La Fiscalía pide 30 años de cárcel para tres etarras por matar a un policía con una bicicleta-bomba

La Fiscalía solicita 30 años de cárcel para los etarras Óscar Abad Palacios, José Ramón Martínez y Carmen Guisasola Solozábal por el asesinato de un policía el 30 de enero de 1990 en Vizcaya con una bicicleta-bomba.

Así consta en el escrito de acusación dirigido a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzgará, a partir de este lunes, a los tres acusados.

El pasado julio, el Supremo ordenó repetir este juicio, que ya se celebró por primera vez en octubre de 2020 y los tres etarras fueron absueltos. Pero el Alto Tribunal consideró que los magistrados erraron al considerar que los hechos estaban prescritos.

Y lo hicieron, además, con una motivación "absolutamente insuficiente" para justificar este "cambio de criterio", ya que, anteriormente, habían descartado la prescripción. Ahora, los tres acusados serán juzgados por un tribunal distinto a aquél.

Según detalla el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, sobre las 14.50 horas del 30 de enero de 1990, Abad y Martínez, ambos miembros de la banda terrorista, "accionaron por medio de radio control (...) el artefacto explosivo que previamente habían dejado en la alforja de una bicicleta que habían dejado estacionada junto al vehículo (...) propiedad de Ignacio Pérez Álvarez, funcionario del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), ocasionándole la muerte, como pretendían".

El Ministerio Público señala a Carmen Guisásola y a Julián Achurra Egurrola como los encargados de la supervisión de las acciones terroristas y quienes proporcionaron a los ejecutores la bicicleta con el explosivo.

"Los acusados eran conscientes de los desperfectos y heridas que podrían ocasionar con dicha acción, lo cual no les hizo desistir de la misma, asumiendo sus resultados como una consecuencia necesaria de aquélla", expone la Fiscalía. La explosión causó destrozos en numerosas viviendas de la zona y tres ciudadanos resultaron heridos levemente por el estallido.

La víctima, policía, estaba casado y tenía tres hijos menores de edad cuando fue asesinado. En su escrito, Fiscalía no se dirige aún contra Julián Achurra, ya que está pendiente todavía su entrega por parte de las autoridades francesas.

"Los hechos relatados son constitutivos de un delito de asesinato con finalidad terrorista (...) y son responsables los acusados en concepto de autor. Procede imponer a cada acusado la pena de 30 años de reclusión mayor", añade. También solicita que los acusados paguen una indemnización a la esposa e hijos de la víctima, a los heridos y reparen los desperfectos causados.