos suman un total de 84 años. El letrado también pide que cada uno de los acusados indemnicen con 30.000 euros a cada uno de los agentes. El juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Tarragona.
