Irene Montero, en un acto sobre feminismo el pasado viernes./
La Comisión Europea pide al CGPJ que informe de los ataques de Irene Montero a los jueces por el 'sí es sí'
Solicita al órgano de gobierno del Poder Judicial más datos de cara al informe sobre el Estado de Derecho que hará público en julio.
28 marzo, 2023 02:44La Comisión Europea ha pedido al Consejo General del Poder Judicial más datos para elaborar el informe sobre el Estado de Derecho 2023, que tiene previsto publicar el próximo julio, coincidiendo con el comienzo de la presidencia española de la UE.
El órgano de gobierno del Poder Judicial ya contestó el pasado enero a un cuestionario centrado en si se había producido algún avance en la implementación de las medidas recomendadas por la Comisión Europea en el Informe sobre el Estado de Derecho 2022. Esas medidas se refieren, de forma prioritaria, a la renovación del CGPJ, que tiene el mandato prorrogado desde diciembre de 2018, y al cambio del sistema de elección de los vocales judiciales para que en el proceso de designación no intervenga el poder político.
Posteriormente, la Comisión Europea ha solicitado al CGPJ datos adicionales a la vista de la ampliación de la información proporcionada por cinco vocales en un escrito redactado por José Maria Macías.
La Comisión Europea ha formulado seis nuevas preguntas que han sido respondidas por la consejera Nuria Díaz Abad en una entrevista celebrada la pasada semana. La contestación dada por el Consejo se ha basado en un documento aprobado por la Comisión Permanente, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
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Entre las cuestiones de interés para la Comisión Europea figura una en la que se solicita "más información" sobre las "declaraciones del CGPJ condenando los ataques contra miembros de la Judicatura".
La respuesta del Consejo explica que "en 2022 hubo dos declaraciones institucionales por parte de la Comisión Permanente".
La primera se produjo el 30 de marzo de 2022 "en relación con la colocación en la estación intermodal de Palma de Mallorca de un cartel, ya retirado entonces tras la polémica suscitada, que atribuía a la imagen de un juez un mensaje vejatorio y machista dirigido a una víctima de violencia de género".
"El texto que se ponía en boca del juez, que se dirigía a una mujer, era el siguiente: '¡¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!!'”. En ese cartel aparecía el logotipo del Ministerio de Igualdad y los de varias instituciones autonómicas.
Cartel del Ministerio de Igualdad, Institut Balear de la Dona y Consejería balear de Presidencia, Función Pública e Igualdad./
"La Comisión Permanente", señala la respuesta dada a la Comisión Europea, "consideró que dicha iniciativa cuestionaba la independencia e imparcialidad de los/las jueces/zas y magistrados/as y, en consecuencia, acordó dirigirse a los organismos y entidades que figuraban al pie de dicho cartel al objeto de trasladar a sus responsables la más firme repulsa por la exposición de la citada imagen falsa e injusta, que se contrapone con el acreditado compromiso de la carrera judicial en la lucha contra la violencia de género".
La Comisión Permanente "rechazó también la aparente instrumentalización de las instituciones para la financiación y consecución de objetivos contrarios a los principios inspiradores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya defensa garantizan a diario los jueces y Tribunales", añade.
El CGPJ subrayaba que ese tipo de actuaciones "minan la confianza de las víctimas de violencia de género en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección".
En este sentido, informa a la Comisión Europea de que, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, el 82,6 % de las víctimas mortales de violencia machista en 2020 no habían presentado denuncia previa; el 75,6 % de las sentencias dictadas en esta materia en 2021 fueron condenatorias y el total de órdenes de protección acordadas por los jueces el año pasado fue de 31.212.
A su juicio, estos datos "evidencian que denunciar puede salvar vidas, es el modo de que ningún acto de violencia de género quede impune y pone en marcha los recursos de la Administración para la protección de las víctimas".
Rebajas de pena a violadores
La segunda declaración institucional, añade el documento, se produjo el 16 de noviembre de 2022 y se refería a las resoluciones judiciales de revisión de penas dictadas en aplicación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la llamada 'ley de sólo sí es sí'.
La nueva ley ha dado lugar a cientos de rebajas de condenas firmes impuestas a delincuentes sexuales, algunos de los cuales han tenido que ser excarcelados.
"Una vez conocidas las primeras decisiones de los tribunales", relata el CGPJ, "la ministra de Igualdad, Irene Montero, había sostenido en declaraciones públicas que 'lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la ley 'solo sí es sí'".
Añade que, por su parte, "la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, había publicado en la red social Twitter un mensaje diciendo que 'una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al Gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad, que está llevando los avances más lejos que nunca. Están aplicando mal la ley sólo sí es sí y siguiendo el ejemplo del CGPJ'".
El CGPJ recordó en su declaración que "la aplicación de la norma más favorable constituye un principio básico del Derecho penal, derivado del artículo 9.3 de la Constitución Española y del artículo 2.2 del Código Penal".
Remarcó que "las resoluciones judiciales conocidas en los últimos días resultan de la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del Poder Judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley".
Y remarcaba que el informe que en su día emitió el CGPJ sobre el anteproyecto de la 'ley de sólo sí es sí' "constataba que el cuadro penológico suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’".
La Comisión Permanente expresó "su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos".
"Sin avances" en la renovación
Otras cuestiones sobre las que la Comisión Europea ha pedido más información se refieren a la denegación al CGPJ de prórrogas para dictaminar anteproyectos de ley; la disparidad en la duración de los procedimientos judiciales en las distintas comunidades autónomas, las jubilaciones de jueces o la última renovación del Tribunal Constitucional en lo concerniente a los dos nombramientos que correspondían al CGPJ.
Finalmente, la Comisión Europea pide al Consejo "información actualizada" sobre su sustitución. "No ha habido ningún avance ni en cuanto a la renovación ni en cuanto a la reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial", contesta el CGPJ.
